PNDU y PRMS-100: “La prudencia aconseja esperar”

Desde el año 1985, Chile no cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). La Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) del año 1975 obligaba a crear para el país una PNDU, la que fue redactada el año 1979, y que establecía que el suelo urbano no era un bien escaso, dejando su valor a merced del mercado. Luego fue reemplazada por la de 1985, que intentó corregirla, siendo finalmente derogada en el 2000, fecha desde la cual no tenemos un documento que guie los lineamientos estratégicos sobre los cuales debemos hacer ciudad. La PNDU del 79´ ha sido una de las políticas con mayor repercusión actual en el crecimiento de nuestras ciudades, e intentaba responder, mediante la ampliación de la oferta de suelo, y consecuente pérdida de valor de este, al déficit habitacional de la época.

Este año finalmente se decidió redactar una nueva PNDU, la que debería entregar una visión estratégica a largo plazo de lo que como país queremos de nuestras ciudades, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible de las mismas, la equidad territorial,  el mejor acceso a oportunidades, etc. Este documento breve, que no es una ley, define principios rectores, lineamientos estratégicos y orientaciones para futuras acciones en materias urbanas , alineando distintos organismos públicos que intervienen en el territorio. Esta política es desarrollada por el MINVU, en conjunto con las SEREMIS de Vivienda y Urbanismo, organismos estatales, como una Comisión Asesora Presidencial, y también incluiría participación civil, a través de encuentros y talleres que se hacen en todas las regiones.

Esto que parece tan básico a la hora de planificar en cualquier ciudad, ya que establece las directrices básicas para el desarrollo armónico no solo regional, sino que podría ordenar incluso, un crecimiento más integrado y menos centralizado de las ciudades chilenas, no será tomado en cuenta en la actual modificación del Plan Regional Metropolitano de Santiago, PRMS-100, por la simple razón de que el Plan podría ser aprobado antes de que esté redactada. En nuestra carta destacada de la semana del 25 de agosto , Luis Eduardo Bresciani Prieto, Presidente Nacional del Colegio de Arquitectos, afirma que:

“…No entendemos que una instancia del mismo gobierno que promueve una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano insista, a pocos meses del término del trabajo de la Comisión Presidencial, en la publicación de un instrumento de planificación regional que no incorpore los principios y procedimientos que contemplará la Política Nacional.

La prudencia aconseja esperar…”

Por otra parte, el PRMS-100 ha sido aprobado y rechazado varias veces, por organismos como la CORE y la Contraloría General de la República, generando además bastantes dudas en su modus operandi desde el punto de vista urbanístico y ambiental, y los expertos en conjunto con la ciudadanía se han mostrado escépticos, ya que la ampliación del límite urbano equivaldría a tener una ciudad más expandida, lo que implica mayor dependencia del auto, mayores tiempos de traslados, e impacto ambiental en las zonas que considera la expansión. Y aunque las hectáreas con cambio de destino se encuentran cerca de subcentros lo que supuestamente podría hacer que tengan mejor conectividad, y evitar así que aumente la segregación, no puedo evitar pensar en que todo esto se planifica bajo la base de un transporte público de escasa calidad, ya que los terrenos incorporados son periféricos y dentro de estos el 8% es reservado para vivienda social.

Además, es dudosa la base sobre la cual el plan opera, puesto que se basa en que para el 2030 alcanzaremos los 1,6 millones de habitantes metropolitanos, sin embargo, el resultado del censo 2012 nos muestra que estamos creciendo más lento de lo que esperamos. Además, los patrones ocupación del suelo habitacional están mostrando que estamos abandonando los suburbios, ya que crecen más lento, y preferimos una forma de vida más unida al centro, densa, compacta y cercana al barrio. En base a estos factores podríamos pensar que de ser aprobado finalmente el PRMS-100, la plusvalía de los terrenos no sería efectivamente recuperada tan rápido como se quiere.

Viniendo ambas iniciativas del Estado, es de esperar que ambas sean hechas bajo los mismos lineamientos estratégicos que nos llevan a tener ciudades con mejor calidad de vida, y que a la hora de su formulación no compitan con teorías que retrasen este objetivo. Es por esto, y ya que el PRMS nuevamente se está corrigiendo, esperemos a estar de acuerdo en los objetivos que queremos alcanzar en materias de ciudad, bajo una mirada integradora con repercusión nacional.