El acuerdo de las familias que dejarán sus casas si se aprueba HidroAysén

En el sector de Los Ñadis, la mayoría aceptó irse a cambio de nuevas tierras, apoyo económico y becas para sus hijos.

Verónica Moya
(El Mercurio – 29/04/2011)

Su predio es herencia familiar y ahí hizo su vida. Desde el lejano sector de Los Ñadis, a 400 km de Coyhaique, Enrique Sánchez sigue atento los procesos de evaluación del proyecto HidroAysén. Si éste es aprobado, una de las cinco centrales que se instalarán, la Baker 2 (ver infografía), inundará sus tierras y su hogar.

Al igual que él, son 12 las familias que deberán dejar la zona y por ello, la mayoría ya inició negociaciones con la empresa. “Es una buena oportunidad para salir y tener un campo con accesos, más cercano, donde pueda tener mis animales”, afirma Enrique, quien junto a dos de sus hermanos que viven ahí, aceptaron como compensación un nuevo campo, casa, galpones y ayuda económica para seguir la actividad ganadera.

Además, Enrique pidió becas para que sus dos hijos puedan ir a la universidad.

Para llegar al sector, hay que recorrer 45 km desde Cochrane por la carretera austral y luego ingresar a otro camino de 7 km. Después, hay que seguir a pie otros 4 km hasta llegar al río Baker, atravesarlo en bote y continuar otros 2 km.

Un poco más lejos reside Marisol Pizarro (49). Nació en el campo “Buena Vista” y ahí vive con su esposo e hijos en verano. Dice que al comienzo se opuso a dejar su hogar, pero su marido la convenció y ahora se irán a un terreno más cercano a Cochrane.

“Yo les digo a las personas de la empresa que hablan conmigo ‘me van a tener que pagar hasta los rastros'”, cuenta riendo. Sólo se quedará con el lugar donde está el cementerio familiar, por donde no pasará la central.

Diez de las doce familias ya han llegado a acuerdos. Arturo Quinto es uno de los dos que no firma aún, pues cree que no se llevará a cabo el proyecto. Pero la más reacia es la alemana Elizabeth Schindele, quien llegó a Chile en 1999, vive en Los Ñadis en verano y se dedica al agroturismo.

“Creo que Aysén no se merece ser utilizada por empresas que quieren sacar los recursos. Aquí hay muchas posibilidades para el turismo, la ganadería. Debería mantenerse así para las futuras generaciones”, afirma.

Lo que viene:

Evaluación y consultas:

Cuando los 32 servicios públicos que evalúan a HidroAysén emitan sus pronunciamientos (conformes o con observaciones) respecto a la tercera ronda de respuestas que entregó la empresa, se decide si corresponde o no enviar un nuevo set de preguntas.

Informes y votación:

Si no hay más consultas, se redacta un documento denominado ICSARA y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) agrupa los pronunciamientos finales en un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que se distribuye entre todos los servicios. Éstos deben visarlo -proceso que demora algunos días- como paso previo para la votación de la Comisión Evaluadora Ambiental (CEA), que tiene como fecha tope el próximo 16 de mayo.

Crece la tensión en Coyhaique por votación

En los últimos días, la tensión entre quienes están a favor y los que están en contra del proyecto HidroAysén ha ido escalando. Además de la renuncia del director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Eduardo Lagos, el miércoles los grupos que integran el Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) enviaron al SEA un documento solicitando que la intendenta Pilar Cuevas se inhabilite en la votación, así como otros funcionarios, quienes, según el CDP, “restan imparcialidad” al proceso.

Cuestionan que el Gobierno anunció inversiones por US$ 1.500 millones para los próximos tres años para proyectos energéticos, lo que implicaría un eventual aporte al proyecto hidroeléctrico. La seremi de gobierno Marcia Raphael respondió que los recursos no tienen relación con el proyecto.

Ya tres seremis se inhabilitaron del proceso por vinculaciones previas con la empresa: Fernando Guzmán (Economía), Victoria Moya (Minería) y Nicolás Terrazas (Vivienda).

Mientras, en internet continúan las campañas contra algunos funcionarios que deberán votar, y Marcelo Castillo, abogado del CDP, anunció que iniciarán acciones legales para que quien asuma como director subrogante del SEA tampoco participe en este proceso.