Expertos dudan que nueva licitación de Transantiago cierre en este gobierno
Por Oriana Fernández y Aldo Vidal.
Técnicos y parlamentarios cuestionan plazos para cerrar operación que reemplazará el 60% de la flota.
Que no sea un nuevo “big-bang”. Con ese objetivo, el gobierno prepara los cambios que propondrá para el Transantiago, con ocasión de la próxima licitación, fijada para el 2018, y que involucrará la renovación del 61% de la flota. Una experiencia que en 2007, cuando se puso en marcha el actual modelo de transporte público, dejó en la población un mal recuerdo.
Con esa imagen aún viva en la memoria y el aprendizaje de casi 10 años de funcionamiento, el Ejecutivo confía que podrá hacer públicas a fin de año las nuevas reglas a las empresas interesadas en seguir o sumarse a esta industria.
Con ocasión del segundo encuentro internacional de la movilidad urbana “Oportunidades actuales para soluciones futuras”, organizado por la Fundación Transurbano, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, sorprendió a una audiencia -que reunió a especialistas nacionales y extranjeros- con el cronograma estimado para el próximo proceso licitatorio y los principales cambios que se pretenden aplicar: “Estaremos ingresando a fin de este año los contratos de licitación a la Contraloría. Luego de ello se estaría comenzando el llamado de licitación a mediados del próximo año”. Agregó que luego de que se aprueben las bases técnicas, se realizará una consulta ciudadana para conocer la visión de la población. Esto, sumado a un cronograma preliminar de la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM), dado a conocer ayer por el senador Andrés Allamand (RN), da cuenta que la adjudicación de las futuras operaciones se conocerán en febrero de 2018, es decir, un mes antes de que el gobierno termine su período.
Justamente, Allamand fue el primero en poner en duda los plazos del gobierno: “El itinerario del ministro no calza, no tenemos tiempo, ninguno de estos plazos se va a cumplir”. El parlamentario precisó que una fase que podría retrasar los planes es la revisión que hará la Contraloría a los contratos, plazo que el Ejecutivo estima en tres meses (de marzo a junio). “Aquí quiero decir una cosa. Ni a ‘collihuasos’ la Contraloría alcanza a revisar las bases en tres meses”, remarcó. Añadió que el gobierno ha informado en diversos encuentros que la adjudicación de la licitación será en febrero del año 2018, lo que es “irreal”.
Raimundo Cruzat, ex coordinador de Transantiago, coincide con que es “imposible” que se alcance la licitación en ese plazo, ya que durante esos meses se deben “despejar las dudas” a todos los actores sobre el futuro del sistema.
El director de la Escuela de Ingeniería de la U. Diego Portales, Louis de Grange, también fue determinante. “El gobierno no alcanzará a relicitar y lo chuteará para la próxima administración”. Los cálculos de los expertos indican que, por ejemplo, traer los nuevos buses al país demora, al menos, ocho meses.
Iván Poduje, arquitecto y socio de la oficina Atisba, llamó a que no se hagan “cambios cosméticos” a este plan. “El plazo de diciembre (para presentar las bases ) es acotado. Esperemos que estas no se diseñen a puertas cerradas, como se hizo en 2006”, dijo.
Al respecto, en la cartera se precisó que las fechas entregadas en las reuniones con especialistas son “preliminares”, por lo que no se pueden hacer críticas sobre los plazos.
Exigencias
Las críticas a los plazos estimados se presentan en medio de una reforma que busca establecer un nuevo estándar en infraestructura, incentivos diferentes a la industria y, además, una modificación de las mallas de recorridos de los nuevos operadores.
El ministro Gómez-Lobo planteó que se seleccionarán alrededor de 12 empresas, que posean flotas de entre 300 y 700 buses, para que se hagan cargo de los servicios. Ello implicaría una expansión del mercado para evitar la concentración de los servicios en unos pocos operadores. Hoy, participan en el Transantiago siete concesionarias que han ido absorbiendo en el tiempo nuevos recorridos, presentando problemas financieros, disconformidad de sindicatos de conductores y un plan de operación que no pueden abordar.
Otro punto que ha estudiado el gobierno es que se estipulará un esquema de incentivos diferente al que rige hoy: se espera que se implementen beneficios o “premios” a las firmas que sean bien evaluadas por los usuarios, variable que es primera vez que se incluye. Además, se proyecta un cambio en la forma en que se les entregan recursos a las empresas: hoy reciben pagos por pasajero transportado (70% de los montos) y por kilómetro recorrido (30%).
El gobierno, además de fijar nuevas reglas, proyecta facilidades al sector, por lo que se implementará una red de terminales para ser usados por las compañías. “La idea es evitar barreras de entrada a nuevas empresas que deseen ingresar al sistema”, dijo Carlos Melo, el coordinador de la reforma del Ministerio de Transportes. El ministro precisó que esta licitación especial se llevaría a cabo a mediados del 2017, para que los recintos estén operativos en 2018.
Víctor Barrueto, director de la fundación Transurbano, aseguró que en los contratos de 2018 se debe analizar la situación de los choferes. “Los 17 mil conductores son clave en el sistema. Turnos, horarios, estímulos para ingresar y contratos deben ser resguardados, pues ellos son considerados funcionarios que realizan un trabajo pesado”, indicó.
