Borde Costero ¿Futuro Esplendor?

La ocupación, intervención y cuidado del borde costero es y ha sido un tópico relevante dentro del proceso civilizador. Esto tanto en su condición clave para el surgimiento y conformación de las ciudades y sus sistemas de interacción, como la génesis de infraestructuras, detonantes progresivas de la mutación del territorio.

Por su parte  -y mientras se discuten importantes iniciativas legislativas vinculadas a lo urbano– los medios se condicen con un interés ciudadano creciente, propio de las exigencias del tan ansiado desarrollo, exponiendo titulares y secciones dedicadas a la ciudad, que entre ideas, proyectos y obras, dejan ver la madeja normativa, junto a las deficiencias institucionales que desde sus diversos escalafones aún nos distancian del ideal posible: una calidad de vida urbana adecuada, bien distribuida por el territorio y equitativamente accesible para los habitantes.

En consecuencia, la delicada franja del borde costero expresa y expresará estas deficiencias, mereciendo nuestra atención los eventos y debates que hoy mismo se efectúan, y que en un mediano o incluso corto plazo definirán, más allá de los períodos gubernamentales y de los instrumentos e instituciones que han operado, las próximas décadas del desarrollo físico y perceptual de nuestras ciudades y entornos.

Sin embargo y en este contexto parecen haber, a modo de un improvisado checklist, algunas interesantes señales de avance, en temáticas que reconocidamente ineficientes en el pasado reciente, han iniciado, no sin fuertes polémicas y después de décadas, un proceso de actualización. Se enuncian a continuación las descripciones de aquellas situaciones destacables, para luego concluir con los puntos aún pendientes, que continuarán mereciendo nuestra atención y que es de esperar, se sumen en esta aventura modernizadora ya iniciada.

En primer lugar, destacan las nuevas condiciones para la obtención y explotación de Concesiones Marítimas. La administración del borde costero bajo la lógica de la defensa explica parte de los sesgos con que se manejado su uso, desincentivando la coordinación y complejidad necesaria para compatibilizar intereses y actividades propias de lo urbano y rural. Modificando plazos ya similares a las Concesiones de infraestructura MOP, es de esperar un aumento de la inversión privada, que permanentemente presionará en favor de su privatización, punto clave que esta modificación – resguardando valiosamente su interés público- mantiene inmutable y que sin duda debe continuar siendo regulado y fiscalizado. Significativo es entonces traspasar a manos civiles esta gestión, donde debieran ampliarse las posibilidades de diversificar usos y generar coordinaciones nunca antes vistas en nuestras costas.

En segundo término, el establecimiento de nuevos criterios de diseño en el borde costero a través de 2 tareas clave: la generación de una nueva Política Nacional de Borde Costero y el desarrollo de la guía de diseño de obras costeras y portuarias -iniciativa de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del MOP-, que por un lado estandarizará la infraestructura habitualmente tangencial al IPT vigente, y por otro, se ha abierto a la cobertura de brechas más diversas, que antaño referían sólo a la conectividad marítima, o a la extracción de productos, o a la protección de riberas. Así, desde hace más de 10 años se inició el Programa de Inversión en Bordes Costeros con interesantes resultados en el norte del país, y más recientemente el intento por activar ansiadas iniciativas que a través de embarcaderos y marinas, fomenten con inversiones mixtas y resguardo público los deportes náuticos y nuevas actividades de turismo costero.

En tercer lugar, la creación de una conciencia colectiva sobre la necesidad de regular la ocupación de zonas de riesgo, situación que pese a los cuestionamientos ha podido materializarse en Planes y Proyectos que ya dan señales de materialización. La instalación de este concepto, que después de años en el papel tiene opción de materializarse, está creando, además de la requerida actualización de Instrumentos de Planificación Territorial, el preámbulo necesario para el ordenamiento físico, que deberá al menos hacer un intento efectivo de anticiparse a la próxima catástrofe. Se suma a esto la presión por emplazar nuevas instalaciones para la energía, la extracción minera o la desalinización de aguas, temas donde los nuevos estudios ambientales estratégicos tendrán una importante puesta a prueba.

En cuarto lugar, la discusión en torno a la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que pese a estar centrada en tres comisiones temáticas que no exponen directamente la problemática litoral, si permite extraer desde la planificación las evidencias del merecido trato diferenciado  para las diversas condiciones del borde costero que la normativa aún no recoge, especificamente en áreas consolidadas por ciudades y poblados que cuentan con IPT, muy diferentes a las áreas rurales con menor uso y de planificación menos precisa.

Así las novedades, parece imposible dejar de indagar en la evidente disputa de intereses y sorprendentes desencuentros que progresivamente y desde hace ya tiempo afectan a las escasas aguas abrigadas de la región central. Mientras el Sistema de Empresas Públicas plantea la búsqueda de bahías adecuadas para un nuevo gran puerto, las empresas portuarias del Estado se enfrascan en una competencia desigual con cuestionables desiciones de expansión, demostración de una mirada territorial ausente y exclusiva para la transferencia de la carga, con una evidente miopía hacia la problemática urbana, ya sea en diseños compatibilizados como en una gestión coordinada, que considere mitigaciones compensatorias. Sumado a esto las perdidas de apoyo al proyecto del Mall, divulgadas por la Armada o el Ministerio de Defensa, hasta por alguno de los mismos candidatos al sillón municipal; o el reciente anuncio de un nuevo proyecto de ampliación portuaria que cuestionando al recientemente ajustado Plan EPV y la licitación del Terminal 2 en curso, suma una alternativa igualmente compleja y autoreferente, como otra evidencia más del desvinculo entre el Plan Regulador Comunal y el Plan del Puerto.

Para terminar una oportunidad de revisión y transformación conceptual, al menos cuando la Academia se ha planteado un debate propositivo sobre la ciudad puerto y el territorio hinterland, con el que espera destrabar la discusión -como será el Workshop SuBA 2012 en la FAU de la Universidad de Chile– , más aún en el contexto en que toda propuesta de ampliación implica externalidades más y menos negativas. En definitiva, seamos participes o solo testigos del proceso de transformación, deberemos ir dejando atrás la intervención monodisciplinar para adentrarnos en la mirada diversa: la de la propuesta apta para una nueva realidad, amplificadora de cada una de las oportunidades de calidad de vida que la ciudad no siempre enfrenta, pero que cada día parecemos evitarnos lograr.