Gobiernos regionales tienen menores presupuestos que los municipios capitalinos

Por N. Cabello, C. Said y F. Jara, El Mercurio.

Autoridades locales están en “plan de ahorro” para superar los déficits:

Además de que los recursos son escasos, intendentes y consejeros aseguran que estos ya están comprometidos para financiar proyectos aprobados durante la gestión anterior.

Por primera vez, los consejeros regionales ejercen su cargo después de haber sido electos por votación popular. El objetivo de esos sufragios -que se realizarán cada cuatro años- es que las autoridades sean más representativas de la población, para poder administrar con equidad los recursos de la región.

Pero una de las piedras de tope que encontraron las nuevas autoridades es el presupuesto con el que trabajarán durante este año. “Estamos repartiendo miseria”, es el crudo análisis que hace el intendente Metropolitano y único miembro no electo del consejo, Claudio Orrego.

El presupuesto del Consejo Regional (Core) Metropolitano es de $96.837 millones para 2014. Si bien es el más alto entre los fondos de los 15 gobiernos regionales del país, la cifra es 54,8% menor a los recursos de la Municipalidad de Las Condes y 22,5% inferior a los del municipio de Santiago para el mismo año.

Si esos dineros se repartieran entre todos los habitantes de forma equitativa, cada vecino de Las Condes obtendría $606.210 de su municipio y quienes viven en la comuna de Santiago, $389.970 del presupuesto de su municipio. En cambio, de los fondos del gobierno regional, cada capitalino accedería a $14.662.

Claudia Faúndez, consejera en la capital hace nueve años, cuenta que “el presupuesto regional ha sido históricamente bajo. Es insuficiente y eso no ha cambiado desde que se crearon los gobiernos regionales”.

El problema no es solo ese, dice Orrego. De esos fondos, el 82% ya está comprometido para financiar proyectos que vienen de gestiones anteriores. Así, pese a que el Core se impuso trabajar en proyectos de gran envergadura, no necesariamente tendrán recursos para hacerlo.

Prueba de ello es que en la Ley de Presupuestos 2014, en la partida del gobierno regional metropolitano, aparecen $10 mil para estudios básicos y $10 mil para programas de inversión.

Efecto en la inversión

El problema presupuestario repercutirá en la cartera de proyectos. El intendente asegura que, al revisar las cifras regionales de 2012, se ve que, del total de la inversión pública efectiva, “solo el 11% corresponde a fondos regionales, lo mismo que invierten los municipios. El 17% lo financian empresas públicas y el 61% son recursos sectoriales”.

Manuel Hernández, consejero por Santiago, dice que el presupuesto “genera un límite respecto de los grandes proyectos que uno debiera realizar para mejorar las condiciones de vida de la población”. A su juicio, los recursos de la Región Metropolitana deberían ser el doble, considerando que en la capital vive la mitad de la población del país.

De las iniciativas que hoy financia el gobierno metropolitano, el 88% son proyectos que benefician a una comuna, con población acotada. Solo el 12% restante se destina a iniciativas intercomunales de mayor envergadura.

Pero el problema financiero no solo complicará la ejecución de los proyectos: también podría aquejar a los funcionarios. En el consejo no hay cupos para contratar más personal, y para pagarles a los que tienen, se necesitan $3.700 millones. Pero hoy solo disponen de $3.429 millones.

Además, de los $370 millones destinados a personal a honorarios, la mayoría ya está comprometido y solo restan $17 millones de libre disposición.

Orrego cree que se podría economizar en algunas áreas: “El gasto en papel que tenemos es un exceso. El año pasado -cuando eran ocho consejeros menos- se gastaron $42 millones en actas y papeleo. Si compramos una tableta para cada uno, nos costaría la mitad y podríamos ahorrar”.

Por eso es que el ahorro se transformó en una máxima para el consejo metropolitano. El objetivo es revisar todos aquellos ítems que puedan tener una mejor gestión financiera y así duplicar los recursos disponibles hasta el fin del período, en 2018.

Escenario nacional

La realidad financiera del gobierno regional metropolitano está lejos de ser la excepción. Hace algunos días, el intendente del Maule, Hugo Veloso, reconoció que la ampliación del Estadio Fiscal de Talca -que el consejo regional anterior aprobó el 25 de febrero- no será posible en el corto plazo, debido a que no tienen los recursos para ejecutar el proyecto, de $6.600 millones.

“Tengo un presupuesto deficitario, con una disponibilidad aproximada de $60 mil millones, pero con compromisos por $74 mil millones en proyectos que se aprobaron más allá del marco presupuestario de 2014. Hay poco espacio para formular y levantar nuevos proyectos regionales, porque no dispongo de recursos financieros”, reconoce Veloso.

Una alternativa, dice, es reformular las prioridades que tendrá la nueva gestión y desplazar proyectos ya aprobados. “En Maule tenemos problemas de sequía, de reconstrucción y de salud” de los que hay que hacerse cargo, señala. La segunda opción, plantea, “es que el gobierno central nos suplemente con más dineros frescos”.

Proyectos demoran hasta 37 meses en ejecutarse

Otro problema que tienen los consejos regionales es de índole burocrática: la tramitación de los proyectos dentro de los Core es tan larga, que podrían pasar hasta 37 meses -en el caso de la Región Metropolitana- antes de que los municipios puedan ejecutarlos finalmente, lo que afecta el desarrollo comunal.

Eso significa que si un municipio presenta hoy un proyecto al Core RM, recién en mayo de 2017 se podría ejecutar, más de un año después de que termine la actual gestión edilicia, en diciembre de 2016.

Si bien Orrego reconoce que estos retrasos permiten administrar los recursos de mejor manera, porque no los necesitan con la premura que se debiera, asegura que se podría trabajar en acelerar los procesos. “De las propuestas de adjudicación que se les revisan a los municipios, el 95% son ratificadas. ¿No será mejor, entonces, confiar más en esos municipios, donde casi no hay observaciones?”, se plantea. Esa revisión, en promedio, demora dos meses.

Pero para el consejero Claudio Bustamante (UDI), “los plazos no se pueden acelerar, porque hay normas, licitaciones, que no dependen de nosotros”. A su juicio, esos tiempos permiten que se pueda trabajar con los presupuestos que manejan los gobiernos regionales.

El balance de los últimos tres años indica que entre 2010 y 2013 se aprobaron 1.678 proyectos comunales, de los cuales 1.134 están pendientes (67%) y solo 264 en ejecución.