Lima volvió a enfrentar a ricos y pobres

Por Cristina Espinoza, La Tercera.

[ cop 20] En su último día, los 195 países presentes en la cita climática seguían discutiendo por la legalidad y alcance del acuerdo final, en una nueva confrontación entre las naciones más poderosas y las más modestas.

Las últimas jornadas de discusión de toda Conferencia de las Partes por el Cambio Climático (COP) suelen ser las más largas. Tras dos semanas de reuniones y presentaciones, es el momento de llegar a un documento final que de cuenta del acuerdo, revisando palabra por palabra.

En eso han estado los últimos dos días las delegaciones de 195 países en Lima. Ayer debía cerrar la conferencia, pero ya en la tarde había delegaciones poco optimistas de alcanzar un consenso a la hora programada (20.00 de Chile) y se evaluaba extender la cumbre por un día más. Si el proyecto debía ser obligatorio legalmente o no, el alcance de las promesas de cada país y la forma en que se evaluarían los compromisos estaban entre los temas a los que no se había llegado a acuerdo. La división entre países ricos y en desarrollo -como en otras COP- obstaculizaba llegar a un borrador del próximo protocolo de reducción de emisiones.

Cerca de las 18.00 horas, el presidente de la COP 20, Manuel Pulgar-Vidal, ministro de Medio Ambiente peruano, dio una conferencia informal en la que señaló que era conciente de que era necesario más tiempo, para que todos pudieran opinar y generar confianza. “Estamos casi ahí, tenemos que dar ese último empujón, no hay ningún motivo para detener el proceso ni posponer la decisión. Estoy seguro de que de esta forma vamos a encontrar soluciones al proceso”, señaló. “Necesitamos el proyecto de Lima, tenemos que tener un resultado de estos debates, este proyecto tiene que salir”, agregó, anunciando una conferencia sobre los avances en algún momento de la noche de ayer. Como en reuniones anteriores, se esperaba un documento para después de la medianoche.

El acuerdo previo de China y EE.UU., de alcanzar un peak de emisiones en 2030, el primero, y reducir emisiones entre 26% y 28% hacia 2025, el segundo, generó optimismo al comenzar las negociaciones. Sin embargo, tras dos semanas, poco cambiaban las posiciones con las que cada nación o grupo de ellas llegó a la COP.

La Unión Europea, la única cuyos países miembros han cumplido en gran parte con la reducción de gases de efecto invernadero acordada en el Protocolo de Kioto, hizo énfasis en que el nuevo acuerdo debería ser jurídicamente vinculante y que debería realizarse una revisión formal de las promesas de todos los países.

EE.UU., que comenzó dando señales de que la administración Obama está dándole importancia al tema -su secretario de Estado, John Kerry dio una conferencia en la que dijo que un acuerdo no es una opción, sino una necesidad urgente-, defiende el enfoque voluntario de reducción de emisiones, pues el sistema jurídico complica su aprobación interna. Su postura, sin embargo, causa desacuerdo, pues hay países que desconfían que un acuerdo no jurídicamente vinculante pueda tener resultados.

A nivel regional, la Asociación Independiende de Latinoamérica y el Caribe (Ailac), a la que pertenece Chile, junto a Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Panamá, defendió la responsabilidad diferenciada e impulsó la idea de que las principales economías deben realizar reducciones agresivas, pero también deberían hacerlo China y Brasil. Junto a Italia y Paraguay, también pedían un acuerdo legalmente vinculante.

Mientras Filipinas abogó por la reducción de combustibles fósiles en todos los países, Venezuela (productor de petróleo), pedía responsabilidad diferenciada, con más responsabilidades para los países que se desarrollaron siendo grandes emisores de CO2, pero evitando coartar la explotación de los recursos naturales a los que hoy están en desarrollo.

Otro que defendió los combustibles fósiles fue Australia, que ya antes de la reunión estaba dando señales de que no están dispuestos a abandonar el carbón. El país que había sido pionero en ponerle impuesto a las emisiones de CO2, derogó la ley este año y en la cumbre señalaron que no firmarían un acuerdo si sus competidores no lo hacían.