Plataforma Urbana

Uno de los grandes problemas de la vivienda social en Chile, además de su calidad, es su localización. La mala localización, casi siempre periférica, se debe en gran parte a la política de vivienda social de los últimos Gobiernos, que ha priorizado cantidad por sobre calidad o localización. Sin embargo, los últimos años el gobierno ha dado señales de entender que “lo barato sale caro”, razón por la cual ya se han anunciado cambios en la calidad y tipología de vivienda social, a lo que hoy se suma una nueva estrategia: un subsidio diferenciado a la localización.

Como bien decíamos, la política de vivienda social del MINVU ha sido, desde su creación en 1965, la de construir la mayor cantidad de viviendas necesarias al menor costo posible, y si consideramos que los estándares de calidad y diseño son similares para todas las viviendas sociales que entrega el Estado, la variación de su costo se relaciona directamente con su localización. Es por esto que la tendencia ha sido siempre la ubicación de estas viviendas en los terrenos más baratos, generalmente periféricos, y por tanto de menor calidad, con importantes carencias de infraestructura y casi siempre con serios problemas de conexión con los servicios que presta la ciudad. Está claro que mientras más inaccesible el terreno, más barato.

Esta política de vivienda ha llevado incluso a construir fuera de lo que es considerado como ciudad. Es así que cuando se fijaron los límites de crecimiento urbano en el PRIS del 60 y PMRS del 94, y los precios de las áreas urbanizables subieron, el MINVU no tuvo acceso a terrenos del valor que podía pagar, que en los 90 rondaba los 0,8 UF/m2. Esto llevó a que el propio ministerio, en repetidas oportunidades, cometiera una de las incongruencias más grandes según mi opinión, extender el límite que ellos mismos proponían como necesario. De esta forma compraban terrenos baratos fuera del límite, realizaban sus proyectos y luego extendían el límite, para que las viviendas construidas estuvieran en la ciudad. Esto, además de extenderla desplanificadamente la ciudad ha traído consecuencias aún mayores, ya que en muchos casos el MINVU no se preocupó de construir la infraestructura urbana necesaria para los nuevos terrenos.

Así el propio Gobierno impuso estándares insuficientes a los proyectos de vivienda social, lo que ha causado que actualmente en la periferia se observen grandes extensiones de acumulaciones de casas sin la infraestructura ni servicios necesarios. Es importante considerar que este fenómeno tiene su origen en las erradicaciones de campamentos de las zonas orientes y centrales de Santiago durante el gobierno militar, las que fueron enviadas a la periferia sur poniente de la capital, marcando una tendencia que hasta hoy no ha podido ser revertida.

El último coletazo del tema sucedió en el 2003, cuando se aprueba el artículo Nº55 de la ley general de urbanismo y construcciones, la que permitió construir libremente viviendas sociales más allá del límite urbano!!!!

Las consecuencias de estas políticas son claras: una marcada segregación social, grandes áreas de la ciudad desprovistas del equipamiento necesario, una importantísima desintegración de las redes sociales, al desvincular a la familia de sus amistades y parientes de su antigua zona residencial, como también un empeoramiento de la calidad de vida acentuado por los largos desplazamientos que los moradores de estas viviendas deben realizar hasta sus trabajos.

Todo esto refleja una gran falta de planificación y malas políticas de vivienda social que se han mantenido hasta ahora, y que el nuevo sistema de transporte Transantiago no ha hecho más que dejar al descubierto de una forma dramática.

Es por ello una gran y positiva señal, que el gobierno comience a darse cuenta de que esto no puede continuar así y que proponga medidas como esta nueva estrategia de subsidio diferenciado a la localización, que permite habilitar terrenos “baratos” bien localizados, que aunque requieren de un mejoramiento del suelo, se encuentran en lugares más centralizados y promueven además una regeneración de áreas por ahora desutilizadas.

En un comunicado del gobierno se señala que, “Para ser merecedores del subsidio, los terrenos deberán cumplir ciertas condiciones, como estar al interior del área urbana, en sectores consolidados; estar factibilizados; tener acceso a establecimientos educacionales (prebásica y básica), a establecimientos de salud primaria, transporte público y a una vía pública”¹ .

Se premiará entonces con un subsidio de hasta 150 UF por vivienda a aquellos proyectos bien localizados en sectores urbanizados y dotados de servicios (la cifra se fijará en relación al avalúo fiscal de los terrenos y la densidad del conjunto habitacional), con lo cual se maximiza el aprovechamiento de todo tipo de redes: de salud, educación y transporte. Además se exige que los proyectos cumplan con algunos estándares mínimos, como contemplar un máximo de 150 viviendas y que como mínimo el 60% de sus habitantes pertenezca a la comuna. Así se mantendrá a las familias en sus comunas de origen, evitando cortar sus redes sociales y cambiar rotundamente su vida diaria. Para todo esto existe una única condición, la propiedad no se puede vender durante 15 años desde su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

Bienvenidos entonces los incentivos para hacer de las ciudades de Chile más integradas y evitar que se siga enviando a los segmentos más pobre de nuestra capital a lugares lejanos, que además de segregarlos, causa caos en el total de la ciudad.

Fuente de la Información:
gobiernodechile.cl

Fuente de las Imágenes:
gobiernodechile.cl
plataformaurbana.cl

1. http://www.gobiernodechile.cl/plan_vivienda/poblaciones.asp [↩]