Hospital del Salvador: frenar concesión costaría más de $ 60 mil millones al Estado

Por M. Miranda y F. Palomera, La Tercera.

Minsal descartó retrotraer proceso por costos de indemnización. Se ofreció cambios al contrato y reducir pagos a privados.

“El hospital se va a construir por concesión”. Esa fue la declaración de la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, a pocos minutos de iniciada la reunión que ayer pretendía poner fin al paro de los funcionarios del Hospital del Salvador, que hoy cumple 25 días. La postura de la autoridad encendió los ánimos de los dirigentes del recinto, quienes esperaban un informe detallado del costo que tendría para el Estado retrotraer el proceso y edificar el centro por vía sectorial, sin la participación de privados.

En su lugar, Verdugo, que asumió la vocería del gobierno, explicó que frenar la concesión significaría más de $ 60 mil millones (2,5 millones de UF), por concepto de indemnización al Consorcio de Salud Santiago Oriente -firma que se adjudicó las obras-, lo que “ implicaría costos que el Estado no está en condiciones de asumir”, puntualizó Verdugo, quien añadió que esto, además, pondría al gobierno “en una posición donde se judicialice la construcción del hospital. Este escenario implicaría la imposibilidad de construirlo”.

Al respecto, la presidenta de la Fenats del Hospital, Karen Palma, dijo que “ha faltado seriedad en esta mesa, por lo que el movimiento se mantiene y sigue más fuerte que nunca. Lamentamos la intransigencia que ha tenido el gobierno”.

Según Palma, el gremio no cambiará su petitorio y seguirá exigiendo “el término al modelo de concesiones”.

Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS), que instó la mesa de diálogo, dijo que “ha faltado información técnica que se quedó de ver respecto de montos de modificación del contrato y, eventualmente, su término, indemnizaciones, multas y otras consideraciones que no estaban a la vista”.

Para evitar un quiebre entre las partes, se acordó volver a discutir, con los informes comprometidos, esta tarde a partir de las 15 horas.

Propuesta de Salud

Como posibles vías de salida al conflicto, Verdugo propuso a la multigremial hacer una revisión de los contratos con la concesionaria.

“Les hemos hecho ver que desde el punto de vista de los derechos adquiridos, nadie va a vulnerar esas garantías, y aún más, estamos disponibles a negociar aquellos aspectos del contrato que generen más tranquilidad a los trabajadores”, agregó.

El contrato de concesiones externaliza 15 servicios no clínicos en el Hospital del Salvador, de los cuales 10 ya están atendidos por distintas empresas privadas y otras tres son mixtas. En esto, el gobierno propone hacer cambios (ver recuadro).

Otra opción es modificar los costos asociados a las operatividad y los pagos que el gobierno debe pagar a la concesionaria. Son tres tipos de subsidios: uno fijo por la construcción, que supera los $ 12 mil millones a pagar en 10 años; el subsidio de operaciones por el uso de las camas hospitalarias -con montos fijo y variables, según la ocupación- y otro por equipamiento, que depende de lo que exija el gobierno.

“El Estado chileno debe respetar los acuerdos y el estado de derecho, y nosotros estamos en la posición absolutamente seria de no bajar ningún contrato que ya esté tomado de razón por Contraloría”, dijo la ministra de Salud, Helia Molina, quien agregó que, pese a ello, “estamos abriendo un abanico de oportunidades para que ese contrato quede arreglado y negociado en forma tal que podamos mejorar las condiciones con que la concesionaria pone los servicios en el hospital y de manera que no se vean vulnerados los derechos de los trabajadores.

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción entregó ayer un análisis comparativo de costos de construcción de un hospital con fondos sectoriales y bajo sistema de concesiones. El gerente de estudios inmobiliarios Carlos Piaggio defendió el sistema privado de edificaciones y en particular, la continuidad del Hospital del Salvador. “Se pone en tela de juicio la certeza jurídica cuando el Estado deja nulo un contrato. Si esto se suspende habrá un retraso de dos años más en que no tendremos infraestructura y si queremos disminuir el déficit, esto no es una gran ayuda”, explicó.