Revisión de permisos comerciales enfrenta a locatarios con municipio de Recoleta

Por Lucía Adriasola y Nadia Cabello, El Mercurio.

Alcalde Daniel Jadue dice que comerciantes actúan “al margen de la norma”:

La municipalidad caducó ocho permisos de precariedad en la “Vega Chica”, pues señala que locales son administrados por profesionales.

“Que te echen de acá no es ninguna gracia. Hay que tener en consideración que aquí hay gente que no ha terminado el colegio, así que una vez fuera no quedaría otra opción que trabajar de barrendero, y eso no me parece digno para alguien que ha dedicado más de 40 años de su vida trabajando día y noche para mantener su puesto”.

Mientras pesa medio kilo de arándanos, Jorge Cannobbio (52), locatario del local 107 del mercado de abasto Tirso de Molina -conocido popularmente como la “Vega Chica”, situada en Recoleta- comenta la tensa situación que se vive cada jornada en este espacio, luego que en los últimos meses, el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, caducara el permiso de ocho comerciantes por estar operando “al margen de la norma”.

Así al menos lo explica el edil, quien tras asumir la alcaldía en diciembre de 2012 comenzó a fiscalizar el lugar para chequear la realidad de sus 360 locatarios, quienes gozan de un permiso para trabajar utilizando un bien de uso público -como la calle- para vender sus productos sin tener que comprar un negocio establecido, lo que aumentaría sus gastos.

“Esto estaba funcionando bajo un modelo de gestión desordenado, con corrupción. Entonces, nos encontramos con personas que se apartaban totalmente de los criterios con los que se entregan estos permisos, que cumplen una función social, y los reasignamos, ya que hemos recibido más de 500 solicitudes de personas que están en la condición de recibirlos y queremos hacer justicia por ellos”, dice Jadue, quien agrega que se detectó a una familia que poseía 23 negocios en el mercado y otros casos de personas humildes que “heredaron” sus puestos a sus hijos profesionales, lo que, según la ley, no se puede hacer por ser espacios públicos.

Jocelyn Toro (28) es un ejemplo de ello: el año pasado, con su hermano, “heredó” el local de abarrotes de su padre, Luis, quien trabaja en el mercado desde hace 30 años, pues él cayó enfermo de un cáncer linfático.

Aunque su permiso fue caducado en enero, ella sigue trabajando y pelea para poder recuperarlo, aunque sabe que será complicado, pues se tituló de ingeniera civil industrial, lo que la excluye del permiso.

“Yo trabajo todo el día acá. No ejerzo mi profesión; dejé mi vida para ayudar a mi papá con su enfermedad y al no tener la patente corremos el riesgo de que nos lo cierren”, dice angustiada la joven.

La revisión que está haciendo este municipio no es algo aislado, pues las municipalidades vecinas, Santiago e Independencia, también se embarcaron en este proceso el año pasado.

Los tres municipios desarrollan el proyecto de mejoramiento del Barrio Mapocho-La Chimba. Parte de este es arreglar los espacios públicos, disminuir el comercio ambulante y no autorizado y elevar el estándar de los negocios ya instalados.

“No es que haya una política común, que nos hayamos puesto de acuerdo, pero sí es el interés de todos terminar con actividades comerciales excesivas e inapropiadas que mejoren la vía pública”, asegura el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán.