MOP aplica modelo de sanitarias a licitación de aeropuerto de Santiago para actualizar obras

Por Marco Gutiérrez V., El Mercurio.

Próximo concesionario deberá redefinir posibles inversiones cada cuatro años para evitar deterioro de servicios:

Ministerio introdujo nuevas exigencias a las bases de la futura concesión, para que la infraestructura no quede obsoleta ante la creciente demanda. El Estado también tendrá opción de recomprar el proyecto.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) espera ingresar esta semana a la Contraloría las bases para la relicitación del aeropuerto de Santiago. Este plan de cerca de US$ 700 millones permitirá ampliar la capacidad del terminal a 30 millones de pasajeros -con miras a 2030-, casi triplicando el diseño original de la primera concesión adjudicada a la firma SCL a fines de 1997.

Una de las novedades que tendrá el documento que regirá el contrato entre el próximo concesionario y el Estado, será la implementación de aspectos del modelo de negocios que se observan en el rubro sanitario, donde la relación público-privada ha permitido actualizar de forma eficiente la infraestructura cada ciertos períodos.

“Lo que ha pasado con los aeropuertos es que el Estado llega tarde a la definición de lo que se necesita, porque los estudios de tráfico no se hacen oportunamente. Pero ahora, esto lo estamos homologando a las empresas de servicios, como las sanitarias, que tienen planes de desarrollo cada cuatro años y respecto de los cuales se fijan tarifas cada cinco años”, comentó la titular del MOP, Loreto Silva. Añadió que “la compañía estará obligada a mantener la inversión y hacer los estudios y la autoridad reguladora determinará qué es lo que procede y no procede”.

La primera concesión del terminal de Pudahuel tenía un plazo variable de finalización y se estimaba terminaría en 2013. El lapso fue ampliado por el MOP a 2015 a cambio de ciertas obras de ampliación que permitieran conectar con la entrega al próximo operador.

En esta ocasión, el contrato de concesión será por un período fijo, de 20 años. Durante los 15 primeros años, el concesionario estará obligado a actualizar los planes maestros del aeropuerto cada cuatro años, que pueden redundar en la activación de nuevas inversiones para mantener los estándares de servicio del aeropuerto, “no para aumentarlos”, precisó la ministra.

El Estado determinará el mix de financiamiento de las posibles nuevas inversiones.

Loreto Silva indicó que las bases de licitación incluyen que durante esos 15 años, el Fisco puede ejercer una opción de recompra de la concesión, si estima que es necesario para mantener los niveles de servicio.

Las bases de licitación tendrán el visto bueno de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que llegó a un acuerdo con el MOP por los ingresos ligados a tasas de embarque. Hasta hoy, la DGAC recibe íntegramente los dineros ligados a ese ítem, pero con la nueva licitación del terminal aéreo, parte de los fondos serán del concesionario. La idea es que el próximo operador comparta con el Estado un piso mínimo del 60% de estos ingresos.

“Quien ofrezca un mayor porcentaje para compartir los ingresos va a ganar”, destacó Silva.

El próximo concesionario mantendrá los ingresos comerciales que tiene el actual operador, es decir, las ventas ligadas a las tiendas, restaurantes y estacionamientos, entre otros.

Los consorcios interesados en la relicitación deberán tener experiencia en aeropuertos grandes o al menos del tamaño del de Santiago. El llamado a licitación sería el primer trimestre y las ofertas se prevén recibir entre agosto y septiembre próximos.

“La actualización de la inversión y las necesidades cada cuatro años, permitirá ir adaptando y ver qué es lo que falta. Queremos tener una herramienta como Estado y no sorprendernos con el crecimiento”.

LORETO SILVA
MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS