Editorial – Aumento en uso de cámaras de vigilancia: una medida prudente

(La Tercera. 02/11/2009)

Cuando hay abundantes señales de que la crisis económica que afectó al país ya está en retirada, diversas encuestas sobre percepción ciudadana dan cuenta de que la principal preocupación de la población ha cambiado de eje desde el empleo hacia la seguridad pública.

En sintonía con estas percepciones, el Consejo Regional Metropolitano aprobó la semana pasada la adquisición e instalación de 298 cámaras de seguridad para 24 comunas de la capital, a petición de los propios municipios y del Ministerio Público, lo que implicaría una inversión de $ 1.578 millones y un aumento del 106% de los equipos actualmente en funcionamiento. Una política que en los próximos meses se extendería a regiones.

No cabe duda de que la televigilancia genera un conjunto de beneficios para la ciudadanía. Diversos estudios internacionales concluyen que la utilización de cámaras de seguridad contribuye a disminuir comportamientos criminales, como robos a la propiedad privada, tráfico de drogas y prostitución, en las áreas que abarca su cobertura. Además de prevenir eventuales delitos en espacios públicos, se facilita la protección de las personas; la detección y el control de los delitos, y la disponibilidad de pruebas para ser utilizadas en tribunales.

Las cámaras también suplen falencias organizacionales o de recursos, como el número de policías en las calles. Este último, según datos de Carabineros de Chile, está lejos de cumplir el estándar internacional de un policía por cada 333 habitantes.

Hace algunas semanas, el Ministerio del Interior hizo públicas estadísticas sobre delincuencia que daban cuenta de un preocupante aumento en los delitos de mayor connotación social. Esto es coherente con el índice de victimización publicado por la Fundación Paz Ciudadana, que revela un alza en el número de hogares que han sido víctimas de delito, desde un 30,8% en 2000 a un 37,5% a junio de 2009.

A la luz de estos datos, debe ser valorado que se destinen nuevos recursos para resolver un problema. Sin embargo, este esfuerzo necesariamente debe ir aparejado con altos estándares de operación y gestión, y transformarse en un complemento de otras políticas antidelincuencia, no en el eje.

Se han formulado algunas críticas a este proyecto por el hecho que la proliferación de cámaras podría llegar a ser una limitación a la vida privada de las personas.

Sin embargo, en este punto es necesario considerar que se trata siempre de instalarlas en lugares públicos. Adicionalmente, es necesario que la información contenida en ellas, que en algunos casos puede llegar a ser sensible para las personas o su propia seguridad, debe ser manejada con estrictos estándares de reserva, de acuerdo a la ley vigente, y estar disponibles sólo para los fines de vigilancia y de soporte de las acciones en los tribunales.

Para evaluar la importancia de este medio, es útil apreciar la experiencia internacional: en Gran Bretaña, por ejemplo, uno de los países con el mayor número de cámaras de vigilancia en el mundo -cuenta con el 1% de la población mundial, pero con el 20% de las cámaras del orbe y sólo en Londres hay 10.524-, y que ha invertido cerca de US$ 822 millones desde 1996 en este ítem, se han presentado problemas operativos que impiden que se cumplan los objetivos con los que fueron instaladas.

Así, informes de la policía británica señalan que muchos oficiales que controlan los dispositivos en busca de evidencia no están entrenados. Al mismo tiempo, el período de almacenamiento de los archivos de imágenes es muy corto, y las estrictas normas de seguridad y manipulación que exigen los tribunales para que los videos sean aceptados como pruebas dificultan su uso en juicios.

Desde luego, junto con iniciativas de este tipo se deben afinar otras dimensiones del combate contra la delincuencia, como el trabajo de tribunales y las políticas de rehabilitación, entre otras. Sólo un enfoque integral y un esfuerzo sostenido pueden entregar resultados duraderos.