Urbana

El fenómeno de las organizaciones ciudadanas parece hoy no ser noticia. Desde aquellos grupos de vecinos de Pedro de Valdivia Norte, Bellavista e Independencia que se oponían a la construcción de la Costanera Norte (que luego conformarían junto a otros la organización Ciudad Viva) hasta las cerca de 70 agrupaciones que existen hoy en la capital, han pasado más de 10 años. Y esto sólo en Santiago. Grupos de ciudadanos en El Quisco, Maitencillo, Temuco y otras regiones del país han llamado la atención de la opinión pública de tal forma que ya no pareciera ser ninguna novedad el surgimiento o término de alguna de estas.

Pero ¿Qué tienen en común estas agrupaciones? ¿En qué medida logran concretar sus peticiones y pasar a representar efectivamente las inquietudes de algún grupo de vecinos? Sin dudas, los conflictos y situaciones particulares de cada agrupación se deben a intervenciones específicas que amenazan con cambiar las condiciones de vivienda y uso del espacio público de los habitantes, pero hay elementos transversales que caracterizan a los movimientos ciudadanos.

En primer lugar está el caracter reactivo que por lo general tienen las organizaciones. Pocos han podido sobrepasar el conflicto puntual que los enfrenta, ya sea a inmobiliarias, municipalidades, planes reguladores, etc… Sólo algunas han podido pasar de esa primera etapa de confontación a un estado propositivo que genere nuevas ideas y propuestas de ciudad. Defendamos la Ciudad, los vecinos por la defensa del Barrio Yungay y Ciudad Viva han logrado hacerlo, y se han convertido en una especie de voz autorizada y de opinión a la hora de presentarse un nuevo conflicto urbano.

Independiente de la evolución de dichas agrupaciones, la mayoria de los movimientos ciudadanos no vive esta realidad. Junto a los problemas típicos de administración, capacidad de convocatoria, los dirigentes de los movimientos territoriales dicen que no hay una receta para alcanzar el éxito, pero sí coinciden en que todos tienen el mismo problema: financiamiento. Si un grupo de vecinos quiere convocar un plebiscito comunal, por ejemplo, debe reunir el 10% de las firmas del padrón electoral de la comuna y legalizarlas ante notario. Éstos, en promedio, cobran $100 mil por tres horas de servicio o $1000 por cada firma legalizada, suma que no todas las organizaciones barriales están en condiciones de pagar, ya que la mayoría se financia con el dinero de los propios vecinos y no reciben aportes externos.

Según el estudio que hizo el urbanista Ivan Poduje para la Dirección de Asuntos Públicos de la Universidad Católica, el 66 por ciento de las 34 organizaciones ciudadanas que existían en  Santiago en el año 2006 pertenece a estratos ABC1. Hecho que el sociólogo Manuel Tironi atribuye a que esas personas cuentan con los requisitos básicos para organizarse: tiempo y plata. Dar vida a una organización ciudadana no es nada fácil. La mayoría de las veces éstas se originan por grupos reducidos que reaccionan ante proyectos puntuales y se diluyen una vez que el conflicto termina. Pero hay varios elementos que pueden marcar la diferencia entre un grupo y otro. Lo primero es que los integrantes estén fuertemente comprometidos con los objetivos de la agrupación.

Es el caso de un grupo de cerca de 100 vecinos de la Pintana que han formado el Comité de Defensa de La Pintana. Hace tres meses empezaron a recolectar firmas, coordinar reuniones, redactar cartas y pintar afiches. Su fin es que el municipio no autorice la construcción de viviendas sociales en terrenos agrícolas de la comuna. Aunque no les ha ido tan bien con lo de las firmas (llevan 500 y necesitan seis mil), ya iniciaron los trámites para que el Consejo de Monumentos Nacionales declare Zona Típica sus huertos. Otro ejemplo de formación de un movimiento ciudadano, esta vez ante la construcción de un edificio de siete pisos que contraviene el caracter de zona típica del barrio Dalamacia en en la comuna de Providencia. Los vecinos se agruparon y ya comenzaron con una ofrensiva legal en contra del municipio por entregar los permisos de edificación en una zona que esta protegida según el Consejo de Monumentos Nacionales, que es la entidad que define y otorga la condición de zona típica.

Por último, también resulta interesante preguntarse por la escasa ayuda que reciben, desde el mundo académico, de profesionales y estudiantes, estas organizaciones ciudadanas que con bajísimo conocimiento de normativas, relación con las autoridades y derechos ciudadanos se embargan en una lucha desigual, engorrosa y muy sacrificada. Los esfuerzos personales, los líderes por naturaleza, y los vecinos buena onda no son ni serán suficientes para detener estas transformaciones. Tampoco los jóvenes salvadores, ni los expertos, pero sin duda que con la integración de todas estas personas, con la oportunidad de debatir y proponer nuevas medidas se avanza en la tarea de darle a los ciudadanos,  una voz en la modificación de la ciudad y en la construcción de una obligación (encarnada quizás en una institucionalidad de planificación urbana) de pensar y trabajar por las ciudades que queremos habitar.

Fotos de Camilo Carrasco (Barrio Yungay) y culturaenmovimiento.cl