Ministerio de Ciudades y Planificación

Hace algunos días se dio a conocer una de las propuestas más recientes de la Comisión Asesora Presidencial que trabaja en la Nueva Política de Desarrollo Urbano: la creación de un nuevo Ministerio de Ciudades que permita fusionar las atribuciones y responsabilidades de los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Transportes y Bienes Nacionales.

Más allá de la figura institucional que se genera, es importante estructurar las bases técnicas y políticas que permitan la viabilidad de una propuesta que busca romper con la burocracia y las limitaciones de la coordinación interministerial.

La propuesta de un Ministerio de Ciudades reconoce intrínsecamente que la desvinculación de las funciones y responsabilidades ministeriales produce trabas al desarrollo de la ciudad en términos de coordinación de las decisiones, gestión y funcionamiento. Sin embargo, esta respuesta no garantiza necesariamente que sea la solución que resuelva de manera más asertiva la relación entre las distintas entidades involucradas.

Los cuatro ministerios que se pretende integrar en este Gran Ministerio de Ciudades y Planificación, sin duda tienen desafíos comunes o que se relacionan íntegramente entre ellos. Sin duda los problemas de transporte tienen que ver directamente con la expansión de la ciudad;  la expansión con la vivienda social y ésta a su vez con la implementación de nueva infraestructura pública, etc, etc. Sin embrago si se trata más de un cambio de nombre que de la coordinación de las cuatro áreas que abarcaría el Ministerio, se avanza más en términos políticos que funcionales.

Durante largo tiempo se ha mantenido en el debate público la discusión de si es necesaria la implementación de un Alcalde Mayor, figura electa democráticamente, sobre la que recaerían las funciones de administración y articulación de la ciudad en materias de vivienda, transporte y obras públicas, como ha pasado con las ciudades de Paris, Madrid o Nueva York.

Las propuestas acerca de esta autoridad pueden ser evaluadas con distintos resultados, desde la perspectiva de la funcionalidad y desde la política. Una figura de Alcalde Mayor facilitaría la coordinación y la toma de decisiones sobre temas que involucran principalmente a los municipios, sin mayores burocracias. Sin embargo desde la política, un Alcalde Mayor -por ejemplo en la ciudad de Santiago- se podría convertir en la “sombra” de un presidente en turno si se tratara de una figura electa democráticamente.

Más allá del abanderamiento por una u otra figura, adquiere importancia la estructuración de las bases que permitan la viabilidad de una propuesta que busca romper con la burocracia y las limitaciones de la coordinación interministerial. Alcalde Mayor, Intendente electo o Ministerio de Ciudades apuntan en su origen a la resolución de conflictos urbanos de manera integral, concentrando los poderes que permitan mejorar la ejecución de políticas públicas.

Si la respuesta es la creación de un Ministerio de Ciudades, es necesario que tenga la suficiente legitimidad en términos presupuestarios y de herramientas para la aplicabilidad de su gestión -lo que podría tener cabida en la actual estructura de un ministerio. Sin embargo, una de las grandes diferencias entre la figura del Alcalde Mayor, Intendente electo o Ministerio de la Ciudad, es el grado de democracia que existe en sus respectivas elecciones. El Alcalde Mayor es una figura que se ha pensado desde la representatividad de una elección democrática en que los ciudadanos pueden votar por la figura que los representará en términos de ciudad, la cual puede ser respaldada por un eventual consejo asesor conformado por los demás alcaldes. Un Ministerio de Ciudad tendría que considerar una eventual vía de participación ciudadana que permita canalizar las inquietudes y cooperación de barrios y comunidades.

Ante la aplicación de la iniciativa, este Ministerio tendría el difícil desafío y la responsabilidad de la implementación de la Nueva Política de Desarrollo Urbano, que debiera determinar los lineamientos sobre los cuales se base el desarrollo de las ciudades chilenas. Así también recaería la responsabilidad de la generación de una visión a largo plazo en las ciudades chilenas y planes urbanos de largo aliento que (re)abran la puerta a la planificación estratégica de ciudades,  instrumento que permitiría articular en la ciudad las complejidades de la concentración de intereses de sus actores.