Vivienda abre 130 procesos y castiga a siete entidades por asesorías irregulares de subsidios

(El Mercurio. 9/07/2009)

Por Víctor Zúñiga.

102421014_foto_vivienda_subsidios.jpgLas señaladas empresas han sido suspendidas o eliminadas del sistema.

Un total de siete empresas EGIS -Entidades de Gestión Inmobiliaria Social- encargadas de asesorar a las familias interesadas en postular a los subsidios habitacionales, especialmente de sectores vulnerables, fueron sancionadas por el Ministerio de Vivienda, algunas de las cuales incurrieron en cobros indebidos a las familias, lo que es ilegal, según la normativa vigente, pues el Estado paga para cumplir con tal tarea.

Así, lo explicó el jefe del Departamento de Gestión de Calidad del Ministerio de Vivienda, Julio Echavarría, al explicar que hay 130 procesos de sanción abiertos en el país este año contra las EGIS, tras denuncias formuladas por usuarios, y que están en estado de investigación.

Entre las sanciones existen suspensiones por 6 o 12 meses, caducación del convenio bilateral en caso de cobros ilegales o no cumplimiento de requisitos básicos del convenio. “La adulteración de firmas en los documentos es también causal de término del convenio”, señaló Echavarría.

La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, señaló anteayer que sólo algunas EGIS, de las mil que operan en este ámbito, están engañando a las familias con información falsa y con cobros indebidos.

Incluso, por la transparencia del sistema de postulaciones a los subsidios, y al haber recursos públicos involucrados, existe una hoja de vida o ficha de cada una de las EGIS del país con información específica, en que se incluyen los resultados de estas investigaciones de sanción ya publicadas en la página web de la cartera (www.minvu.cl).

Julio Echavarría agrega que tal publicación busca que las personas y las familias no se vinculen con estas entidades que tienen sanciones ya comprobadas (ver infografía). “También se busca que la gente se informe y se acerquen a aquellas EGIS con mayor experiencia y no registren problemas”, dijo.

El personero explicó que el proceso de investigación, ante denuncias formuladas, con seguridad va a hacer aumentar el número de entidades sancionadas más allá de las siete.

Recordó que este proceso está descentralizado, región por región, de forma que cada seremi debe subir tales resultados a la página web del Minvu.

Acotó que hay denuncias sin fundamento y ha sucedido que hay entidades que resultan sobreseídas, tras la investigación.

“Acá hay una serie de inescrupulosos que se están aprovechando al engañar a las familias más vulnerables. Vamos a investigar cada caso”.

PATRICIA POBLETE
MINISTRA DE VIVIENDA

EGIS

NÚMERO. Existen mil EGIS en el país y algunas están en problemas.

Acusan vacío legal en ley de los subsidios
Un vacío legal en la normativa vigente referida a las postulaciones a los subsidios habitacionales que permite, por ejemplo, entregar subsidios para vivienda usada entre parientes acusó la Asociación Nacional de Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (Anegis).

Su director, Francisco Urroz, explicó que esta materia se la hicieron ver en febrero pasado en carta a la ministra Poblete.

Incluso, la propia secretaria de Estado indicó que se ha detectado que un padre le vende su casa usada a un hijo mayor de edad, quien lo hace mediante el cobro del subsidio por 12 millones de pesos y en que ambas personas siguen viviendo en la misma vivienda.

Urroz afirma que el programa de subsidios a la vivienda usada es bueno en sí, pero explicó que el plan falla porque el Decreto 174 deja un vacío en varios ámbitos, de las cuales “el mercado se aprovecha”.

“Estas situaciones se las hicimos ver al Ministerio de la Vivienda hace cinco meses. Nuestra asociación quiere darle una solución a esto y estamos en buena conversación con la cartera”, dijo.

El representante, en todo caso, reconoció que podría haber problemas con algunas EGIS en las prácticas que siguen.

El presidente de Anegis, Alejandro Araneda, dijo anoche que el Minvu habría enviado una corrección del mencionado decreto a la Contraloría para evitar compra y venta de casas usadas entre parientes.