Bomba detona en el Metro y gobierno se querella por daños y porte de explosivo

Por S. Labrín, F. Díaz, J. Matus, A. Guerrero y V. Mery, La Tercera.

Ataque registrado el domingo revelaría, según la fiscalía, un cambio en los objetivos y modo de actuar de grupos anarquistas.

Desde el cierre definitivo del llamado caso bombas, en enero de 2013, los blancos elegidos por grupos anarquistas para realizar ataques con artefactos explosivos habrían cambiado de manera radical, según explican desde la fiscalía. De atentados a cajeros automáticos y sucursales bancarias, durante la madrugada, los objetivos de las agrupaciones radicales se estarían reorientando a unidades policiales y vehículos del transporte público, en horarios de funcionamiento (ver cronología).

Uno de estos nuevos ataques ocurrió a las 22.47 horas del domingo, en la estación del Metro Los Dominicos, comuna de Las Condes. Dentro de un vagón que realizaba su último viaje, y oculto debajo de un asiento, un bolso que contenía un artefacto explosivo -hallado y denunciado por el conductor del tren- estalló antes de que personal del Gope de Carabineros lograra neutralizarlo. El incidente causó daños al convoy, pero no dejó lesionados (ver infografía).

El operativo de emergencia, desplegado por cinco funcionarios resultaron con trauma acústico cuando aislaban el lugar.

“Ya no estamos hablando de lugares aislados, de cajeros automáticos o servicios públicos en horarios nocturnos”, dijo ayer el fiscal jefe de la zona Sur, Raúl Guzmán, a cargo de indagar -junto a un equipo de fiscales- los ataques explosivos de índole anarquista.

Según el persecutor, los nuevos blancos se centran en “espacios públicos que son ocupados por ciudadanos, en servicios de transporte público en horario de funcionamiento (…) esto claramente denota una situación de mayor gravedad y de mayor peligro para la integridad y la vida de las personas”, sostuvo Guzmán.

Una de las pistas que manejan bajo estricta reserva en la Fiscalía Sur y la policía es la identificación de un posible sospechoso de lo ocurrido en Los Dominicos. Según los registros de las cámaras de seguridad, éste -de quien en las imágenes se distinguirían rasgos faciales- vestía un cortavientos rojo y pantalón negro. Las cámaras también indican que cubría su rostro con el gorro de su chaqueta y, según fuentes de la indagatoria, habría subido al tren subterráneo con un bolso de idéntico color al que finalmente ocultaba el explosivo.

Estas evidencias están siendo analizadas por peritos policiales, quienes iniciaron el análisis de todas las cámaras de vigilancia ubicadas en los andenes. También se revisan los registros de vigilancia de la superficie y aquellos de las proximidades de la estación del Metro, ubicada en Apoquindo con Camino El Alba.

A través de un comunicado, Metro dijo que “repudiamos que personas incurran en estas conductas que ponen en riesgo la seguridad de nuestros pasajeros y afectan a un servicio de transporte público que beneficia a millones de personas cada día, en virtud de lo cual impulsaremos y nos haremos parte de las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables”.

Alerta en La Moneda

Los últimos atentados que afectaron a la empresa ocurrieron en 1986 y 1989 (ver recuadro). Por ello, el ataque explosivo al tren subterráneo -que diariamente transporta a 2,4 millones de pasajeros- causó preocupación en La Moneda.

Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, calificó el ataque de “repudiable” y anunció acciones legales por parte del gobierno, sin descartar la posible invocación de la Ley Antiterrorista. “Este es un hecho de máxima gravedad, y que requiere de la mayor coordinación y celeridad de todas las instituciones. Se tienen que hacer todos los esfuerzos para descubrir a los responsables y están todos los equipos especializados trabajando”, aseguró el ministro.

El libelo ingresado ayer por el equipo jurídico del Ministerio del Interior, ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, invoca los delitos de “daños” y “porte de artefacto explosivo prohibido”, descartándose -al menos en este documento- la intencionalidad terrorista.

La querella del gobierno plantea que el ataque “ha alterado el orden público, impidiendo el funcionamiento de servicios esenciales para la comunidad, como es el que desarrolla el Metro de Santiago”. Se agrega que, a juicio del Ministerio del Interior, estos hechos constituyen “alteraciones graves al orden público, alteraciones que este querellante quiere evitar y perseguir por expreso mandato legal”.

La situación será analizada hoy en una reunión entre el ministro Peñailillo y el fiscal nacional, Sabas Chahuán. En la cita se abordarán los avances de la indagatoria y se estudiará el escenario legal y judicial para determinar si existen antecedentes que permitan calificar este delito como terrorista.

Durante la jornada de ayer, Chahuán descartó una seguidilla de atentados por parte de grupos radicales. “Son casos aislados, todavía (…) pero hay que estar muy atentos para que se mantengan así”.

Sergio Muñoz, junto con manifestar su preocupación por el ataque, sostuvo que “la seguridad debe estar en manos de la autoridad competente. Y el encargado de la seguridad de la nación es el Ministerio del Interior”.

Para el senador PPD Felipe Harboe, este hecho “es grave (…). Desde el punto de la definición legal, claro que lo es (terrorismo)”. Agregó que “la fiscalía tiene que coordinar de mejor forma sus investigaciones, para, de una vez por todas, llegar a un resultado concreto”.

El senador RN Alberto Espina manifestó que “me parece gravísimo. Hay grupos que están actuando para intimidar a la población. No tengo duda alguna de que este es un acto de carácter terrorista, en cualquier país civilizado, y aquí existe un Estado de derecho democrático”.