Sergio Del Campo: “En este primer semestre entregaremos el proyecto de ley de la carretera eléctrica”
Por La Tercera
El subsecretario de Energía, Sergio del Campo, adelanta que la autoridad busca crear una franja fiscal desde Puerto Montt al norte para facilitar el desarrollo de proyectos de gran envergadura, como HidroAysén, y el potencial de energías renovables existente en cada zona.
Esta semana el Presidente Sebastián Piñera nombró a Jorge Bunster como el quinto ministro de Energía de su gobierno. El ex director de la Direcon reemplazó a Rodrigo Alvarez, quien renunció por mail el 23 de marzo.
Su salida inquietó en el sector privado, debido a la alta rotación de los ministros del área y la falta de estabilidad que ello conlleva en las políticas energéticas. El subsecretario de Energía, Sergio del Campo, en el cargo desde hace un año, asegura que no existe ingobernabilidad en el sector eléctrico, que el gobierno tiene un diagnóstico claro sobre las debilidades energéticas del país, y que los equipos del ministerio están trabajando y acelerando diversas iniciativas legales para mejorar las condiciones de la industria.
Del Campo revela que el gobierno presentará en el primer semestre un proyecto de ley para el desarrollo de una carretera eléctrica pública. Con ello, esperan cumplir la idea que planteó el Presidente Piñera el 21 de mayo de 2011.
La carretera pública eléctrica facilitará el desarrollo de un sistema de transmisión al que se conectarán los proyectos de generación. Los terrenos por donde pasará los definirá el Estado, y la construcción y operación quedarán en manos de los privados. Así, se espera terminar con las trabas que existen para desarrollar grandes líneas de transmisión. La iniciativa es esperada por HidroAysén, que se podría conectar a la carretera en la X Región. Y si bien Del Campo aclara que el tendido tendrá una extensión longitudinal, habrá trazados perpendiculares que llegarán hasta los proyectos de energías renovables no convencionales (ERNC), lo que facilitará su desarrollo.
Con tanto cambio de ministros, ¿es prioridad para el Presidente el desarrollo del sector? Algunos expertos acusan que hay una ingobernabilidad eléctrica. Para el Presidente es primera prioridad. El hizo personalmente el lanzamiento de la estrategia de energía 2012-2030. Sin duda que el sector eléctrico es una preocupación muy relevante y se ha plasmado en los hechos. No hay ingobernabilidad, hay absoluta claridad respecto del rumbo que hay que tomar, que es construir una matriz cada vez más limpia, segura y económica. Esta es una fórmula difícil de lograr en un país que tiene recursos energéticos limitados.
¿El nuevo ministro viene a reforzar la estrategia?
Sin duda que el nuevo ministro es una persona de alta calificación y que va a colaborar como responsable del ministerio en toda la materialización de toda esta estrategia.
¿Qué diagnóstico hace del panorama energético del país?
El sistema eléctrico aún permanece afectado por la restricción de gas argentino, que partió en 2004 y que alcanzó su peak en 2006. Hoy pagamos por el gas natural licuado (GNL) un valor 10 veces más que el precio del gas argentino de esa época. Con un GNL a US$ 20 por millón de BTU es muy difícil que centrales que usan esa tecnología compitan. Por eso, en los últimos años se empezaron a desarrollar centrales, principalmente a carbón. Ahora, como las evaluaciones ambientales toman su tiempo y varios de esos proyectos se han atrasado, por diversas razones, el precio de corto plazo de la energía lo está marcando la generación de respaldo a diésel, que es más cara. A esto se suma un petróleo alto y una hidrología seca por tres años.
Todo esto refleja que en Chile tenemos hoy un déficit de oferta de energía competitiva. Hay capacidad para suministrar la demanda máxima del sistema eléctrico, pero la energía que define los precios no es competitiva. Un segundo problema está en la transmisión. El esquema que teníamos evitó las inversiones en el sistema de transmisión troncal. Todo esto afecta el precio de la energía de corto plazo.
¿Cómo se soluciona este déficit de energía competitiva?
Chile no tiene recursos convencionales para generar energía respecto de lo que tienen otros países de la región. Tenemos un problema estructural. Esto nos plantea un enorme desafío para tener precios de energía competitivos. ¿Cómo cambiamos esta situación? Primero, con eficiencia energética, que a 2020 permitiría desplazar capacidad por unos 1.250 MW. Adicionalmente, no podemos renunciar a usar el agua, que es el principal recurso para la generación eléctrica del país. Además de colaborar con la reducción de los precios de la energía, nos permite independizarnos de la economía global.
¿En este escenario se puede pensar en bajar los costos de energía?
Hoy no están dadas las condiciones para una caída en los precios de la energía, porque el costo del GNL es muy alto y hay retraso en las inversiones. El comité de expertos calculó que cada año de retraso tiene un impacto en el precio de la energía de 23%. Por ejemplo, si los proyectos de transmisión, en vez de estar en 24 meses, demoran 36 ó 40 meses, hay un impacto directo en los bolsillos de los hogares.
¿Hasta cuándo tendremos energía cara?
Hay señales positivas en el Norte Grande. El costo marginal está entre US$ 60 y US$ 80 MWh. Eso es un tercio de lo que vemos hoy en el SIC (de Taltal a Chiloé), que está en US$ 254 por MWh. Eso demuestra que si están todas las inversiones, el precio es más bajo. El déficit de oferta competitiva que hay en el SIC no está en el Norte Grande. Nosotros debiéramos estar, en precios, en lo que está el Norte Grande, si tuviéramos la inversión necesaria. Estamos en una etapa de transición y, en el mejor escenario, tendríamos precios más bajos en el 2016.
Entonces, ¿será el próximo gobierno el que podrá disfrutar de precios más bajos de la energía?
Esperamos que esta transición termine en el próximo gobierno. Ahora estamos construyendo las bases para tener, desde 2014 hacia adelante, una situación bastante mejor. Lo paradójico es que tenemos seguridad jurídica, reglas claras, una institución financiera sana, institucionalidad medioambiental y precios de la energía altos. Aquí debería haber un interés importante de inversionistas por participar. Claramente hay señales que estamos dando que no van en la dirección correcta.
¿Pero los privados van a invertir considerando que tienen dificultades para sacar adelante los proyectos? Varios de ellos se han judicializado.
Ahí tenemos algunas iniciativas que hemos trabajado, que tienen que ver con perfeccionar la ley de concesiones y servidumbres. Estamos agregando indicaciones muy importantes que ingresaremos al Congreso prontamente, dentro del primer semestre. Además, estamos muy avanzados en cambios muy relevantes a la ley de geotermia, que darán más seguridad jurídica a los inversionistas.
Y en materia de transmisión, ¿qué avances han logrado con la carretera eléctrica?
Lo que hemos hecho es realizar los estudios de cómo debiera funcionar y estructurarse la carretera eléctrica. Paralelamente, estamos con un reglamento de transmisión adicional que ve cómo se conectarán los proyectos de ERNC. Tenemos un trabajo intersectorial e interministerial, nos estamos nutriendo de toda la experiencia del resto en esta materia que tiene que ver con la creación de franjas fiscales. Eso implica una participación claramente mayor del Estado. Una vez que eso se tenga, podrá el Estado licitar la construcción a través de un proceso internacional.
¿Se va a optar por un proyecto de ley o se agregará la carretera al sistema de concesiones?
Estamos trabajando en un proyecto de ley que estará terminado y entregado en el primer semestre. Esto es muy relevante para la conexión de todos los proyectos de generación, incluyendo los de ERNC. La idea es que esta carretera no sea sólo longitudinal, sino que tenga tramos perpendiculares que permitan conectar los proyectos de ERNC. Aquí el concepto es poner la transmisión delante de la generación, al revés de hoy. Por lo precario del sistema de transmisión, se debe resolver lo antes posible.
¿Cuánto se podría demorar?
En la reciente licitación nos dimos cuenta de que, dadas las dificultades que tienen los inversionistas en la obtención de las servidumbres y las concesiones, si no ampliábamos los plazos de la construcción de las líneas de transmisión no íbamos a tener oferentes.
Dimos un plazo de cinco años para las líneas Santiago-Cardones, debido a las dificultades crecientes que estamos viendo en el mercado chileno no sólo para la construcción de centrales, sino también de líneas de transmisión.
¿Eso es lo que demorará desarrollar la carretera eléctrica?
Con las modificaciones que se van a introducir en el proyecto de carretera eléctrica podremos tener, en el menor tiempo, las inversiones en transmisión. Creemos que tiene que empalmar con la entrada de la generación que se va a incorporar hacia el final de esta década. Hoy día estamos consumiendo un total de 61.000 GWh al año, entre el SIC y Sing, y hacia fines de la década vamos a estar en 100.000 GWh anuales, y se requiere toda la infraestructura de transmisión necesaria.
¿Cuál será la extensión que tendrá la carretera eléctrica?
Estamos pensando en una franja, y también estamos estudiando la interconexión. Estamos hablando de algo que atraviese longitudinalmente todo el país, y si es que la interconexión resulta, tener más beneficios que costos. Pensamos que la carretera eléctrica pública vaya desde Puerto Montt al norte. Será una línea de corriente alterna que permitirá conectar los proyectos de ERNC de las distintas cuencas.
¿Y desde Puerto Montt al sur?
Desde Puerto Montt al sur no sería parte de la carretera. Ahí hay un proyecto de línea continua de las empresas que sacarán su energía desde Aysén, cautelando estrictamente el tema medioambiental.
¿Qué otros cambios están impulsando a nivel de regulación para mejorar la situación?
Dentro del primer semestre esperamos ampliar los plazos para las nuevas licitaciones de las distribuidoras de electricidad. Estamos mejorando las bases de licitación. Queremos corregir la situación de dar sólo tres años para que entren en operación los proyectos de generación que suministrarán la energía licitada. En ese tiempo es imposible que un privado tenga un estudio de impacto ambiental terminado, aprobado y una central construida, y eso no favorece la entrada de nuevas empresas.