Comercio presenta proyecto para subir penas a quienes realicen destrozos durante protestas

El gremio plantea tipificar como delito los daños materiales a bienes de la fuerza pública y castigar con cárcel (y no multas) a quienes destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular.

(El Mercurio – 21/09/11)
Por Julio Pizarro V.

Al interior de la industria del comercio existe preocupación por los daños registrados en el sector durante las protestas de los últimos meses en distintas ciudades del país.

Por lo que el consejo general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) decidió presentar a fines de la semana pasada al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, un proyecto de ley que modifica el Código Penal para subir las sanciones a quienes realicen destrozos a la propiedad pública y privada, además de ataques a Carabineros en las manifestaciones públicas.

En el gremio -presidido por Carlos Eugenio Jorquiera- comentan que se propuso al Gobierno tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a las fuerzas de orden y seguridad, además de castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones, impidiendo su normal funcionamiento.

“Actualmente, éstos no son considerados delitos, sino que sólo atentados y desacatos contra la autoridad, por lo cual la pena que reciben es asimilable simplemente a un daño, el cual es ponderado por un juez de garantía, lo que redunda en la práctica sólo en la aplicación de una multa”, explicaron.

Además, plantearon establecer penas de cárcel a los infractores y no multas como es actualmente. Esto, de acuerdo con la CNC, permitirá reducir la reincidencia en la falta.

También se propone incluir a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en la lista que establece el Código Penal para quienes cometen desacato, injurias y ofensa de hecho o palabra contra la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Por último, el documento entregado al Gobierno señala que es necesario ampliar el concepto de armas e incluir en esta definición a bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares utilizados en actos vandálicos durante las marchas o manifestaciones.

“Actualmente, es usual y reiterado que los fiscales lleguen a acuerdo con el defensor y transen en la multa menor y que los jueces sólo impongan multa, por lo cual los ofensores siguen cometiendo el mismo delito, sin que realmente reciban el debido castigo y tomen conciencia de la gravedad de sus actos”, dice el escrito presentado al Ministerio del Interior. La iniciativa será dada a conocer hoy, ocasión en que el gremio realizará un balance de los daños sufridos en los últimos meses debido a las manifestaciones.

61

detenidos se registraron durante las manifestaciones y marchas realizadas el 11 de septiembre pasado en el país.

US$ 2 millones

fueron estimados los daños en la tienda de La Polar ubicada en San Diego, que fue quemada y saqueada durante las manifestaciones del 4 de agosto.