Política de suelos fijará estándares mínimos a todas las obras públicas y privadas que se ejecuten en ciudades

Por Manuel Valencia, El Mercurio.

Primeros anuncios vendrán en mensaje del 21 de mayo:

Plan obligará a modificar al menos tres leyes y elevar presupuesto para compra de suelos y otros proyectos.

Un año de debate, con cuatro foros regionales, más de 15 sesiones de trabajo y varios disensos debieron pasar para que viera la luz el documento con 20 propuestas para la primera política de suelo e integración urbana.

Tal como ya lo anunciara “El Mercurio”, el texto de 45 páginas contiene diversas medidas que persiguen corregir la desigualdad urbana. Entre ellas, varias que implicarán proyectos de ley, aumento de presupuestos e incluso nuevos impuestos.

Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que la primera medida que se acoge del informe es la fijación de estándares urbanos mínimos en todas las obras públicas y privadas que se ejecuten en el país.

Al respecto, Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, dijo que esa disposición implicará modificar diversos cuerpos legales “como la Ley General de Urbanismo y Construcción, que define estándares de urbanización que hoy están bastante obsoletos, además de cánones de transporte, que están en las leyes de concesiones. Y también de movilidad, que hoy no existen, aunque los propuso la comisión Promovilidad”.

En concreto, estos cambios obligarán a ejecutar obras como parques, autopistas o líneas de metro con un mismo nivel y no de forma distinta, como sucede hoy, dependiendo de la comuna donde se emplacen los proyectos.

Asimismo, se buscará modificar el sistema de evaluación social de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, que define si una obra es rentable socialmente o no para ser ejecutada: hoy, algunas que incorporan áreas verdes no pasan el filtro, porque no se considera que estas zonas entregan valor a los proyectos, sino que implican mayor costo.

En el documento se reitera la inclusión de impuestos a plusvalías que generen obras públicas o cambios de uso de suelo en un terreno, para que sean compartidas por el propietarios del sitio y la ciudad. La falta de esta regulación, según el informe, ha producido procesos de especulación. Entre ellos, el caso Caval. Al respecto -y sin nombrar el caso en particular-, la Presidenta Bachelet condenó estas situaciones. “Sabemos que la modificación en el uso del suelo, de acuerdo con las regulaciones de cada comuna, muchas veces produce especulaciones, cambios de precio y ganancias para unos pocos, que no se corresponden con su aporte a la sociedad y que la gran mayoría de los chilenos consideramos éticamente reprobables”, dijo la Mandataria.

 CríticasTras conocerse el informe, el presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, Fernando Herrera, dijo que se optó más por la localización de viviendas y no por “focalizar los esfuerzos en resolver la situación de dos millones de familias que, pese a tener una vivienda, conviven en entornos con severos déficits de equipamientos, servicios, infraestructura y conectividad”.