El traje a la medida para HidroAysén

La aprobación de más de 2.300 kilómetros de cableado es una de las etapas más duras del proyecto hidroeléctrico. Mucho más, incluso, que las 5 megarepresas. Sin embargo, una iniciativa de concesión eléctrica, emanada del Ministerio de Energía en septiembre del año pasado, intenta pavimentar el camino para que la ruta se concrete en menor tiempo en caso de pasar todos los trámites ambientales.

por ALEJANDRA CARMONA
(El Mostrador – 20/05/2011)

El 29 de septiembre del año pasado, el Ministerio de Energía ingresó al Congreso un proyecto sobre el “procedimiento para otorgar concesiones eléctricas”, que busca principalmente agilizar el trámite y de esta forma facilitar el acceso a terrenos para construir líneas de transmisión.

Porque se presentó en un momento en que uno de los proyectos más emblemáticos en el lugar era HidroAysén, es que esta iniciativa es mirada con recelo por los detractores de la megacentral de Colbún y Endesa.

HidroAysén debe trazar 2.400 kilómetros de torres por ocho regiones del país, contempla 7.271 hectáreas y se prevé como una discusión aún más dura que la construcción de las 5 represas en los ríos Baker y Pascua.

Uno de los puntos clave de la iniciativa es el que dice relación con los predios donde se instalarán las torres. En el texto el ministerio señala que “de un tiempo a esta parte se ha podido constatar que el trámite concesional presenta una serie de problemas que lo entraban innecesariamente, retrasando de esta forma el otorgamiento de las concesiones y, por ende, el desarrollo más adecuado de los proyectos eléctricos”.

En todo momento la iniciativa busca reducir los plazos. Para algunos pronunciamientos disminuye el tiempo de respuesta de 90 a 15 días.

“Estamos enfrentando problemas en el desarrollo de los proyectos especialmente en temas de transmisión”, dijo a comienzos de esta semana al Diario Financiero el biministro Laurence Golborne, explicando el interés del Gobierno para “mejorar” la ley que regula las concesiones eléctricas.

Este interés, en todo caso, ha quedado plasmado en las 10 veces que –desde el 9 de octubre del año pasado– se ha puesto Suma Urgencia al proyecto.

El Mensaje señala que se modifica el procedimiento de tasación de los inmuebles afectados por las servidumbres impuestas en virtud de la concesión eléctrica, implementando más de una comisión tasadora, que hasta el momento se denomina “comisión de hombres buenos”. Los profesionales que integrarían esta nueva figura pueden ser multados si se demoran más del tiempo presupuestado para determinar el avalúo del terreno en cuestión. “En ninguna parte sale cómo van a ser nombrados y se los presiona con un plazo a favor del solicitante”, reclama sobre este punto Sara Larraín, directora de Chile Sustentable.

LA DESPROTECCIÓN DE LOS DUEÑOS

Otro de los puntos más cuestionados es la eventual supremacía que tendría sobre el dueño del predio, el solicitante de la servidumbre. “Entrega atribuciones expropiatorias a las empresas eléctricas o a los solicitantes… y este es un proyecto que está diseñado para facilitar el tendido de HidroAysén”, reclama Larraín.

Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, también lanza sus cuestionamientos. “Es casi inconstitucional este proyecto. Es hecho para el gran negocio eléctrico donde deja en indefensión a los propietarios de industrias, predios, proyectos turísticos, de ganadería, orgánicos o de vitivinicultura. Impacta gravemente porque externaliza costos a favor del sector eléctrico en desmedro del resto de los sectores”.

Otra de las reducciones de tiempo está relacionada con la Ley de Bosque Nativo. Respecto a ésta, el mensaje señala que “se entiende que el solicitante de una concesión eléctrica que requiere contar con el título de concesionario para solicitar autorizaciones o permisos especiales, como los exigidos por esta la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, tiene la calidad de tal para este solo efecto. De esta forma se permite acelerar el procedimiento concesional ya que será posible tramitar dichas autorizaciones y permisos en forma simultánea”.

El proyecto actualmente se encuentra en la Comisión de Minería y Energía del Senado.