Plataforma Urbana

Dibujo del primer PRMS

Por Patricio Herman. Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.

En febrero de 2004, a través de la Ley Nº 19.939, y a instancias de Jaime Ravinet, ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de la época, los parlamentarios en ejercicio cometieron un garrafal error, algunos de ellos sin sospechar sus consecuencias. Así, modificaron el artículo 59º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), fijándole una caducidad de cinco y diez años a la declaratoria de utilidad pública de los terrenos definidos como ensanches y aperturas de calles, parques intercomunales y comunales, localizados en las áreas urbanas y de extensión urbana consultados en los planes reguladores de todas las comunas y en los planes intercomunales de las regiones que contaban con dichos instrumentos de mayor rango.

Vencidos tales plazos, teniendo en cuenta que en las áreas rurales las caducidades se produjeron el mismo día de la publicación en el Diario Oficial de esa Ley, debía caducar automáticamente tal declaratoria. El cambio legal también consultaba que, tan pronto caducaba la declaratoria, el inmueble afectado por ella no podía ser nuevamente declarado afecto a utilidad pública para el mismo uso, es decir, área verde en el caso de los parques. Y éste era el pingüe negocio.

Producida esa caducidad, dentro de las ciudades, es decir, al interior de los límites urbanos, cada municipalidad, a petición del propietario del predio definido como área verde, y con el informe favorable de cada Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, debía modificar su uso de suelo asignándole las normas de edificación de los predios adyacentes, acto administrativo que debe ser publicado en el Diario Oficial. SEGUIR LEYENDO