Presiones, desconocimiento e irresponsabilidades hubo en el caso Kodama según varios funcionarios

Las declaraciones judiciales del subsecretario Andrés Iacobelli, la renunciada abogada Carolina Arrau y los jefes de las divisiones de Finanzas y Técnica del Minvu, Daniel Johnson y Hernán Contreras, respectivamente, revelan nuevos antecedentes.

CINTHYA CARVAJAL y RODRIGO CERDA
(El Mercurio – 29/04/2011)

El Jefe de División de Finanzas del Minvu, el ingeniero civil Daniel Johnson, fue el primero en detectar que había “errores” en el acuerdo al que se había llegado con la constructora Kodama, por el cual se debían pagar 17 mil millones de pesos por una disputa en torno a la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago. Así lo han declarado la mayoría de los testigos que han prestado testimonio ante el fiscal José Morales.

Johnson fue interrogado el 18 de abril en calidad de testigo a las 15.30 horas, luego que prestara declaración la ex abogada del Minvu, Carolina Arrau, y no estuvo acompañado por algún abogado defensor.

El ingeniero dijo que se enteró de los problemas a fines de enero pasado, cuando el 27 y 28 de ese mes le llegó una copia del Decreto Exento N°8 mediante el cual el ministerio autorizaba a “transigir” al Serviu con Kodama la suma de 770 mil UF. Lo primero que le llamó la atención fue “el monto de la transacción”.

Según explicó, el pago se ejecuta con un subtítulo del presupuesto del ministerio que es “excedible”, y por el cual debía pedir caja a la Dirección de Presupuestos (del Ministerio de Hacienda) para pagarlo.

“Para pedir el pago debía contar con todos los antecedentes”, aseveró al fiscal.

Lo primero que hizo entonces fue ir a ver al subsecretario Andrés Iacobelli, para abordar la situación y preguntarle si tenía él los antecedentes de respaldo.

“Nos pareció extraño, porque la firma del subsecretario era de Guillermo Rolando (quien subrogaba a Iacobelli)”, enfatizó.

Otra de las cosas que les llamó la atención fue el corto lapso que medió “entre demanda y acuerdo, además del monto involucrado”.

Fue entonces que Iacobelli ordenó buscar todos los antecedentes de respaldo. “Contactamos al Serviu, y cité a Antonio Llompart (el ahora renunciado director del Serviu) a una reunión en mi oficina. Le pregunté por los antecedentes para justificar el monto de la transacción y me señaló que no los tenía y que los tenía Franz Greve (subdirector de Pavimentación del Serviu), que estaba de vacaciones. Yo le señalé que debía justificar que las partidas cobradas eran las correctas y que la valorización de cada partida fuera la correcta”.

Según Johnson, Llompart insistía que Greve “tenía todos los respaldos”.

Una vez que Greve regresó a trabajar, se realizó una reunión en la que también participaron Rafael Marambio (hoy renunciado subdirector jurídico del Serviu) y Eduardo Contreras (jefe de la división técnica del Minvu). “Nos dijo que el sustento técnico del monto provenía del informe del Dictuc y que éste era pagado por Kodama. Se trataba de un informe por $17 mil millones, que habían rebajado partidas y que habían llegado a un monto de 14 mil millones”, relató Johnson.

Luego aclaró que hubo una cosa que le pareció irregular: “Me señalaron que habían vuelto a subir a $16.600 millones, porque había un cobro pendiente por el corredor de Santa Rosa. En ese corredor se había -según ellos- generado la obligación de pagar por Kodama una multa por 2.500 millones de pesos que el Serviu consideraba injusta. Por esta razón, y ante la injusticia, se les devolvía el dinero por esta vía”.

Finalmente el fiscal Morales lo interrogó por el rol del abogado Álvaro Baeza, asesor jurídico de la ministra Magdalena Matte, a lo que respondió: “Él siempre se mostró preocupado por el tema y entendiendo que debíamos tener los respaldos para pagar”. La última pregunta del fiscal fue si había vuelto a tener contacto con Baeza, a lo que Johnson respondió “no he vuelto a tener contacto con él”.

Hernán Contreras: “Se le propuso a Kodama anular la transacción”

A la empresa Kodama se le planteó la posibilidad de anular la indemnización por $17 mil millones a la que se llegó por alargue de obras e indemnización por la construcción de un corredor del Transantiago, con el fin de volver a analizar los antecedentes técnicos desde cero.

Así lo aseguró el jefe de la división técnica del Minvu, Hernán Contreras, cuando declaró ante el fiscal José Morales el pasado 19 de abril, sin un abogado y en calidad de testigo.

Contreras agregó que ante esa propuesta el abogado de la compañía, Darío Calderón, dijo “que no es posible que se recomiende eso a los clientes, quienes están dispuestos a revisar el monto de la transacción”.

Además, reconoció que al ver el informe del Dictuc, no se ajustaban los gastos generales y otros montos por concepto de gastos financieros que hacían subir las cifras desde $9 mil millones a los $17 mil millones.

Subsecretario declara que supo que hubo presiones

Su absoluto desconocimiento de la negociación que realizaban el Ministerio de Vivienda y el Serviu para cancelar a Kodama $17 mil millones por indemnización y alargue de obras, entre otras materias, declaró el subsecretario de esa cartera, Andrés Iacobelli, el 19 de abril pasado ante el fiscal que investiga ese caso, José Morales.

Ese día concurrió en calidad de testigo, a las 9:30 horas y acompañado de su abogado Karin Naranjo Hernández. Aseguró que, aparte de él, también ignoraban esta operación financiera los jefes de las divisiones de Finanzas y Técnica del ministerio, Daniel Johnson y Eduardo Contreras, respectivamente. En su declaración, Iacobelli dijo enterarse del tema el 31 de enero pasado, cuando Johnson le pasó el decreto N° 8 que ordenaba el pago a la empresa que construyó el corredor Pedro Aguirre Cerda para el Transantiago, y de que el Serviu no tenía un estudio sobre este caso porque el renunciado director de esa entidad, Antonio Llompart, le señaló que había sólo un informe del Dictuc, aportado por Kodama. Iacobelli mencionó al fiscal la existencia de presiones al manifestarle que “recogí como antecedentes que al equipo de Jurídica lo presionaron mucho desde el gabinete de la ministra”. Sobre el cuestionado asesor de la renunciada ministra Matte, el abogado Álvaro Baeza, expresa que éste le manifestó que no estaba bien que no hubiese un informe del ministerio y que recomendaba contratar otro estudio para comparar si la cifra (de $17 mil millones) era la correcta.