Ciudades chilenas tendrán mapas de riesgo y exigencias de seguridad en planes reguladores

Por Manuel Valencia, El Mercurio. (01/06/14)

Planes antidesastres deben estar listos este año, antes del encuentro de Hyogo, en 2015:

Gobierno prepara nueva política nacional de prevención de desastres. Estrategia apunta a mejorar la respuesta de las urbes ante terremotos, incendios y otras inclemencias.

Antes del año 2000, el borde del río Guayas, en Guayaquil, era probablemente el punto más negro de la ciudad. En diversos sectores de la ribera se generaban microbasurales y desembocaduras de alcantarillas que ahuyentaban a posibles turistas y poca justicia hacían al eslogan de la principal ciudad de Ecuador: “La perla del Pacífico”.

Lo peor del sector se dejaba sentir en los meses de lluvia (febrero a mayo), cuando el río crecía y desbordaba con sus residuos las calles del centro de la urbe.

A inicios del siglo XXI, esa fotografía se modificó drásticamente. Un ambicioso plan de urbanización ejecutado por el aún alcalde Jaime Nebot transformó la ribera en el principal punto turístico de Guayaquil: allí se construyó un malecón de 2,5 kilómetros, con muchos jardines, monumentos, centros comerciales, restaurantes, y un hasta un cine. “Es nuestro emblema, el orgullo de la ciudad. Nadie se puede ir de aquí sin visitarlo”, dice Mónica Jaramillo, una guardia de seguridad del concurrido espacio público.

Pero detrás de esta atracción que generó el malecón había una idea más estratégica: proteger a Guayaquil de las crecidas del Guayas y sus desbordes que, en los peores años, dejaba pérdidas millonarias a los comerciantes del centro histórico: hoy, con el malecón, que generó una especie de muro de contención (turístico), el río quedó encauzado en las crecidas, y las autoridades aún no logran cuantificar los varios millones de dólares -también moneda local desde hace una década- ahorrados.

Ejemplos como el guayaquileño son los que rescata Naciones Unidas y su oficina mundial para la prevención de desastres. En la misma ciudad ecuatoriana se realizó la última sesión del capítulo americano de la entidad, antes del encuentro mundial que se desarrollará en Hyogo, Japón, en marzo del próximo año. Ahí se revisará si los países del mundo cumplieron con los acuerdos alcanzados en la misma ciudad en 2005, cuando se firmó el marco de acción que buscaba reducir en 10 años las muertes y pérdidas económicas, materiales y sociales causadas por desastres y riesgos no controlados.

¿Y cómo ha avanzado Chile en el protocolo? El director de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Ricardo Toro, adelanta que la política nacional de reducción de desastres, que incluye una estrategia para hacerla operativa, permitirá avanzar en aspectos que aún quedan por mejorar en el país.

Esta política obligará a las ciudades a contar con mapas de riesgo que adviertan de las amenazas. Esta medida tendrá que modificar, necesariamente, los planes reguladores. Por ejemplo, en el caso de Valparaíso se deberá demarcar qué quebradas y laderas de cerros son más susceptibles al avance de incendios o deslizamientos de tierra.

“La política va a obligar a tomar medidas en distintos aspectos. Hay que ser realistas, y considerar que hay lugares que se emplazan en zonas de riesgo de tsunami, que están consolidadas, y en ese caso hay que buscar el punto medio de la mitigación. En aquellos lugares en que es factible mover gente, como en los cerros de Valparaíso, se las puede llevar a zonas seguras, y para eso los mapas de riesgo van a tener definidas las amenazas que afectan a las comunidades y cuáles son las formas con que pueden enfrentarlos, prepararse y mitigarlos con anterioridad”, explica Toro.

En esa estrategia se busca duplicar el presupuesto actual del gobierno asignado a emergencias. La ONU estima que por cada dólar invertido en reducción del riesgo y sistemas de reducción de desastres y alertas, los países ahorran US$ 9.

Margareta Wahlström, secretaria general adjunta de asuntos humanitarios y coordinadora de socorro de urgencia de Naciones Unidas, explica que el riesgo es un elemento que lentamente está siendo incorporado por los países. “Más que en desastres, que son inevitables, hay que poner el foco en cómo disminuir su impacto. Así, nunca es un gasto, sino una inversión destinar recursos para proteger a la comunidad. Muchos gobiernos piensan en el corto plazo, pero una inversión de reducción de riesgo tiene efectos en el corto, mediano y largo plazo, y eso no se condice con los tiempos políticos”.

Fuego y maremotos

Entre los elementos hoy inexistentes en la planificación urbana chilena está, el riesgo de maremoto y el generado por el fuego, que no está considerado en los planos reguladores actuales. Al respecto, el jefe de la división de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda, Pablo Contrucci, especifica que a partir de desastres como el reciente incendio de Valparaíso o los terremotos, se busca incluir actualizaciones en los instrumentos. “Esto permanentemente se ha ido actualizando, aunque quedan temas que aún no se incorporan. Pero la historia es que las grandes catástrofes han tenido siempre como consecuencia modificaciones en la normativa. Es el caso del terremoto de Chillán y los de Santiago en 1985 y 2010 en normativas sísmicas; el incendio de la torre Santa María, y que han influido en normativa de incendios en edificios; el aluvión de Peñalolén, el tsunami de 2010, y ahora el incendio de Valparaíso”.

Agrega que respecto de los tsunamis, “se requiere una discusión seria. Es discutible la prohibición de construir, dado que parte importante de nuestra economía y de nuestra cultura se desarrolla en zonas de riesgo de tsunami mitigables”.

Otros de los aspectos que la ONU recomienda a Chile para implementar como una política pública es la incorporación del sector privado. La procuradora de la ONU y encargada de la campaña Ciudades Resilientes, Susana Fuentes, señala que el país está en un grave retraso en planes para asegurar la continuidad del negocio de empresas privadas. “En desastres como el 27-F, el 43% de las empresas afectadas no vuelve a abrir, el 51% cierra dos años después del incidente, y sólo el 6% logra sobrevivir en el largo plazo. Chile no ha avanzado en este al ritmo en que lo ha hecho en fortalecimiento de la construcción, por ejemplo. Y por la cantidad continua de desastres que el país enfrenta, podría ser líder en esta materia”.

700 sismógrafos en 10 años

El director de la Onemi, Ricardo Toro, detalla que el plan de instalación de sismógrafos planificado inicialmente por el gobierno anterior para entre 2015 y 2016 se adelantará para el próximo año. “Firmamos un convenio por $3.864 millones para instalar el 80% de los instrumentos contemplados”, dijo Toro.

Paralelamente, la repartición trabaja en un plan con plazo hasta 2025 para aumentar los 100 sismógrafos actuales a 700.