Editorial – Norma contra contaminación

(El Mercurio. 13/08/2009)

Después de años de anuncios, el Gobierno se apresta a dictar una norma para el material particulado más fino (MP2.5). Estas partículas son especialmente nocivas, pues se enquistan en los alvéolos pulmonares, aumentando la morbilidad y la mortalidad por cáncer del pulmón y enfermedades cardiovasculares. Dicha norma, de estrictez progresivamente mayor, plantea que la concentración de partículas debe ser decreciente en el tiempo: parte en 25 microgramos por metro cúbico en 2012 -es más estricta que la europea actual, aunque menos que la mexicana-, y luego prevé un calendario para nuevas reducciones hasta 2032.
La Ley de Bases del Medio Ambiente fija el procedimiento para la dictación de estas normas: primero se publica un anteproyecto en el Diario Oficial, para discusión pública; luego se revisa por el Consejo Consultivo, que recomienda una versión definitiva, la cual debe ser aprobada por el Consejo de Ministros de Conama. En ese proceso se discuten los beneficios de la norma y también sus costos para los agentes productivos, y sobre esa base se determina su alcance.
En este caso, la mayor parte de los costos recae en los generadores de contaminantes, que en Santiago corresponden a la industria, las estufas a leña, los camiones y otros vehículos diésel, y al polvo resuspendido de las calles. La capital está mejor que Concepción y Temuco, que tienen emisiones de más del doble del tonelaje, debido en gran medida a la combustión de leña.
Los estudios recomiendan medidas tales como filtros en las centrales de generación, industrias, buses y camiones, lo que tiene costos de instalación, operación y mantenimiento estimados, según Conama, en cinco mil 100 millones de dólares entre 2012 y 2021. Los beneficios se relacionarían con la reducción de enfermedades y muertes que se pueden asociar a mayores concentraciones de contaminantes. Las estimaciones del estudio en que se basa Conama prevén una reducción en la mortalidad de 33 mil casos, lo que tendría beneficios de casi 19 mil millones de dólares. Sin embargo, no queda en claro cuál fue la tasa de descuento utilizada para valorar costos y beneficios. En todo caso, Conama eligió la norma más estricta entre las tres que estaban en consideración.
Hace años que los especialistas en temas medioambientales reclamaban una norma para este material particulado, pero tanto el costo como la escasa experiencia internacional habían inhibido una decisión. Pese a que esta norma tiene un alto costo, si se verifican las esti-maciones del estudio base, y si es correcta la tasa de ac-tualización de beneficios y costos, sería una medida rentable desde el punto de vista social.
Falta aún la etapa de discusión pública, en la que otros especialistas analizarán los estudios para determinar si la norma es conveniente en la forma como está estructurada; esto es, si debe ser más dura, como proponen algunos, o más laxa, como probablemente desean quienes deben pagar sus costos. Sin embargo, la emisión de contaminantes es, efectivamente, una externalidad negativa para el resto de los habitantes, y el ajustarse a las normas en parte internaliza -como es correcto- esos costos.
Además, cabe una consideración importante respecto del procedimiento utilizado por la ministra de Medio Ambiente: ella ignoró la referida Ley de Bases al presentar su propuesta al Consejo de Ministros antes de someterla a la discusión pública. La ministra ha afirmado que dicha norma ha sido aprobada unánimemente por ese consejo, pero éste no podría hacerlo sin cumplir antes con todas las etapas que prescribe la ley. En este caso, falta aún la mencionada discusión pública.
Este necesario debate podría no ser breve. Los ambientalistas aprueban, en general, el referido plazo de 20 años para cumplir la norma reductora de MP2.5, pero el senador Girardi lo estima demasiado largo, en perjuicio de la salud de las personas. Y también merece atención lo observado por el encargado de enfermedades respiratorias del Ministerio de Salud, según el cual el cumplimiento de la norma dependerá de que la ciudadanía decida si la matriz energética de Chile será limpia o sucia; esto es, si el país va a usar diésel y centrales termoeléctricas (carbón), o gas natural y centrales hidroeléctricas.