Lecciones de la Central Campiche

(El Mercurio. 2/07/2009)

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La Corte Suprema anuló el permiso ambiental de la Central Campiche, de AES Gener, por lo que esa empresa debe cesar la construcción ya en marcha. El fallo es inapelable, por lo que Gener debería conseguir un nuevo permiso para terminarla. La decisión de la Corte se basa en que ella se construiría en terrenos designados como áreas verdes, pero no se obtuvo oportunamente el cambio en el uso del suelo -falla administrativa que ha sido advertida por la Contraloría, que abrió un sumario al respecto.

Sorprende que algo tan elemental, al parecer, no haya sido atendido en una etapa muy inicial, pero cabe recordar que durante el período de crisis eléctrica de los últimos años, el Ministerio de Energía se comprometió a una vía rápida para acelerar los proyectos, para que no los retrasaran las trabas burocráticas usuales. Desde entonces ha caído el crecimiento de la demanda y han entrado en operación numerosas generadoras, por lo que la urgencia aparece ahora menor.

Actualmente, el desarrollo futuro de la generación incluye una gran cantidad de centrales a carbón, y la dependencia de éste se debe a la oposición medioambiental a los proyectos de hidroelectricidad. Esta última es usualmente la tecnología más competitiva en el sistema interconectado central, pero dado que ese camino está semicerrado, la expansión planeada sería sobre la base de centrales de carbón, que en las condiciones actuales es la segunda tecnología con menor costo de operación.

Sin embargo, una razonable aprensión es que la presión ambientalista se desplace ahora también hacia las centrales térmicas a carbón. Y, en realidad, éstas resultan ambientalmente menos amigables que las hidráulicas, por sus efectos en los niveles local y global: son probablemente las mayores emisoras de dióxido de carbono y emiten otros contaminantes que afectan el entorno mediato; además, a causa de los efectos globales de la combustión de carbón, es posible que en el futuro se fijen impuestos al uso del mismo, que elevarían los costos de generación y, a la postre, los del abastecimiento eléctrico.
Chile ya tiene costos superiores a los de países comparables, y esto hace que nuestras empresas sean menos competitivas, lo que afecta el crecimiento y el desarrollo. Por eso, una respuesta de largo plazo es reconsiderar las restricciones políticas al desarrollo hidroeléctrico y nuclear. Existen otras opciones de generación, abundantes y aparentemente más aceptables para los ambientalistas, como la geotérmica y la eólica, pero hasta ahora no se ha demostrado que sean competitivas sin subsidios.

En el corto plazo, detener plantas como la de Campiche redundará en un mayor precio de la energía, pero también es predecible que la oposición a estos proyectos aproveche todos los errores que cometan sus promotores. Evidentemente, los beneficios de proyectos como éste son nacionales -ya que todo el país se beneficia-, pero gran parte de su costo está localizado en el lugar del emplazamiento. Parece razonable, por tanto, que haya compensaciones para las localidades donde se establezcan. Así, la empresa podría lograr que la comunidad esté a favor del proyecto, ya que perderlo sería costoso para ella. En el caso de Ventanas, las compensaciones serían pequeñas obras de embellecimiento que no parecen suficientes para generar este efecto favorable, por lo que instalar la planta resulta una suerte de imposición a la comunidad.
Se podría implementar una reforma para reducir estos conflictos, consistente en una instancia de negociación formal para definir las compensaciones a las localidades afectadas. En tal caso, incluso podría producirse competencia entre localidades por recibir proyectos cuyos costos se compensen por los beneficios asociados.