Notas para un manifiesto. Foro Alternativo a Habitat III (Parte II)

* Texto desarrollado por el autor en el marco del Foro Alternativo a Habitat III, que se realizará del 17 al 20 de octubre en la ciudad de Quito, paralelamente a Habitat III.

Puedes ver la primera parte de este artículo en este link.

5. Hay que asumir los medios para remover los obstáculos que se oponen a los objetivos de hacer ciudad para todos los ciudadanos.

No basta con la voluntad política, el apoyo social o los instrumentos técnicos propios de las políticas urbanas. Entre estos obstáculos muy comunes en nuestras ciudades cabe citar en primer lugar el suelo. Sin control público o social del uso y del precio del suelo no puede haber una ciudad justa. Hay que distinguir la titularidad de la  propiedad del uso del mismo. El precio del suelo no debe ser superior al valor rústico o poco más (máximo el 20%). Mediante el planeamiento y la fiscalidad se puede yugular la especulación del suelo urbanizable o urbano y movilizarlo para usos de interés general, sea vivienda, equipamientos o espacio público. En muchos países conviene modificar la constitución o el código civil con el fin de priorizar el carácter de “bien común” y que la judicatura lo tenga en cuenta.  La financiación urbana, sea suelo, vivienda, infraestructuras, etc,  está ahora en manos de un sistema financiero globalizado, de capitales volantes y orientados para obtener beneficios a corto plazo y sin ningún respeto por las necesidades sociales y los impactos ambientales. Hay que recuperar y desarrollar la financiación pública, la banca ética, el cooperativismo, la gestión cívica, etc. El sector financiero privado debe aportar un alto porcentaje de sus recursos destinados  a un determinado territorio a invertirlos en objetivos de carácter social y de sostenibilidad definidos por el sector público como la vivienda social o las energías renovables. Los gobiernos locales no corresponden en mucho caso a los ámbitos reales actuales. Es el caso de las ciudades metropolitanas. Hay de simplificar y reducir el exceso de instituciones, agencias, entes autónomos, etc y definir competencias y funciones. Y, sobretodo, unificar la fiscalidad y la gestión de recursos. Lo cual supone un gobierno y una asamblea electa de ámbito metropolitano. Sin ello es imposible desarrollar políticas públicas que sean coherentes, transparentes y redistributivas. Los servicios básicos como son la gestión ambiental, el agua, la energía, los transportes, el acceso a las tecnologías y los contenidos de información y comunicación, etc no pueden ser de carácter lucrativo1 . Las empresas multinacionales vinculadas al capital financiero global tienden a monopolizar estos servicios y en la práctica supone una enorme reducción del “salario indirecto”, pues lo que antes era un servicio accesible a todos pasa a ser un coste que para sectores importantes de la población no pueden asumir. Lo cual ha producido una tendencia a recuperar estos servicios por parte de los gobiernos locales, la “remunicipalización”. La vivienda es un bien básico que es a la vez individual (grupo familiar) y colectivo (barrio, convivencia, mixtura social y cultural). Las políticas de vivienda, públicas o privadas, tienden a segregar socialmente los conjuntos de vivienda. Las viviendas sociales se ubican fuera del tejido urbano físico y cívico. O si arraigaron en el lugar y éste deviene interesante para operaciones lucrativas se les desplaza a las periferias.  El objetivo es casi siempre  especulativo. El derecho a la vivienda es tan fundamental como el acceso a la educación o la sanidad. Un derecho que incluye el lugar reconocido, la heterogeneidad o mezcla social, el espacio público y la inserción en la vida ciudadana.

6. Nada se ha perdido cuando se asume que todo está perdido escribió Cortázar.

La creciente desigualdad social en el territorio, la exclusión económica y cultural de amplios sectores populares y medios (o ex medios) y el desgobierno democrático y la involución represiva institucional han dado lugar a una escandalosa “injusticia espacial”2 . Todo ello no solo supone una regresión directa de las condiciones de vida de una gran parte de la población también empobrece la calidad de la vida urbana de todos. A ello se añade la insostenibilidad de los procesos urbanos dominantes, tanto los que resultan de los costes ambientales como sociales. La desposesión cultural de la ciudad genera una alienación cívica. A ello se añade a la desposesión respecto a instituciones a la vez complejas, opacas, poco representativas y muchas veces impotentes, una alienación política acentuada por las instituciones que cada vez son más dependientes de las entidades financieras y de las empresas de obras y de servicios que estar articulados con los colectivos ciudadanos.  Y si todo parece perdido nada se ha perdido.

La reacción social y ciudadana se ha expresado en forma creciente. Se han reforzado o han aparecido y multiplicado los movimientos y organizaciones de jóvenes, de sectores socio-profesionales, culturales, sindicales y sobretod vecinales. El progreso y la innovación lo representan hoy las clases populares y medias ciudadanas, en su doble dimensión, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa3 . Colectivos de expertos optan trabajar con los movimientos ciudadanos o populares que con los gobiernos sometidos a la lógica del capital. La recuperación de la ciudad, y por ende de la ciudadanía, se forja en la movilización y organización de los ciudadanos. Son éstos los que se confrontan en el ámbito local con los actores globales disolventes de la ciudadanía: el sistema financiero y las multinacionales de obras y servicios.

Los organismos internacionales y los gobiernos de los Estados tienden a actuar como cómplices de estas fuerzas globales, bien sea por debilidad o por interés. Pero cuando se expresa la ciudadanía en ámbitos nacionales o internacionales estas instituciones aceptan el discurso y fórmulas de mediación, aunque no ponen en cuestión los modus operandi de los actores globales. Los gobiernos locales si bien en muchos casos actúan en sintonía con los gobiernos estatales y los actores globales también son sensibles a la presión ciudadana y actualmente empieza a ser frecuente que aparezcan nuevas candidaturas surgidas de la ciudadanía activa. El marco político-jurídico los limita pero se encuentran vías para incidir en los procesos urbanos, aunque tienden a actuar más sobre los efectos que sobre las causas. Para ello hace falta la imaginación para innovar y la audacia para actuar. Son las virtudes de las movilizaciones cívicas y de las organizaciones sociales, vecinales, clasistas o culturales,  que acumulan conocimientos críticos y alternativos. Las dinámicas sociales colectivas se manifiestan en tres dimensiones distintas que hay que tener en cuenta. Las demandas o necesidades concretas, con frecuencia concretan la reivindicación y lo legitiman como derecho. Pronto descubren que casi siempre sus demandas son colectivas y son interdependientes con otras. La segunda dimensión es política, se plantean acciones, proyectos, programas o intervenciones públicas o de los entes públicos o privados que son considerados como responsables. Exigen ser partícipes, no se conforman con la representación electoral. Exigen sentirse representados en las instituciones y ser escuchados en todo lo que les afecta o interesa. Y hay una tercera dimensión presente en todos los movimientos ciudadanos se expresan, de forma explícita o como aspiración latente, el deseo de avanzar hacia una sociedad justa, una vida digna y feliz y un progreso basado en la libertad y la igualdad para todos. Cuando todo parece que todo está perdido nada está perdido. Es la voluntad ciudadana.

7. Ciudad y democracia versus Estados y gobiernos: El derecho a la ciudad.

El mundo actual, y más concretamente el mundo occidental, Améríca y Europa especialmente, vive un proceso  de “desdemocratización” acelerada4 . La debilidad y la complicidad de los gobiernos de los Estados respecto a los poderes económicos globales y las políticas neoliberales y desreguladoras ha conducido a una grave crisis socio-económica que ha empobrecido a gran parte de los sectores populares y medios y ha generado enormes desigualdades y escandalosos privilegios. Esta realidad explosiva se visibiliza en las ciudades y regiones altamente urbanizadas: “los contrarios chocan brutalmente en el espacio”5 .  En las últimas décadas se ha añadido un enorme desafío a la humanidad, el que afecta al futuro de nuestro planeta. Es la locura de un desarrollo pervertido, un despilfarro de recursos básicos y que degrada las condiciones de vida de población.

Al creciente malestar de nuestras sociedades urbanas se añade la crisis institucional motivada por la inoperancia y corrupción de los poderes públicos y económicos y por la desafección respecto a los partidos que asumen una representación política con la que no se identifica gran parte de la ciudadanía. La injusticia espacial y el efecto de escala se han multiplicado por las migraciones que se instalan en las periferias informales o formales, por la desocupación en Europa y los ingresos por debajo del nivel de pobreza en América latina. Las políticas de vivienda que acentúan la exclusión, bien por los barrios degradados o criminalizados o por las zonas mal y poco urbanizadas y segregadas de la ciudad. Los sectores populares reaccionan y probablemente aumentará la tensión y quizás la violencia, no tanto por la pobreza como por la desigualdad, la ostentación de los ricos, la imagen de las zonas de calidad y de los barrios cerrados, los privilegios y el despilfarro. La revolución urbana no es un mito, es una posibilidad. Nos enfrentamos en un proceso de “desdemocratización” por parte de los poderes políticos y económicos al que responde un conjunto heterogéneo de resistencias sociales y culturales que de formas diversas cuestionan las instituciones formales y las políticas dominantes. Son conflictos asimétricos, a veces con violencia expresiva, otros con demandas y reivindicaciones inmediatas, localizadas y legítimas en la conciencia social. Y poco a poco se van creando lazos a nivel de ciudad, incluso de país o región, como sucedió con el Movimiento de Reforma Urbana que se desarrolló inicialmente en Brasil en las últimas décadas del siglo pasado.

8. La “desdemocratización” se expresa mediante la regresión de los “derechos sociales” y de las libertades políticas.

Las políticas de vivienda se asignan al sistema financiero local y global y a los promotores constructores  privados, los servicios de naturaleza pública o interés general se privatizan, se facilita la especulación del suelo y la urbanización difusa. Las legislaciones represivas y reforzamiento de la acción policial limitan las libertades y derechos políticos y recuperan el rol de la policía contra manifestantes y huelguistas. La democracia arraigó en el siglo XX  por las conquistas sociales. Fue la ampliación de los derechos sociales y las políticas de “welfare state” y los derechos políticos accesibles a todos o a la gran mayoría de los ciudadanos. Ha sido un largo combate de las clases trabajadoras y populares: el acceso real a las elecciones, derecho de huelga, de manifestación y de organización, de contratación colectiva, etc. Medios indispensables para enfrentarse con las políticas públicas y la dominación del poder económico,  el derecho a la vivienda y al lugar, la protección social, la escuela y la sanidad públicas. Es un conjunto de derechos socio-políticos interdependientes de contenidos y instrumentales para conquistarlos, defenderlos y ampliarlos.6 La democracia no se conquistó en el marco del Estado liberal decimonónico, oligárquico y censitario. Se consolidó al terminar la segunda guerra mundial.

 

(( La democracia política se consolidó en Europa y Estados Unidos y en menor grado en América latina sobre la base del “welfare state”, que se desarrolló principalmente después de la segunda guerra mundial. Fue como resultado de las polítcas “keynesianas”, el miedo al comunismo y la fuerza socio-política de las clases trabajadoras. )) Las políticas neoliberales han deslegitimado la democracia representativa y el Estado de derecho. Las clases populares y en parte las clases medias no se sienten representadas. Lo cual conlleva un reforzamiento de las políticas represivas, en muchos casos de carácter “preventivo”, ante la posibilidad de que se desarrollen múltiples formas de desobediencia civil en defensa de derechos legítimos. La desdemocratización ha dado lugar de una ofensiva ideológica basada en la atomización social y el individualismo, el miedo y la inseguridad, la naturalización de las políticas económicas y la supuesta “inexistencia”  de alternativas políticas7 y la mitificación del Estado de derecho. Pero como es bien sabido que “el Derecho primero libera y luego oprime”. Los derechos legitimados en la sociedad y en muchos casos en las Constituciones y tratados internacionales8 no se materializan en las leyes, en la judicatura, en las políticas públicas y en la fuerza de las reglas y las prácticas mercantilizadotas. El marco político-jurídico niega e impide el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El ámbito del conflicto es hoy es en el espacio urbano, es el espacio de la acumulación de capital frente a la producción y reproducción social. La democracia arraigada en la ciudad  se enfrenta con la institucionalidad expresada por el Estado de derecho. Frente a un Derecho pervertido  desde las ciudades se opone el “derecho a la ciudad”.

9. El derecho a la ciudad no es un catálogo de derechos

Su  enumeración puede ser interminable y en consecuencia puede parecer poco efectiva. Sin embargo se multiplican los catálogos lo cual es positivo pues cumplen una función legitimadora y influyen en la orientación de  las políticas públicas. Asumir estos derechos supone la interdependencia de los mismos y cuestionar los obstáculos que lo impiden. Lo cual no tienen en cuenta los gobiernos nacionales y locales. El catálogo del derecho a la ciudad resulta puede resultar inoperante. La prueba es que incluso en encuentros de Habitat y otros organismos internacionales empieza a emerger el derecho a la ciudad para maquillar su discurso y darle un tinte progresista y procurar ganarse el aplauso de los gobiernos de las ciudades y de las organizaciones sociales9 .

El derecho a la ciudad, tal como ha sido expuesto por sus principales teóricos y por los líderes sociales10 , no disimula su vocación de promover una transformación radical de la ciudad y de la organización del territorio. Cuestiona el derecho de propiedad, no acepta la gestión privada de los bienes comunes y de los servicios de interés común,  se opone al productivismo a costa del medio ambiente y de los recursos básicos, propone una democracia deliberativa y limitativa de las instituciones de representación en favor de formas de gobierno y  gestión cívicas,    prioriza los objetivos de igualdad y libertad, de reconocimiento por igual de todos los habitantes de un territorio, etc. Pero la vocación de cambio, de alternativa y de voluntad de modificar los marcos jurídicos, políticos y económicos en favor de los valores y objetivos de libertad e igualdad, es propio de la democracia.

El derecho a la ciudad se confronta con  el actual proceso de desdemocratización, es un derecho para contribuir a la redemocratización. No se trata de un retorno al pasado, es posicionarse en un momento histórico que requiere nuevos derechos y más efectivos. El derecho a la ciudad pretende ser uno de los instrumentos para  reconstruir la democracia desde las ciudades. En resumen el derecho a la ciudad es un horizonte, lo que nos “ayuda a caminar” (como podría decir Eduardo Galeano) y que expresa la aspiración a una sociedad más justa, amable y feliz. Es dudoso que Habitat y Naciones Unidas, siguiendo las consignas de Estados Unidos, asuman “el derecho a la ciudad”, incluso es posible que intenten que se  haga alguna referencia a ello.

10. El futuro de las ciudades se confunde con el de la humanidad. Y sin embargo los organismos internacionales, en especial Naciones Unidas,  y los gobiernos de los Estados han fracasado o se han desinteresado de la disolución de las ciudades, sumergidas por la urbanización sin ciudad 

Las Naciones Unidas olvidaron desde el inicio que no eran las naciones, el pueblo en acción, sino los Estados y sus gobiernos, ni tan solo los parlamentos están presentes. Los pueblos quedaron fuera y la burocracia internacional esta sometida a los intereses conservadores de los gobiernos. Los pueblos y sus territorios, hoy en su mayor parte urbanizados, tienen algunas posibilidades de hacer sentir voz pero no tienen voto.  Los pueblos están atomizados por la democracia de base representativa mediante el voto de los individuos . Las ciudades son en cambio agregadoras, o como dijo Dahrendorf la democracia liberal es frígida, la ciudad es cálida. Hay una relación directa entre los gobiernos locales y la ciudadanía activa organizada. En Foros o Conferencias los representantes de las ciudades pueden expresarse mediante portavoces reales. Se hacen escuchar aunque sea desde posiciones marginales. Habitat, tímidamente, ha abierto algunas puertas a  los representantes directos de las ciudades y a las organizaciones sociales y culturales. Pero no deja de ser teatro, puro teatro. Cada uno cuenta su historia, se les escucha mezclados con funcionarios, políticos, representantes empresariales disfrazados de expertos. Habitat pretende imponer la diversidad, gentes de colores distintos, viejos y jóvenes, del campo y de la ciudad. Foros, conferencias, seminarios, “thematics meeting”, poupurris donde lo concreto y lo abstracto, la experiencia local y el discurso burocrático, un puzzle que se convierte en resoluciones preventivamente censuradas o maquilladas por funcionarios ejercitando de esbirros.

La existencia de Habitat hasta ahora no se ha  justificado. Las Conferencias cada 20 años y los Foros Urbanos más frecuentes han permitido encuentros más propios de una feria popular repetitiva que de un espacio de debate, resoluciones y seguimiento de los compromisos. No ha tenido efectos visibles ni resultados prácticos. Al contrario, los expertos fichados por Habitat suavizan cualquier declaración que pudiera despertara el sopor de los diplomáticos gubernamentales y aún así éstos vigilan  siempre que se multipliquen las suficientes precauciones para que los textos oficiales sean insípidos, neutros, que no puedan parecer algo impertinentes para algún gobierno susceptible. Es decir, perfectamente inútiles. De poco servirán añadir algunas sillas testimoniales al Consejo de Administración para que algunos alcaldes o directivos de ongs potentes ocupen algunas sillas. Serán una minoría y heterogénea, con poco peso numérico y que se neutralizaran entre  ellos mismos. Ya hemos podido comprobar el resultado, nulo, de los foros y conferencias, encuentros temáticos de Habitat, O cuando Habitat recurre a la “sociedad civil” aparecen engendros como la Campaña Urbana Mundial que con mucho dinero y muchas reuniones, con 26 “grandes pensadores”  delante y grandes empresas detrás11 . El resultado ha sido un documento infantil titulado “La ciudad que necesitamos. Hacia un nuevo paradigma urbano”. Palabras angelicales dirigidas a los Reyes Magos para olvidar los problemas reales y los actores destructores de la ciudad y de la ciudadanía.

Habitat  no nos representa. Se trata de reconstruir Habitat sin los gobiernos de los Estados.  Con los pueblos, las organizaciones y movimientos sociales, con los colectivos profesionales o académicos críticos y alternativos y con los gobiernos de las ciudades con vocación de hacer ciudad y de promover los derechos ciudadanos de todos. Si hay gentes sin derechos no hay derechos de nadie, hay privilegios y hay excluidos. Son las gentes sin derechos o con derechos limitados conjuntamente con las fuerzas ciudadanas activas los que pueden hacer posible la ciudad  democrática.
Texto en elaboración y revisión para el Foro Alternativo a Habitat III.

1. El presidente de la multinacional Nesle declaró recientemente “No existe el derecho al agua, es un producto que hay que comprarlo”. Sin comentarios. [↩]
2. Concepto que utiliza el urbanista italiano Bernardo Secchi en su último libro, publicado poco antes de su muerte (2013, versión en castellano en 2015). [↩]
3. Las clases trabajadoras las entendemos en un sentido más amplio que en la época de la sociedad industrial. Si hay acumulación de capital mediante la especulación urbana, la privatización de los servicios de interés general o por medio de la construcción de obras públicas y de vivienda y la localización de negocios todo ello afecta negativamente los salarios reales y los medios de reproducción social. Por lo tanto hay explotación socio-económica y alienación política-cultural [↩]
4. Véanse los textos recientes de E.Balibar. Una selección de artículos en castellano en “Ciudadanía” (editada por A.Hidalgo, Córdoba, Argentina, 2013. El proceso de desdemocratización se inició en el último cuarto de siglo pasado. En América latina y en Europa hubo reacciones sociales y políticas que dieron lugar a gobiernos progresistas especialmente en las grandes ciudades. Pero las “nuevas políticas” actuaron sobre los efectos de las políticas neoliberales pero no sobre los factores causales. [↩]
5. Una cita de un verso de Schiller, con permiso. [↩]
6. Ver el análisis histórico de Eric Hobswam en “La clase obrera y los derechos humanos”, en “El mundo del trabajo. Estudios sobre la formación y evolución de la clase obrera”, Editorial Crítica, 1987. [↩]
7.  La expresión caricaturesca de ello es la teoría del “fin de la historia”. El hecho que en el escenario politico institucional no haya alternativas potentes en muchos Estados no significa en la sociedad si que se forjan movimientos socio-políticos que en América latina y en algunos países europeos han emergido tambien en sel sistema político institucional. Pero hay que reconocer que a la hora de gobernar les resulta más viable actuar sobre los síntomas que sobre las causas. [↩]
8. Como la Cara de Deechos humanos de Naciones Unidas (1948) y otras Cartas de derechos posteriores [↩]
9. Los gobiernos estatales, en especial el de Estados Unidos, probablemente impedirán que se debata y menos aún que se apruebe “el derecho la ciudad” en Habitat 3. Una prueba más de la imbecilidad de la mayoría de gobernantes. [↩]
10. La formulación del derecho a la ciudad no solo es propia de teóricos políticos y académicos como de Lefebvre a Harvey, el grupo de académicos radicales de New Yord (Peter Marcuse, Neil Smith, Tom Angotti, etc), o académicos progresistas latinoamericanos como la Red de Clacso que coordinó Fernando Carrión. También ha emergido una amplia The Global Plataform for the Right to the City. También han formulado el derecho a la ciudad como concepto instrumental de transformación social y política intelectuales-activistas vinculados a los movimientos populares urbanos y a las experiencias políticas avanzadas como los líderes del Movimiento de Reforma Urbana de Brasil (que incluye el grupo Polis, Raquel Rolnik, etc), Enrique Ortiz-HIC y Alicia Ziccardi, México), Ana Sugranyes (HIC y SUR) y Alfredo Rodríguez, SUR,Chile), J.Borja y el equipo DESC que lideró Ada Colau, hoy alcaldesa de Barcelona), etc. [↩]
11. La Campaña Urbana Mundial (WUC) irrumpió en el plácido archipiélago de Habitat/Naciones Unidas en 2014. Movilizaron decenas de “grandes pensadores urbanos” (vocabulario WUC) con el apoyo de grandes empresas y ongs amigas. En el 2015 elaboraron el “nuevo paradigma urbano” con el título “La ciudad que necesitamos”, un himno a la retórica vacía de contenido. Este documento fue aprobado y difundido en el Encuentro de Praga de marzo 2016. Un texto propio de IKEA reelaborado para Disneylandia. [↩]