Los ojos que vigilan Santiago
Por Javiera Matus y Felipe Díaz, La Tercera.
Actualmente no existe un registro oficial de cámaras de vigilancia y asociación de empresas de alarmas estima que hay cerca de 700 mil en la capital. A esto se suma la falta de una ley que regule su uso.
Miles de cámaras vigilan a los santiaguinos todos los días. Están en las autopistas, el aeropuerto, las terminales de buses, las sucursales bancarias y los cajeros automáticos. En las plazas públicas, las calles y los hospitales. En los centros comerciales, los supermercados y en el Metro.
En total, según especialistas en seguridad privada, sólo en la capital estiman que hay al menos 700 mil de estos aparatos, estando su mayoría en manos de las empresas de seguridad. En esta línea, Aldo Vera, gerente general del servicio de seguridad “Te pillé”, señaló que “las cámaras públicas que maneja el gobierno son cerca de un 2% del total que existen en el país, el resto son cámaras privadas en las que el gobierno no tiene mucha incidencia”.
Así lo demuestra el bajo registro de cámaras de la Asociación de Municipalidades, donde 10 comunas de la capital, que tienen más videograbadoras de circuito cerrado, cuentan en total con apenas 384 lentes (ver tabla). Santiago es el municipio que lidera el ranking, con 126 cámaras para 200 mil habitantes, seguido por Puente Alto, con 50 para 493 mil personas y 47 en Providencia, con 121 mil habitantes .
La cifra de la Subsecretaría de Prevención del Delito es aún menor. Desde la creación de la misma en 2011 se registra el financiamiento de 232 cámaras, donde el 70% de ellas están instaladas en barrios comerciales. A estos aparatos se suman los 169 de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), las cerca de 210 ubicadas en el Palacio de La Moneda y las 220 propias que maneja Carabineros.
En cambio, la cantidad es notoriamente más alta en el otro lado de la vereda. “Sólo en mi empresa hemos instalado unas 10 mil en 20 años, y están instalando cada vez más. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de empresas, fácilmente debe haber 600 mil a 700 mil cámaras entre públicas y particulares en Santiago, eso como mínimo”, dijo Juan Benard, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas (Achea). El valor de estos dispositivos van desde los $ 40 mil hasta los $ 15 millones. Su servicio mensual puede partir en las 5 UF (cerca de $ 120 mil).
En Chile no existe un registro oficial de la cantidad de cámaras instaladas en el país, por lo que no es posible llegar a un número exacto de estos dispositivos. En Inglaterra, según los medios de comunicación europeos, se habla que existen 4,2 millones de cámaras de circuito cerrado. Los usos que se dan a estos dispositivos son variados. En la UOCT buscan tacos o semáforos apagados, mientras que las autopistas monitorean vehículos en pana o accidentes de tránsito. Los carabineros de Santiago Centro buscan a los lanzas y los siguen durante todas las vueltas que se dan por los paseos peatonales. No obstante, todas también pueden servir para aclarar delitos. Su uso ha sido clave en decenas, o cientos, de investigaciones penales. En el caso del homicidio de María Soledad Lapostol, a fines de 2007, fueron las cámaras de seguridad del edificio donde trabajaba la mujer las que captaron la cara del hombre que la asesinaría: Luis Araya Galaz.
Sean estas privadas o públicas, no existe una norma legal en Chile que regule su uso. Así lo afirmó el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey: “No se encuentra regulado en la ley específicamente lo que se refiere a la utilización de cámaras de videoprotección en materia de seguridad privada, y precisamente por esto es importante regular detalladamente esta materia en el proyecto de ley que se encuentra en tramitación”, dijo. Pese a no existir una norma, las empresas que prestan estos servicios deben contar con una autorización del OS-10 de Carabineros para funcionar. Respecto de la fiscalización de la calidad de la cámara y al uso de las imágenes que se captan, el comandante Juan Muñoz indicó que “no están regulados esos puntos en materia de seguridad privada”.
En este contexto, el gobierno anunció en su plan de Seguridad para Todos que para los proyectos que sean financiados por el Estado se elaborará un instructivo para consignar los estándares mínimos de las cámaras. En paralelo, Frey indicó se trabaja en las indicaciones de un proyecto de ley de seguridad privada que está en el Parlamento y que “regularán los requisitos técnicos de instalación, mantenimiento y operación de los recursos tecnológicos más importantes que se utilizan en materia de seguridad privada, entre los cuales se encuentran las cámaras”. Asimismo, detalló que se incorporará la facultad de que las policías puedan solicitar las grabaciones de las cámaras de vigilancia sin necesidad de orden previa del fiscal. “Es importante para evitar la pérdida de esta información tan relevante, pues normalmente los establecimientos que cuentan con cámaras borran las grabaciones periódicamente, dentro de plazos muy breves, que normalmente son de 30 días”, dijo Frey.
En el caso del aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde este 12 de agosto un grupo de delincuentes robó el botín más grande de la historia ($ 6 mil millones), existen en total 290. Una de éstas captó el ingreso de la banda, sin embargo, las imágenes no fueron lo suficientemente nítidas.
Mientras algunos están de acuerdo con el uso de las cámaras con el objetivo de reforzar la seguridad, otros creen que al no contar con el respaldo de una normativa legal vigente, se viola en derecho a la privacidad y a la vida personal de las personas.
Jorge Lee Mira, presidente de la comisión de seguridad de la Cámara Nacional del Comercio, indicó que está de acuerdo con su uso “siempre y cuando nos sirvan para disuadir y canalizar un delito. Eso de sentirse vigilado por tener cerca una cámara creo que es una persecución personal”. Añadió que “las cámaras son muy útiles, no nos olvidemos de lo que ocurrió con el atentado en Londres, cuando en 24 horas permitió saber quiénes habían puesto las bombas”.
En tanto, el abogado penalista Ciro Colombara, socio del Estudio Rivadeneira-Colombara-Zegers, señaló que en “en Chile existe una regulación extremadamente deficiente de la intimidad y de la vida privada, básicamente respecto de la libertad de información. Lo mismo ocurre en relación a otros derechos o valores, como lo es la seguridad. Esto permite, por ejemplo, que las cámaras de vigilancia alcancen espacios o lugares que claramente deberían estar protegidos por la esfera de privacidad o intimidad”.
Fiscalía: los jueces valoran esta prueba
“Las cámaras en espacios públicos son una evidencia muy relevante para esclarecer los delitos. Cifran, de una manera casi incontrovertible, cómo ocurrieron los hechos”. Así opina Félix Inostroza, el jefe de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional.
Según el hombre, “estas son particularmente útiles en los ilícitos que ocurren en lugares públicos”. Agregó que es importante señalar que, independiente de que sean recintos públicos o privados, se deben usar en lugares de libre acceso al público. En los lugares restringidos sólo se puede con la autorización de un tribunal. Inostroza añadió que “generalmente los tribunales valoran positivamente este recurso” y que “muchas veces las dificultades con que nos encontramos es que no todas las cámaras están en buen estado y las imágenes no se conservan mucho tiempo”.
Estadio Seguro: vigilancia remota a graderías
Desde marzo de este año, todos los estadios del fútbol profesional tienen que contar con un sistema de televigilancia que registre los hechos que ocurren durante los partidos. El jefe del Plan Estadio Seguro, José Roa, señaló que “se requiere que exista la tecnología que grabe a quienes acuden a los recintos deportivos, con el objetivo de realizar fiscalizaciones”.
Roa agregó que los estadios tuvieron que pasar por una fiscalización de Carabineros y que con esto se busca “gestión de orden público y apoyo en las investigaciones penales que se pueden realizar”.
El jefe de esta iniciativa dijo que las cámaras “deben cubrir las zonas de acceso y las graderías”, por lo que el número de estos dispositivos variarán según el estadio. Dijo, también, que se establece que las imágenes “deben quedar almacenadas por 90 días”.
