Vivienda prepara cambios al proyecto de ley de aportes: no financiará la compra de buses

busesPor: Manuel Valencia.

Gobierno buscará dar un giro más urbano a la norma, además de simplificar su aplicación con un modelo previsible: Iniciativa apunta a que todos los desarrollos inmobiliarios compensen sus efectos en el tránsito. Hoy solo lo hacen las grandes obras.
A tres años de su ingreso, el proyecto de ley de aportes, que busca establecer un nuevo sistema de mitigación vial en el que todos los proyectos inmobiliarios aporten recursos para compensar sus impactos en el tránsito y en el espacio público, vive días de reestructuración.

Cuando en septiembre pasado, el Ministerio de Transportes pidió a Cencosud resolver parte del impacto vial del proyecto Costanera Center con la compra de buses del Transantiago, muchos anticiparon que la idea -viable en el vigente sistema de mitigación de los Estudios de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (Eistu)- no sería aislada y a la vez sería parte del nuevo proyecto de ley. Y así fue. Un mes más tarde, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, señaló que en la iniciativa legal se buscaría que parte de los recursos que deberán entregar todos los proyectos inmobiliarios se utilicen para la adquisición de flota del Transantiago.

En la oportunidad, dijo a “El Mercurio” que con la construcción de edificios con estacionamientos se promueve el transporte privado, lo que genera congestión y reducción de velocidad en las calles, por lo cual se requiere una mayor flota de buses para ofrecer la misma frecuencia previa. “Por lo tanto es una mitigación razonable”, dijo.

Esta posición generó malestar al interior del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en donde se originó el proyecto en 2012.

En esa cartera se defendía la idea de utilizar los recursos para invertir en el espacio público (vialidad, áreas verdes), más que en buses.

De hecho, 22 días después, la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, envió una carta a “El Mercurio” en la cual desechó la opción abierta por su par de Transportes, Andrés Gómez-Lobo.

“Clarificamos que estos recursos no están destinados a adquirir buses, pues si bien estos podrían mitigar algunos impactos directos, la fórmula ha despertado suspicacias que preferimos desterrar de plano”.

A partir de este giro, la cartera hoy trabaja en una redefinición del proyecto, cuyas indicaciones serán presentadas después del 15 de diciembre.

Según adelanta la ministra Saball, la idea es simplificar la aplicación de la normativa.

“Nos hemos sentado a procesar observaciones y escuchar todas las opiniones. Vamos a llegar con un proyecto más decantado y depurado (…). La interpretación y el tema de que el proyecto de ley podría generar recursos para adquirir máquinas del Transantiago no están contemplados. Ese es un tema que despachamos antes del proceso que estamos iniciando ahora”, dijo Saball.

Desde el Ministerio de Transportes señalaron que “los énfasis deben estar en compensar los efectos que generan las nuevas obras que se realicen en la ciudad, como centros comerciales, barrios industriales, departamentos. Con este objetivo, el proyecto de ley propone un esquema de mitigación directa y otro de aporte a la vialidad intercomunal”.

Respecto de la idea de mitigar con compra de buses, dijeron que “en la discusión del proyecto se ha considerado apropiado limitar las mitigación a las medidas de infraestructura, de gestión de tránsito y de transporte público”.

Otra de las modificaciones que se busca establecer es terminar con los estudios caso a caso para cada proyecto inmobiliario y establecer un sistema más predecible y simple de aplicar.

Para el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, este cambio es clave para que el mecanismo tenga la legitimidad social esperada.

“Hay que limitar fuertemente los estudios caso a caso negociados, entregando completamente a las ciudades la facultad de definir mediante planes participativos sus obras de mejoramiento urbano”, comentó Luis Eduardo Bresciani.

Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, dice que las mitigaciones deben financiar el impacto directo de las obras y no de toda la ciudad. “Usar los recursos para toda la ciudad es un objetivo de otras políticas públicas. Nos interesa que los aportes queden en la comuna y que sea un sistema simple y no negociable, que genere certidumbre en la inversión”.

UNIVERSALIDAD
El proyecto de ley de aportes busca que todas las obras contribuyan a mitigar efectos viales. Hoy solo lo hacen edificios de oficinas con más de 150 estacionamientos y residenciales con más de 250.

”Si se sabe antes del proyecto cuánto se va a aportar, el desarrollador puede tomar opciones de diseño más amigables, que requieran menos mitigaciones”.
SLAVEN RAZMILIC, EXPERTO EN VIVIENDA Y URBANISMO CEP

”Los buses no son permanentes en el tiempo y no mitigan los efectos de una obra como un edificio, que sí lo es”.
RAIMUNDO CRUZAT, EXPERTO EN TRANSPORTES Y URBANISMO UC

”Los actuales Eistus son cajas negras que resuelven caso a caso y no velan por el impacto conjunto de los proyectos”.
IVÁN PODUJE, URBANISTA