Ravinet contraataca por proyecto de terrenos de utilidad pública: “No es un problema personal con el ministro”

Por La Segunda.

Según dice, la iniciativa del Gobierno “deja en el limbo” a “gente pobre y de clase media”.

Dice que “este no es un problema personal con el ministro (de Vivienda, Rodrigo) Pérez”, a quien le tiene “aprecio”.

Lo suyo, asegura, es “tratar de defender el interés de miles de pequeños propietarios que se ven afectados” por el proyecto de ley del actual Gobierno que -en materia de expropiaciones de terrenos o inmuebles declarados de utilidad pública- busca anular los plazos y retrotraer la situación a lo que había hace nueve años.

Jaime Ravinet, ex ministro de Vivienda de Ricardo Lagos, busca hoy cerrar la discusión que abrió con Pérez, en las páginas de “La Segunda”, asegurando que los afectados por los planes ministeriales “son gente pobre y de clase media (…) No se está expropiando, sino que se está declarando de utilidad pública a propiedades privadas, y eso significa dejarlas en el limbo, porque siguen siendo propiedades pero algún día van a ser expropiadas por el municipio o el gobierno regional. Esto hace que el dueño no pueda vender la propiedad y ningún banco se la tome como garantía”.

El fundamento del actual titular de la cartera para impulsar la iniciativa es que “todos los ensanches y aperturas viales vigentes en el país van a caducar en febrero de 2015”, lo cual tendrá “un costo gigantesco para las ciudades del país” debido a lo que significaría expropiarlas.

Un punto que, según Ravinet, “afecta el derecho de propiedad”, pues “la forma es incluso inconstitucional (…) Mi interés es que se abran a revisar la letra chica, que perjudica a los pequeños propietarios. La idea es que este proyecto pueda ser corregido, mejorado”.

-¿De qué letra chica habla?

-Se fija un plazo, pero no se notifica personalmente. El propietario no tiene un debido proceso para poder reclamar sus derechos. La clave es invertir el proceso: si los municipios y gobiernos regionales quieren volver a declarar alguna cosa de utilidad pública, deberían hacerlo mediante una consulta ciudadana, notificarle a cada propietario la situación y especificar el ofrecimiento de mayor constructibilidad que se le hace. Si esta persona no está de acuerdo, entonces o se deja sin efecto o se le expropia, con el mismo procedimiento que usa el MOP. Si no le gusta el precio al propietario afectado, va a juicio.

“Voy a preparar una minuta y la voy a hacer circular entre los senadores y también se la voy a enviar al ministro, para que él se abra a recoger otros puntos de vista”, remata Ravinet.