La historia del litigio que envuelve al predio donde se construirá el puente Chacao

Por Francisco J. Fuentes, El Mercurio. (31/05/14)

Doble inscripción no impedirá el inicio de obras fijado para el 15 de junio:

El fisco expropió ocho hectáreas de una familia de origen huilliche, pero también están registradas a nombre de un particular. Nadie puede cobrar un cheque de $80 millones.

“Lucero”. Ese es el nombre con que Patricia Ibacache quiere bautizar el caballo de monta que pretende comprar cuando su familia reciba el pago de $80 millones que el Estado depositó el año pasado en el juzgado de Calbuco para expropiar ocho hectáreas del sector de Codigüe, en Pargua, al sur de Puerto Montt, donde ella vive junto a su familia.

Patricia (47) es la esposa del agricultor Floridor Maricahuín (57), quien alega ser “por derecho ancestral” el legítimo dueño de la parcela 46 de Codigüe, unos dos kilómetros al poniente de Punta Coronel, Pargua.

Allí, el 15 de junio, se comenzará a construir el estribo norte (continental) del futuro Puente Chacao, la obra de $360 mil millones que pretende unir el continente con la Isla de Chiloé por medio de un viaducto de 2.750 metros de largo, característica que lo convertirá en el puente colgante más grande de Sudamérica.

Todo se inicia en los 60

Si bien el Estado ya depositó la suma, como dispone la Ley de Expropiaciones, los Maricahuín Ibacache no podrán cobrar el dinero hasta que la justicia resuelva el conflicto por la doble inscripción que afecta al terreno desde 2003, cuando los estudios del MOP identificaron el sector de Codigüe como el punto exacto donde debía erigirse la megaestructura.

Según Joaquín Pérez, abogado de la sucesión Maricahuín, todo comenzó en los años 60, cuando el agricultor Pedro Baeza ofreció comprar los bosques a los padres de Floridor. “Ellos firmaron sin problema, pensando que solo talarían algunos árboles, pero luego el señor Baeza se instaló en el predio e incluso lo reinscribió en 1973 como propio”, explica.

Los Maricahuín siguieron viviendo en el sector, lo que para su abogado es prueba “irrefutable” de que no entendían ese contrato como una compra. “De hecho, tras la reinscripción de Baeza, el Conservador de Bienes Raíces nunca canceló el documento original que tenían los Maricahuín desde que el Estado les cedió la propiedad y hoy existen dos inscripciones paralelas”, añade.

A su juicio, “como el terreno aparece con doble inscripción, el Estado solo se limitó a depositar el costo de la expropiación y se desentendió de esta situación”. Baeza falleció a principios de este año en Puerto Montt.

“Este terreno perteneció a mi abuelo Juan Bautista Maricahuín, quien recibió dominio del Estado porque sus ancestros fueron nacidos y criados aquí. De hecho mis padres, hasta su muerte, dudaban del señor Baeza, así que yo no sé cuándo podremos resolver esto”, relata Floridor mientras frota sus manos endurecidas por el trabajo de campo y pastoreo.

“Estas tierras son ancestrales, están incluso inscritas en la Conadi, pero los tribunales dicen que no tenemos derechos y le dan el derecho al huinca . ¿De qué estamos hablando digo yo?”, se pregunta su esposa.

Mientras se resuelve el conflicto, el matrimonio Maricahuín-Ibacache sigue planificando cómo proseguirá su vida junto al futuro puente. Si bien poseen otro terreno más pequeño unos metros al poniente, esperan con expectación el 15 de junio, la fecha dispuesta oficialmente para el inicio de obras en torno a su predio.

“Nunca se había visto tanto extranjero por estas tierras. El año pasado vinieron coreanos, chinos, franceses y unos señores “rucios” que no sé de dónde eran” comenta Patricia, revelando la expectativa que la construcción del puente genera en su entorno.

Faja

Hasta ahora, el Estado ha expropiado alrededor de 45 hectáreas en el sector de Pargua.