Juzgado ordena a Providencia pagar US$ 4,9 millones a empresa de estacionamientos
Por Ximena Bertin.
Concecionaria de Manuel Montt demandó a la municipalidad por no respetar contrato.
Una suma cercana a los US$ 4,9 millones (casi $ 3.500 millones) es lo que deberá pagar el municipio de Providencia a la concesionaria de los estacionamientos subterráneos de Plaza Dawes, en Manuel Montt, según una sentencia del 26° Juzgado Civil de Santiago. Esto tras una demanda presentada en 2012 por la empresa debido a un incumplimiento de contrato.
La firma que administra los aparcamientos, perteneciente al Grupo Azvi, empresa que construyó el fallido puente Cau-Cau en la Región de Los Ríos, se adjudicó la concesión en 2006, cuando el alcalde de la comuna era Cristian Labbé. Según argumentó en la demanda, el municipio no habría respetado la zona de exclusión de estacionamientos de superficie, los cuales están establecidos por contrato y se consideran para proteger la inversión del privado.
De acuerdo a la sentencia, “existió incumplimiento en el contrato (…) debiendo la parte demandada pagar la suma equivalente en pesos de 22.722 UF ($ 583.023.798) por cada año a contar del día 5 de agosto de 2009, más los intereses corrientes”.
El dictamen, fechado el 23 de junio del 2015, fue apelado por el municipio al mes siguiente, lo que fue acogido por la Corte de Apelaciones y se encuentra en tramitación. “Cuestionamos que se haya concedido la indemnización como también el monto. Este es un tema de derecho. Lo único que hizo el municipio fue acceder a la solicitud de la propia empresa de poner término al contrato al no obtener la autorización ambiental para construir un segundo módulo de estacionamiento. Creemos que la sentencia es muy imprecisa y que podemos revertirla”, dijo el abogado de la dirección jurídica de la municipalidad, Gonzalo Vallejo Geiger.
El proyecto original contemplaba otro estacionamiento en la Plaza Juan XXIII (en Antonio Varas con Nueva Providencia), pero finalmente no se construyó por oposición de la autoridad ambiental. Si bien ese modulo estaba asociado a una zona de exclusión distinta a los de Plaza Dawes, la empresa la reclama como propia por haber ganado la licitación de ambos módulos.
Vallejo Geiger agregó que el municipio puso a disposición de la Corte de Apelaciones nuevos antecedentes, que no habrían sido tomados en cuenta en primera instancia.
Falta de información
De confirmarse la sentencia por parte del tribunal de alzada, el municipio podría recurrir de casación ante la Corte Suprema, por lo que el proceso podría extenderse hasta el próximo período municipal.
El concejal Rodrigo García Márquez (Ind) señaló que no fue informado y sólo se enteró a través de la web del Poder Judicial. “Una acción de esta naturaleza, que eventualmente podría afectar el patrimonio municipal, debió haberse comunicado al concejo, pero no podemos no estar al tanto”, aseguró.
Consultado el concejal David Silva (PS) sobre si conocía la sentencia en primera instancia, dijo que “la verdad que no recuerdo, a lo mejor se informó en una sesión que no estuve”.
El concejal Nicolás Muñoz (DC) comentó que “se nos informó del juicio por escrito y en concejo a petición de la concejal Pilar Cruz”. En tanto, el concejal opositor Pedro Lizana (Ind) calificó la falta de información “como una forma de dilatar el proceso para que el próximo alcalde enfrente el fallo”,
El abogado Vallejo confirmó que al concejo fue informado de todos los juicios en curso a solicitud de la concejal Pilar Cruz (RN), pero que aún no se informa de esta sentencia “por un tema de estrategia judicial. Solicitamos nuevas diligencias, fueron concedidas y sólo estamos a la espera que se pongan en tabla, con eso ya estamos en condiciones de informar al concejo durante la última semana de febrero o la primera de marzo”.
