Ciudades Justas

En Chile las ciudades son tremendamente injustas. A las graves desigualdades de ingreso (top 14 en el mundo), nuestras ciudades añaden cargas adicionales; contribuyendo a la segregación social, económica, espacial y cultural de las personas. Por ejemplo, si comparamos IDH comunal (indicador combinado de ingresos, salud y educación) con el IDH país, podemos establecer brutales conclusiones. Cinco comunas viven sobre los estándares de Noruega, el país con mayor IDH a nivel mundial, mientras el 75% de las comunas vive bajo el estándar chileno. Más aun, el 50% de las comunas vive bajo el estándar de Bolivia. En este sentido, una ciudad justa no pasa sólo por un subsidio de localización como sugiere el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, más bien se requiere elaborar e implementar reformas profundas a nuestro modelo desregulado y fragmentado de hacer ciudad.

Una ciudad justa significa que el Estado vela para que el conjunto de la sociedad tenga acceso a las mismas oportunidades, independiente de su posición geográfica o su condición social. En una ciudad justa el Estado desde lo público asegura igual acceso a espacios públicos y servicios de calidad en comunas ricas y pobres. En una ciudad justa se promueve el acceso igualitario de las personas a la conectividad de las oportunidades de la ciudad. En una ciudad justa las externalidades negativas producidas (como vertederos o cárceles) sobre las comunas pobres son compensadas. En una ciudad justa los recursos son proporcionales a las cargas sociales de las comunas. En una ciudad justa sus gobernantes son elegidos democráticamente y la representación de las minorías en la toma de decisiones está garantizada. En definitiva, una ciudad justa significa disolver las inequidades que vienen de un acceso desigual a las oportunidades de la ciudad.

No será posible que Chile avance hacia una modelo de ciudad justa sin una política integral de gestión urbana que incluya a lo menos cuatro reformas: Una reforma de presupuestos municipales, la compensación por externalidades negativas, políticas multisectoriales de intervención sobre ciudad y un sector público protagonista del mercado de suelos.

Para desplazarse hacia un modelo de desarrollo de ciudades justas es necesario comenzar con las cuatro reformas enunciadas anteriormente. Primero es necesario acabar con el sistema perverso de constitución de presupuestos municipales que premia a las comunas más ricas y que permite un círculo vicioso de concentración espacial de la actividad económica y las familias de altos recursos, por un lado. Mientras que la inactividad económica y la falta de oportunidades se concentran en el lado opuesto. La constitución de presupuestos municipales es tan injusto que hace que, por ejemplo, Lo Espejo tenga 1/5 del presupuesto por habitante de Las Condes, para hacerse cargo de 10 veces su carga social (habitantes en pobreza y extrema pobreza) (SUBDERE 2009). Una reforma al presupuesto municipal, significa que los recursos locales provenientes de patentes y construcción se administran a nivel regional y se distribuyen en relación a carga social y extensión comunal. Esto traerá justicia permitiendo una distribución de recursos públicos correlacionada con la necesidad económica.

Segundo, es necesario establecer un fondo regional de compensación por externalidades negativas. Ser pobre en Chile no sólo significa tener ingresos escasos, vivir en guetos de pobreza y bajo un presupuesto municipal incapaz de ofrecer oportunidades y calidad de vida, además significa hacerse cargo de todas las externalidades negativas del desarrollo de la ciudad. En concreto, significa que las comunas pobres que en su mayoría cargan con las inundaciones producidas por la urbanización de las comunas más acomodadas, que reciben la contaminación atmosférica de Santiago y acogen los vertederos y prisiones de la ciudad tengan a su disposición un fondo de compensación por externalidades negativas, en donde el productor paga. Es decir, en el caso de la extensión urbana son los inmobiliarios los responsables de responder por las externalidades negativas. En el caso de los vertederos serán las comunas que más basura producen o en el caso de la polución atmosférica, las industrias que más contaminan tendrán que compensar directamente a las zonas afectadas. Esto permitirá no sólo hacer medidas de mitigación, sino de desarrollo local de las comunas afectadas.

En tercer lugar, es necesario dar competencias a gobiernos locales y regionales para emprender en el mercado de suelos. Valores de suelos altos determinan territorios protegidos de la acción del gobierno en materia de políticas de vivienda o de equipamientos con externalidades negativas, como vertederos o cárceles. Por ejemplo, comunas como Las Condes o Vitacura nunca serán objetivo de estas políticas, no sólo por presión política, sino básicamente por sus altos valores de suelo. Por otro lado, la prohibición al Estado de expropiar o reservar terrenos centrales para proyectos estratégicos ha conducido a una política de vivienda que busca bajos valores de suelo y de esta manera concentra la pobreza en comunas periféricas. De esta manera nuestra ciudad construye guetos de riqueza que concentran las oportunidades y guetos de pobreza que concentran los problemas sociales. Los gobiernos locales necesitan ser protagonistas del mercado de suelos, con capacidad de adquirir o expropiar terrenos estratégicos e integrar a sus presupuestos la plusvalía que genera el sector publico a través de su inversión. Esto permitirá el desarrollo de vivienda social, equipamiento o servicios necesarios se de en terrenos estratégicos para un desarrollo de la ciudad que contribuyan a la igualdad territorial de oportunidades y acceso a la calidad de vida.

Finalmente, nada de esto es posible sin un gobierno regional capaz de liderar la ecualización de oportunidades en las comunas de una región, la planificación estratégica de los proyectos y hacer coherente la acción multisectorial en el territorio. Esto significa que los actuales gobiernos regionales deben evolucionar. Hoy en día los intendentes están más preocupados de responderle al Presidente de la República, del cual su cargo depende, que de defender los intereses de los ciudadanos de la región. El gobierno regional debe fortalecer sus procesos democráticos, debe hacerse fuerte en competencias, con capacidad financiera y con una misión clara de fomentar el desarrollo equitativo del territorio.

En definitiva, nuestro modelo urbano de desarrollo es injusto porque, lejos de equiparar la desigualdad del ingreso de los individuos, profundiza la desigualdad de acceso a oportunidades.

Estas cuatro reformas son el primer paso para garantizar una política que asegure una ciudad justa, que actúe sobre las desigualdades del los ciudadanos en territorio. Estas reformas significan un corte de la evolución de nuestra ciudad, que por ahora, funciona como un motor de injusticia.