Carta – Política de vivienda I

(La Nación. 27/07/2009)

Señor Director:

Una vez más, Sergio Almarza escribe dando a entender que la opción de dejar de construir viviendas de bajo estándar es lo mejor para una política habitacional.
Comprensible que lo haga, pues ésta es su actividad comercial, que se desarrolla con honorarios pagados por el Estado.

Uno de los éxitos muy reconocidos de las políticas habitacionales chilenas es que siempre se han concretado a partir de la experiencia previa, haciendo cambios profundos pero nunca rechazando todo lo anterior.

Efectivamente, mientras subsistió un importante déficit de viviendas, fue primordial la cantidad, pues era preciso atender con rapidez a las familias que vivían en condiciones de precariedad.

Hoy día la situación es muy diferente.
Para las familias más vulnerables ya no se construyen viviendas de estándar mínimo. Aquí el tema no es la carencia habitacional. El tema de fondo es cómo efectivamente cubrimos esa carencia, pero con criterios de calidad e integración social.Ya no se construyen viviendas, sino conjuntos habitacionales, con equipamientos y mejores ubicaciones, lo que se ha traducido en una mejor calidad de vida. Todo ello gracias a nuevos instrumentos y programas; un solo ejemplo: el subsidio a la localización que promueve la integración, al financiar terrenos bien ubicados y evitar que las familias vulnerables sólo tengan la posibilidad de vivir en la periferia de la ciudad, lejos de los centros urbanos y el equipamiento.

Hemos aumentado el monto de los subsidios que financien barrios, con viviendas de al menos dos dormitorios, baño, cocina y estar comedor, ampliables a cuatro dormitorios proyectados y con los derechos municipales pagados.

Hemos diversificado los montos de subsidios por comunas, incentivando la construcción en lugares donde antes era imposible construir por los mayores costos que esto implicaba.
Hemos construido una política urbano-habitacional de calidad e integración social, que no sólo ha sido reconocida por el más amplio espectro de alcaldes, parlamentarios y actores del sector de la construcción, sino, lo más importante, ha sido reconocida por aquellos beneficiarios que sienten que la dignidad llegó para quedarse también en ellos.
No sólo todo lo anterior, sino que hemos mantenido vigente la posibilidad de adquirir viviendas usadas con los subsidios habitacionales y hemos incrementado su incidencia en el programa destinado a los grupos más vulnerables, pasando de un 10% en 1999 a algo más de un 26% en la actualidad. Sin embargo, no creemos que los más vulnerables que hoy viven de allegados o en campamentos deban optar sólo por una vivienda usada como dice el señor Almarza.
JAIME SILVA A.
Jefe de la División de Política Habitacional Ministerio de Vivienda y Urbanismo