Más de cincuenta construcciones estatales enfrentan abandono o paralización de trabajos

Por Pamela Gutiérrez, El Mercurio.

Las autoridades trabajan en mejorar bases de licitación:

La Cámara Chilena de la Construcción explica que un factor que incide en este hecho es la rigidez de los contratos y las empresas prefieren quebrar a tener pérdidas.

Imprevistos en la etapa de construcción, proyectos deficientes y empresas con poca capacidad financiera son algunas de las causas que han provocado la paralización o abandono de obras, por parte de las constructoras, en 47 proyectos del Serviu y en cinco del Ministerio de Salud. Tanto el Minsal a través de sus servicios de salud, como el Serviu tienen obras en la mayor parte de país, cuyas paralizaciones o atrasos afectan a un grupo importante de población.

En el caso de las obras de Serviu, entre los factores que inciden en este problema, se encuentran imprevistos en las características de suelo -pese a que a las constructoras se les exige un estudio-como variaciones de pendientes no perceptibles en los planos, entre otros.

También se han detectado proyectos con errores de diseño y cálculos, que es responsabilidad de la entidad patrocinante de los proyectos, como por ejemplo, los municipios. “Hay que arreglar los problemas en el camino y eso puede generar retrasos o paralizaciones”, dice el subsecretario del Ministerio de Vivienda, Jaime Romero.

Otro factor “es el tipo de constructora que construye viviendas sociales y que enfrenta un problema que es muy común, que es su debilidad financiera”, sostiene la autoridad, con lo cual no tienen recursos para enfrentar imprevistos.

El gerente de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, Pablo Álvarez, reconoce que “hay empresas que han paralizado las obras o sacrificado parte importante de sus utilidades para terminarlas, debido al alza del costo de la mano de obra desde mediados del 2011 hasta fines de 2012, que fue del 50%. Esa situación generó un desfinanciamiento generalizado”.

Álvarez agrega que ante la rigidez de los contratos “no existe ningún mecanismo de resolución de controversias y el riesgo es asumido 100% por constructora. Entonces, ante imprevistos, las únicas alternativas son abandonar la obra o finalizar con grandes pérdidas. Y si la empresa es mediana o pequeña, prefiere quebrar que tener pérdidas”.

El subsecretario explica que uno los mecanismos que se están estudiando para evitar estos problemas “es la indexación de los subsidios, para que estén asociados a variables como mano de obra y materiales”.

Las regiones con mayor cantidad de cambios de constructora son Valparaíso y Aysén. En ambos incide su dificultad geográfica y, en el sur, se agrega la poca oferta de empresas disponibles.

En cuanto a las obras en Salud, según el informe del Minsal “Estado de avance de proyectos en conflicto al 19 de agosto de 2014” las obras paralizadas o en vías de término de contrato anticipado con la constructora son los hospitales de Calama y Pitrufquén; y los centros de salud familiar (Cesfam) de Illapel; Chonchi y Dalcahue.

La subsecretaria de Redes Asistenciales, la doctora Angélica Verdugo, identifica tres factores que favorecieron la paralización de obras: bases de licitación, que no contemplaban multas por atrasos; y debilidad en la supervisión de los proyectos.

Para evitar que estas situaciones se repitan, el Ministerio de Salud, en conjunto con la Contraloría trabajaron en la elaboración de bases de tipo que incorporen multas por atrasos; se aumentarán a las empresas las exigencias técnicas y financieras. Este último punto, para evitar la quiebra de las empresas.

A ello se agrega el reforzamiento de los equipos técnicos de los servicios de salud, a través de la contratación de 40 agentes públicos. Para ello, el Minsal está pidiendo recursos a Hacienda.

“Como funcionarios del Estado estamos obligados a que el patrimonio fiscal no sufra estos detrimentos. En Calama, vamos a terminar pagando el doble. Retomar una obra es costoso para el Estado”, asegura Verdugo.

Constructora de Hospital de Calama se defiende

El caso de paralización de obras en el Hospital de Calama está siendo dirimido en los tribunales de Antofagasta, donde el consorcio Comsa-Pilasi, que estaba ejecutando el proyecto, afirma que ellos no lo abandonaron, sino que fue el Servicio de Salud de Antofagasta que, en forma unilateral, puso término anticipado del contrato.

La acción judicial fue interpuesta en contra de la “arbitrariedad e ilegalidad de la resolución de término anticipado (…) por el cumplimiento forzado del contrato, y por daños y perjuicios a determinar una vez finalizado el proceso judicial”, según explica el gerente de operaciones de Pilasi, Jaime Pilasi.

Según el ejecutivo, “el verdadero motivo de la paralización del hospital fue la falta de financiamiento. Tengo un documento en que esto está reconocido por el Minsal, la resolución 2.133 del 30 de mayo de 2013”. Agrega que hubo una resolución de aumento de plazo hasta el 30 de octubre del año pasado, donde incluso se había llegado a un acuerdo sobre el costo de las obras complementarias que había que ejecutar en el centro de salud. “Por lo tanto, no había ningún problema para terminar la obra a esa fecha, pero en mayo apareció esa resolución en la que dicen que no tienen financiamiento”, afirma Pilasi.

El afectado asegura que el Servicio de Salud de Antofagasta puso término anticipado del contrato con el fin de cobrar las boletas de garantía del consorcio y así pagar una factura pendiente, cuyo valor era de $775 millones. “Las boletas son para garantizar el cumplimiento del contrato, no para financiarlo”, reclama Pilasi.

Consultado si la quiebra de Comsa, de origen español, influyó en el problema, respondió: “Eso no tiene nada que ver, porque el consorcio tiene las garantías vigentes”.

El ejecutivo culpa tanto a las autoridades del gobierno anterior como a las del actual “de tener paralizado el hospital por 16 meses, y eso va a continuar así hasta que termine el juicio”, insiste Pilasi.