Crearán barrio de emergencia para reducir explosiva alza de campamentos en Antofagasta
Por Carlos Santana Flores, El Mercurio.
Gobierno construirá seis mil viviendas sociales hasta el año 2021:
Oficio enviado por alcaldesa Karen Rojo para solicitar desalojo de tomas, incluido el sector en donde trabaja el padre Felipe Berríos, generó polémica entre las autoridades.
Antes del próximo invierno unas 200 familias que hoy viven en cuatro campamentos ubicados en zonas de riesgo aluvional en Antofagasta serán trasladadas a un barrio de emergencia en el sector norte de la ciudad, en terrenos que serán traspasados por Bienes Nacionales.
Dicho traslado es parte de un plan del Gobierno para tratar de contener el explosivo crecimiento de los asentamientos ilegales en la capital regional. Las primeras personas en ser trasladadas permanecerán en el barrio de emergencia hasta que puedan acceder a una vivienda definitiva, para luego reubicar en el mismo lugar a otros grupos familiares en situación de campamento.
Según los catastros de la municipalidad, los asentamientos ilegales en Antofagasta pasaron en un año de 32 a 53, incluidas seis tomas en caletas del borde costero. En la actualidad, son 5.628 familias las que viven en tomas de terreno, la mayoría emplazadas en los cerros de la ciudad, en circunstancias que el año pasado había solo 2.989 familias en esta situación.
Esto ha convertido a Antofagasta es una de las ciudades con mayor número de tomas en el país, lo que contrasta con un PIB per cápita que asciende a US$ 37 mil, similar al de economías desarrolladas como Japón.
Víctor Flores, encargado de diseñar el plan de barrio temporal, explicó que “el crear un barrio de emergencia es solo un eje del proyecto que se viene trabajando hace meses y que también considera normas de convivencia, apoyo social, georreferenciación de los asentamientos y encuestas para identificar en qué situación se encuentran las familias”.
En paralelo, el gobierno regional firmó un convenio con Minera Escondida, Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo Chile, y el Servicio Jesuita a Migrantes para intervenir los asentamientos y generar un sistema de registro y monitoreo al interior de las tomas.
Críticas cruzadas
Precisamente, los campamentos y su erradicación enfrentaron ayer al intendente Valentín Volta y a la alcaldesa Karen Rojo. Esta última, mediante un oficio, solicitó el inmediato desalojo de tomas ubicadas en zonas de riesgo, entre ellas el campamento Luz Divina, donde vive y trabaja el sacerdote jesuita Felipe Berríos.
“Querer desalojar todos los campamentos es simplemente no entender nada del problema” afirmó Volta ante el requerimiento, mientras Berríos sostuvo que “para desalojar primero hay que saber dónde vamos a llevar a la gente, es algo impracticable”.
Con todo, la alcaldesa recalcó que su motivación es la seguridad. “Las condiciones en las que están viviendo las personas son indignas. Es gente que no tiene los servicios mínimos de luz, agua y están colgándose del tendido eléctrico. No quiero que esto se transforme en un Valparaíso por un incendio, y es importante que el Gobierno tome cartas en el asunto”.
33% de la población que vive en tomas ilegales en Antofagasta corresponde a extranjeros, según Techo Chile.
5.628 familias viven en los campamentos de la capital regional según un catastro elaborado por el municipio nortino.
$173 mil millones se invertirán en construir seis mil viviendas sociales para disminuir los campamentos de la región.
