Concesionarios: tarifas subirían por nuevas cláusulas tras 27/F

De los 2.200 km de rutas concesionadas, sólo 100 km resultaron dañados en el terremoto. El 90% está reconstruido.

por Manuel Valencia
(La Tercera – 25/02/2011)

Un costo de US$ 270 millones tuvo el terremoto del 27 de febrero pasado para los controladores de autopistas urbanas, interurbanas y aeropuertos, agrupados en la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa).

Según estimaciones de este sector, las pérdidas corresponden al 25% de lo que se ha requerido invertir en reparación de infraestructura pública en el país.

A lo largo de los 2.200 kilómetros de rutas concesionadas, sólo 100 fueron afectados, lo que equivale al 4,5% de los daños. “La gran gracia es que está siendo financiado por las empresas y las compañías aseguradoras. Es decir, estamos hablando de US$ 270 millones que no financia el Estado y que son un alivio para las arcas fiscales”, señala el presidente de Copsa, Clemente Pérez.

Empresas

Entre las modificaciones que introducirá el Ministerio de Obras Públicas frente a las “lecciones aprendidas” en el terremoto -como las calificó el ministro Hernán de Solminihac- se estudia introducir cláusulas en los futuros contratos para establecer un sistema de cobro de peajes correlativo con el nivel de operatividad de las carreteras. De esa forma se busca evitar que las empresas cobren peajes o tags por una infraestructura que no está habilitada al 100%.

Pérez subraya que la disposición de las concesionarias “es buena, mientras esté bien objetivada la situación y no se preste para abusos. Hay que estar conscientes de que en la medida en que vamos exigiendo más cosas a las carreteras, es probable que las tarifas sean más altas o los plazos de concesiones más largos. Mientras más seguros se exigen, más van a cobrar las compañías aseguradoras que hoy financian la reconstrucción”.

Carlos Fuenzalida, vicepresidente de Besalco, señala que si a los financistas de las empresas “les cambian las condiciones de ingreso con las que esperan poder pagar sus préstamos, les puede afectar el nivel de riesgo de un financiamiento y, eventualmente, puede gatillar varias condiciones por cada contrato que exista. La complejidad es que los contratos existentes no contemplan esa condición”.