¿Qué propone el Plan de Acción de Cambio Climático 2017-2022 para las ciudades chilenas?

Cerro Santa Lucía y centro de Santiago. © Flickr Usuario: alobos Life. Licencia CC BY-NC-ND 2

Cerro Santa Lucía y centro de Santiago. © Flickr Usuario: alobos Life. Licencia CC BY-NC-ND 2.0

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA), a través de su Departamento de Cambio Climático y en colaboración con otras instituciones, elaboró el anteproyecto de un nuevo Plan de Acción Nacional para enfrentar este fenómeno en el país con medidas que se implementarían entre 2017 y 2022.

Estas iniciativas tienen como objetivo contribuir con los compromisos que el Estado de Chile hizo en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a la vez que renovaría el último documento que rigió entre 2009 y 2014.

Actualmente el nuevo documento está disponible en un proceso de consulta ciudadana, que se extenderá hasta el 22 de julio, que invita a cualquier ciudadano a profundizar en las medidas para impulsar en todo el territorio nacional en relación a nueve sectores clasificados como de interés para el país, siendo dos de ellos las Ciudades y la Infraestructura.

En relación a las Ciudades, el informe dice que los posibles impactos del cambio climático proyectados están vinculados al agua y la temperatura. En este sentido, se sostiene que las ciudades tendrán una mayor demanda por el recurso hídrico, en contraposición con una baja en las precipitaciones. Además se sostiene que habría una presión adicional sobre el suministro de agua potable, el alcantarillado, los sistemas de energía y los servicios de transporte. 

Respecto a la temperatura, se afirma que habría un aumento en ellas sumado a las olas de calor ocasionadas por la urbanización.

Acerca de los posibles impactos sobre la Infraestructura, estos parten de la base que los llamados eventos hidrometeorológicos extremos entre los que están las lluvias muy intensas y, en ciertos casos, consiguientes aluviones, aludes, desbordes de ríos e inundaciones, serían más frecuentes.

Por este motivo, la infraestructura pública (de conectividad, hídrica y vial) se vería en riesgo amenazando la regularidad en los servicios que ofrecen, por ejemplo, suministro de agua potable, evacuación de aguas, conectividad aérea, marítima o terrestre, etc.

Además, las marejadas son otro factor comprendido en el riesgo al que se expone la infraestructura construida. Al respecto, el informe sostiene que éstas tendrían un aumento tanto en su intensidad como en su frecuencia. A esto agrega que quedarían en riesgo “las poblaciones que habitan en el borde costero, dañando no sólo la infraestructura costera, sino también los servicios ambientales y actividades económicas asociadas, afectando la operación de puertos, caletas y playas”.

Entonces, ¿cómo se planea que las ciudades enfrenten estos cambios? De acuerdo al informe, las medidas son de adaptación y mitigación. Respecto a las primeras, las Ciudades y la Infraestructura -junto a Energía, Recursos Hídricos, Salud, y Turismo- integran un Plan de Adaptación que está programado hasta 2018

Asimismo, en cuanto a las medidas de mitigación, destacan las que se aplicarían al sector de Vivienda y Urbanismo y que tienen relación con la disminución de los Gases de Efecto Invernadero en ambos casos.

En este sentido, se sostiene que es necesario incorporar criterios de sustentabilildad, optimizar los sistemas constructivos y el cuidado de los recursos naturales para “minimizar el impacto negativo en el medio ambiente y sobre la salud de las personas, maximizando su confort y calidad de vida”. 

El anteproyecto del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 lo puedes descargar aquí. La consulta ciudadana la puedes responder en este link.