Cinco municipios gastan en conjunto $20 mil millones al año en seguridad
Por B.A.P., El Mercurio.
Cifra equivale a lo que la Subsecretaría de Prevención del Delito transferirá a 74 comunas del país este año.
Cinco comunas de la capital: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Santiago suman un gasto anual que supera los $20 mil millones (US$ 30,9 millones) en seguridad y hay comunas más pequeñas como La Reina y Talca, que están comenzando sus planes , financiados con presupuesto municipal. Otras, como Valparaíso, no tienen fondos propios y dependen en un 100% de los aportes del gobierno.
La inversión de una sola comuna, Vitacura, que invierte al año $4 mil millones al año en seguridad, supera el gasto millonario anunciado por el Gobierno el viernes de la semana pasada tras los caceroleos y protestas por la falta de seguridad. El Plan cuadrante 2.0, con el que el Gobierno busca reforzar lazos de la policía y la comunidad para combatir las cifras de delincuencia, tiene un costo total de $3.553 millones.
Inversión compartida y botones de pánico
En la comuna de Las Condes invierten $6 mil millones al año en seguridad. Aquí destaca el aporte de los particulares, a través de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos que financia 141 personas, 73 vehículos, 20 bicicletas y 18 casetas de seguridad, que se suman a las pagadas por el municipio. Además, la comuna tiene el programa Seguridad Vecinal Compartida, de patrulleros que son cofinanciados entre la municipalidad y los vecinos. Este último es el que más ha crecido, hace cinco años funcionaban 20 centros de seguridad vecinal; hoy, 80.
En Vitacura, la inversión en seguridad se triplicó en los últimos cinco años, y llega a $4 mil millones anuales, lo que representa el 11% del gasto municipal total. Aquí destacan los patrullajes de motos y móviles de seguridad, el monitoreo de 42 cámaras, cuarteles móviles instalados en las calles de la comuna, la vigilancia con casetas de guardias en las plazas y el botón de pánico SOSAFE para el celular.
En Lo Barnechea también tienen una aplicación para el celular, que llaman botón de pánico móvil, funciona con GPS y en dos meses ya tiene 7 mil vecinos adscritos. En la comuna pronto se instalará un globo de televigilancia en 360 grados. Este año se invertirán $3.529 millones en seguridad.
En Providencia, que gasta anualmente $2.400 millones, uno de los programas estrella es Hogar Protegido de alarmas comunitarias que totalizan 1.800 beneficiarios. A este se agrega el de video protección, que hoy suma 54 cámaras en las calles. En Santiago invierten $4.786 millones al año y, además de vehículos de vigilancia y estaciones vecinales, tiene 75 cámaras de televigilancia que se están renovando.
El crecimiento de la seguridad comunal no va de la mano solo de las comunas con más recursos. En La Reina, por ejemplo, hace dos años se pasó del departamento de inspección al de seguridad, que hace patrullajes preventivos, se creó un plan de seguridad y se incrementó el personal en 30%. Estación Central creó su departamento de seguridad en 2012, apoyada por fondos públicos para programas de vigilancia de barrios, violencia, prevención del consumo de drogas y atención de víctimas. Este año gastará $1.100 millones entre el aporte municipal y ministerial.
En regiones, el sistema de seguridad está naciendo en algunas ciudades como Talca, donde en octubre el plan cumple 5 años y destina $406 millones a seguridad anualmente. Coquimbo invierte anualmente $726 millones en su sistema de seguridad que nació en 2004 y ha crecido 150%.
En Viña del Mar uno de los sistemas más originales son sus patrulleros en bicicleta para el verano y sus 129 cámaras de vigilancia, 39 de ellas cuentan con sistemas que permiten a la persona que maneja la cámara interactuar con el público. En Valparaíso solo hay 117 cámaras de vigilancia. No hay guardias, camionetas ni bicicletas pues sus programas de prevención dependen de aportes del gobierno central.
Gobierno aportará $55 mil millones a municipios al 2018
El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, aporta dinero a municipios y entidades privadas como universidades y ONGs.
A nivel municipal tiene el Plan Comunal de Seguridad Pública que aportará $55 mil millones entre 2014 y 2018 a 74 comunas que concentran más del 80% del total de denuncias por delitos de mayor connotación social.
Durante 2014 se transfirieron $6.527 millones a 32 comunas y para este año se está presupuestado transferir $22.863 millones a las 74 comunas del plan. Un poco más de los que gastan en un año Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia y Santiago en sus sistemas de seguridad.
Además, la Subsecretaría maneja el Fondo Nacional de Seguridad al que pueden postular municipios, universidades públicas y privadas y organizaciones privadas sin fines de lucro, que este año se reparten un fondo de $3.634 millones. Desde la subsecretaría aclaran que no dan aportes a empresas privadas, que con ellas trabajan en garantizar y elevar sus estándares de seguridad para prevenir delitos.
$6 mil millones invierte la Municipalidad de Las Condes en medidas de seguridad.
$406 millones gasta Talca, una comuna que está a punto de cumplir cinco años con su plan.
Guardias, patrulleros e inspectores no están reguladosPara combatir la delincuencia los municipios tienen contratados equipos inmensos de inspectores, patrulleros en motos, guardias en calles y en parques e incluso comparten con los vecinos el pago de rondines que cuidan sus casas.
Lo increíble es que todo este personal de guardias municipales no está acreditado por el OS-10 de Carabineros, pues la ley solo permite autorizar a funcionarios que trabajen en recintos cerrados y no en la calles.
“Es administrativamente incorrecto desde el punto de vista legal, pero ¿uno se va a poner a pelear con los vecinos? Hay que mirar si ayuda al bien común. La seguridad privada apoya la seguridad pública”, dice el jefe del departamento de seguridad privada del OS-10 de Carabineros, coronel Exequiel Molina.
Aclara que ellos pueden ejercer una labor disuasiva al desplazarse en sus vehículos y dar la alarma a Carabineros en caso de robos o accidentes, pero no pueden ejercer funciones de seguridad privada en la vía pública. Por ejemplo, ellos no podrían hacer un control de identidad en la calle, como sí puede hacerlo un guardia al ingreso de un edificio. Sí pueden retener a una persona que es sorprendida en un ilícito, como también puede hacerlo cualquier ciudadano.
