Detectan que afectados por el 27/F arriendan sus casas a turistas
Por Daniela Muñoz S., La Tercera.
El Serviu del Biobío descubrió 46 casos en Dichato, los que se suman a más de 100 denunciados en los juzgados civiles de la región.
Hasta $ 45 mil al día pueden llegar a pagar los turistas que acuden a Dichato por el arriendo de una de las viviendas sociales, que fueron entregadas a los damnificados por el terremoto y el tsunami del 27/F.
A pesar de que esta situación está prohibida de acuerdo con la reglamentación del Serviu, ya que los beneficiados no pueden realizar este tipo de transacciones durante cinco años, este servicio en la Región del Biobío detectó en las últimas semanas, 46 casos de familias que están arrendando sus departamentos o casas a los visitantes que llegan a la zona, por lo que presentarán una demanda ante el Juzgado Civil de Tomé.
El director regional del Serviu, Francisco Merino, explicó que “hemos hecho fiscalizaciones en terreno y pudimos comprobar 46 casos y se investigan, al menos, 100 más en distintas comunas de la región”.
A los casos de arriendos durante el verano que ya fueron comprobados por el Serviu, se suma el centenar de causas que ya se tramitan en los distintos juzgados civiles del Biobío. “Presentamos ya cerca de 100 demandas por mal uso de viviendas en general, debido a que han sido arrendadas o que no están siendo habitadas”, detalló Merino.
En total son 200 casos, entre los que el Serviu está comprobando y los que ya fueron denunciados en la justicia. De hecho, el trámite que se realiza para perseguir a quienes cometen estas irregularidades es la presentación de una demanda civil de restitución de subsidios. “Lo que se pide es que se reintegre el monto en dinero del subsidio aplicado. No se solicita que se devuelva la casa”, aseguró Merino.
Una de las habitantes de villa Horizonte, ubicada en el sector alto de Dichato, María Garrido, denunció que la mayoría de las 210 casas del lugar están siendo arrendadas. “Somos 40 familias realmente damnificadas las que vivimos acá, el resto no sabemos quiénes son ni cómo obtuvieron el subsidio”, dijo.
Según Garrido, “estamos viendo todos los días cómo llega gente a arrendar y no hemos cumplido ni un año en estas casas”. Y agregó que “yo no tengo miedo de hacer la denuncia, porque nosotros somos los verdaderos damnificados”. Los subsidios entregados van entre las 550 y las 680 UF, esto es, de $ 12,8 millones a $ 15.9 millones.
Vacío legal
El subsecretario de Vivienda, Francisco Irarrázaval, afirmó que “es una situación inaceptable, porque son fondos de reconstrucción que se destinaron para familias que se suponía no tenían dónde vivir”.
Irarrázaval añadió que el gobierno ha perseguido a quienes hacen mal uso de los subsidios y detalló que a nivel nacional, el Serviu tiene 900 juicios por mal uso de viviendas. “Sin embargo, no hemos tenido mucho éxito en la recuperación de los recursos porque, pese a que el Serviu lo prohíbe en su reglamento, la ley no contempla la obligación de no habitar las casas o la prohibición de arrendarlas”, dijo. Ante esta situación, agregó que “es fundamental la aprobación de la ley que está en su último trámite en el Congreso y que permitirá recuperar las viviendas cuando se hace mal uso de ellas”.
Críticas de empresarios
El arriendo de las casas y departamentos de la reconstrucción, además, es cuestionado por los empresarios turísticos de la zona. La presidenta de la Sociedad Turística, Gastronómica y Hotelera de Dichato, Alejandra Ramos, afirmó que “no estamos de acuerdo, pero no podemos hacer nada, sentimos que se está haciendo la vista gorda con el tema”.
Agregó que mientras se está cobrando hasta $ 45 mil por los departamentos y casas, en los alojamientos establecidos los precios varían entre los $ 19 mil y los $ 50 mil.
