Consejeros regionales reclaman que modelo les quita atribuciones
Por Ximena Bertin.
Autoridades locales dicen que se verán debilitados al no poder votar los proyectos regionales como hasta ahora.
Molestos está el gremio de los consejeros regionales, ya que no podrán votar para aprobar o rechazar los proyectos de las comunas que postulan a fondos regionales, tal como ha sido su labor desde la creación del cargo (designado) en 1992, y con mayor razón desde 2014, en que por primera vez fueron elegidos por los ciudadanos.
Así se establece en el nuevo escenario que se implementará en la administración regional a partir de la elección de los gobernadores regionales en noviembre de 2017. “Es romper un equilibrio. Sólo podremos aprobar partidas de recursos, los marcos presupuestarios, pero será el intendente, futuro gobernador el que va a decidir y concentrará el poder. ¿Qué sentido tiene quitarle atribuciones a un órgano colegiado electo democráticamente para entregárselo a otra autoridad elegida popularmente?”, reflexiona el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), Marcelo Carrasco.
Sus diferencias con el proyecto del Ejecutivo, sobre las funciones del futuro gobernador regional fueron dadas a conocer a la Presidenta, y el gremio está a la espera de alguna respuesta, para que puedan introducirse modificaciones en lo que queda de discusión parlamentaria. A su juicio, lo relevante sería quitarle atribuciones al representante del gobierno central en la región. “Nos parece importante que la autoridad mantenga las mismas atribuciones, pero si se las van a quitar al consejo, eso no es descentralizar”, reflexiona Carrasco.
También tiene aprehensiones frente al proceso de traspaso de competencia “que sea realmente una mejora sustancial a los funcionario regionales que hoy día son ‘el patito feo’ dentro de la administración del Estado”. Solicitan que se inicie un proceso de nivelación de grados de los funcionarios de los servicios que serán eventualmente traspasados a los gobiernos regionales. “Sin embargo, eso no es lo que se planteó en la comisión asesora presidencial, son proyectos totalmente distintos”, precisa Carrasco.
Argumenta que si una región quiere pedir una competencia al gobierno central, éste se podría negar, por lo que proponen que un tercer organismo actúe como árbitro, en este caso el Senado, que tendría ese rol cuando hay conflictos de competencia.
El dirigente rescató la decisión del Ejecutivo de incluir a petición suya la figura de una unidad de auditoría externa que fiscalice a la primera autoridad en materia de probidad.
