Salud contará con atribuciones especiales por el caso Arica

(El Mercurio. 14/08/2009)

VÍCTOR ZÚÑIGA

Plenos poderes extraordinarios, como los que tuvo en meses recientes para abordar la pandemia por influenza humana en todo Chile, tendrá dentro de 10 días el Ministerio de Salud para enfrentar y buscar soluciones perentorias, a raíz de la contaminación por plomo en zonas de Arica que afecta a parte de la población aún no determinada.
La ciudad norteña, además, deberá contar con un plan maestro dentro de 30 días que aborde las problemáticas y medidas.
Ayer, por primera vez, se reunieron en Santiago representantes de las comunidades afectadas con los ministros de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte -quien coordina-; de Salud, Álvaro Erazo; de Vivienda, Patricia Poblete, y de Educación, Mónica Jiménez, para fijar acciones en esos sectores.
“El Ministerio de Salud dictará dentro del plazo de 10 días un decreto de facultades especiales en materia sanitaria, con el objeto de permitir una eficiente y expedita gestión de las acciones que corresponda implementar en el sector salud y un plan de salud integral”, expresó el acuerdo logrado por la mesa.
Con dichas atribuciones, Salud podrá ejecutar exámenes médicos, testear presencia de arsénico, entregar credenciales y determinar la población sujeta a diversos tratamientos médicos.
Vivienda efectuará un catastro para definir el universo de familias residentes de poblaciones afectadas conforme a verificaciones en terreno, y con miras a ofrecer soluciones habitacionales lo antes posible.
La dirigenta vecinal Miriam Aguirre dijo: “Hemos llegado a un buen acuerdo. Los ministros trajeron una propuesta que es muy buena. Se va a trabajar en estos 30 días sobre la base de lo que nosotras pedimos. Logramos algo concreto y bueno para todos los pobladores”.

Extravío por ineficiencia
La ineficiencia causó el extravío de 4.992 exámenes de plomo tomados por Salud en 2000. Así lo determinó la investigación de Contraloría, que constató que el computador con el archivo digital fue dado de baja en 2005, que no es posible saber a quiénes se tomó el examen y que a 41 personas que arrojaron altos niveles de plomo nunca se les sometió a contramuestras ni a tratamiento. Está extinta la responsabilidad funcionaria, incluyendo la de Carolina Asela, hoy directora del Servicio de Salud de Arica.