Informe de expertos alerta que sin centrales de Aysén, costo eléctrico se duplicará a 2030

Por Valeria Ibarra y Miguel Concha, El Mercurio.

Analistas convocados por la CPC respaldan hidroelectricidad de la Patagonia:

Proponen fórmulas para destrabar inversiones: compensar a comunidades; Ministerio de Energía más activo, y ordenamiento territorial.

En términos eléctricos, de aquí al 2017 el partido está jugado”. Así de claro hablan los cuatro expertos convocados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para analizar qué hacer para que el país cuente con electricidad a un precio competitivo y pueda así seguir creciendo.

Sebastián Bernstein, Gabriel Bitrán, Alejandro Jadresic y Marcelo Tokman hicieron un estudio cuya primera parte se dio a conocer en julio y que evidenciaba el alto costo de la tarifa eléctrica chilena.

Esta segunda fase concluye que el país debiera definir con claridad si quiere o no contar con la hidroelectricidad de Aysén. Pero aclaran que si no se opta por Aysén, la energía puede más que duplicar su costo. También se entregan propuestas sobre qué hacer para concretar los proyectos energéticos (ver recuadros).

Lo que podemos hacer

Entre 2020 y 2030, el país requiere sumar al año el equivalente a 1.200 MW de potencia instalada -es decir, dos centrales como Ralco o dos Punta Alcalde-, si es que quiere que la energía no falte. De ese incremento, un 43% vendría de energías renovables no convencionales (ERNC), como eólicas, solares o minihidroeléctricas, bajo el supuesto que se cumple que al año 2025 las ERNC representarán el 20% de la matriz energética.El resto debería provenir de las llamadas energías de base, es decir, aquellas cuyo funcionamiento es por un mayor tiempo y más estable, como carbón, gas natural e hidroeléctricas de embalse. Esto, en contraposición a las ERNC, que son intermitentes: no hay viento todo el día ni durante todo el año, y lo mismo pasa con el sol, lo que hace que estas dos fuentes de energía tengan un nivel de utilización, el “factor de planta”, que bordea el 30%, explica Sebastián Bernstein.

¿Cuánto será el aporte de las ERNC? Hoy suman 1.500 MW de capacidad instalada, y hacia 2030 representarían unos nueve mil MW, asumiendo que se construyen las líneas de transmisión necesarias y que el país opere con una eficiencia energética similar a la de las economías más desarrolladas, detalla Gabriel Bitrán.

Escenarios con y sin Aysén

¿Qué explicaría el 57% restante del crecimiento que necesita el país? Los expertos asumieron distintos escenarios, dependiendo de qué tanto uso haga el país del agua, del carbón, del gas natural y del petróleo.

“Las energías hidroeléctricas tienen importantes ventajas, pues constituyen una fuente doméstica y limpia de energía, abundante, de bajo costo y alta regularidad y que permite además compensar las intermitencias de la generación a base de ERNC”, destacan los expertos en su informe.

En términos de costos, es muy distinto para el bolsillo del consumidor y la caja de las empresas por qué tipo de energía se opta. Puede ir de US$ 60 MWh si se usa la energía de Aysén, o el doble, si no se hacen estas centrales y se opta por el gas natural (ver infografía).

El escenario más pesimista se daría en caso de que se renuncie al agua, al carbón y al gas natural, en cuyo caso tendríamos una matriz mayoritariamente a diésel, lo que elevaría el costo marginal a entre US$ 180 y US$ 200 MWh. “Entraríamos a costos en los que ninguna minera, por ejemplo, podría operar”, advierte Gabriel Bitrán.

En la actualidad, los costos eléctricos han subido 50% por no usar centrales hídricas y a carbón.

De acuerdo a este estudio, si se realizan los proyectos de la Patagonia, se requerirá complementar esta energía con unas pocas centrales hidráulicas de la zona central y de la del sur, es decir, del Maule a Puerto Montt. También con algunas plantas a carbón, porque, como explica Jadresic, “no es conveniente renunciar al carbón, porque es hoy la energía más segura internacional, con precios convenientes y hay producción nacional en Magallanes”.

Eso sí, no es conveniente que únicamente plantas a carbón sean el complemento de las ERNC, porque estas tienen la dificultad técnica que demoran varias horas en operar.

El gas natural tiene la dificultad, señala Jadresic, que hay que importarlo y su precio es 40% más alto que el carbón, pero en lo operativo se complementan mejor con las Renovables No Convencionales y tiene ventajas ambientales, porque es menos contaminante.

Marcelo Tokman acota que estos escenarios solo serán posibles en la medida en que “se tomen medidas para resolver las causas de fondo que están generando el estancamiento de las inversiones en generación base”.

Si se perpetúa esta moratoria eléctrica, los expertos advierten que “sería un escenario catastrófico, con una caída pronunciada en el crecimiento de la demanda y menores tasas de crecimiento y competitividad de la economía”.

La hoja de ruta del estudio

¿Cuál es el destino de este informe? El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, explicó que la idea es que todos los actores de la vida nacional cuenten con un informe hecho por cuatro personas que tienen la mejor expertise en la materia y que, además, representan distintas visiones políticas.

Sebastián Bernstein es parte del equipo económico de la candidata de la Alianza, Evelyn Matthei; mientras que Marcelo Tokman fue ministro de Energía en la era Bachelet y trabajó por la precandidatura de Andrés Velasco. Alejandro Jadresic fue ministro de Energía de Frei Ruiz-Tagle, mientras que Gabriel Bitrán es socio de Bitrán y Asociados.

“Si no se logra hacer las centrales ni hidroléctricas ni a carbón ni a gas, o ERNC, y solo las diésel, se va a parar la economía”.

Alejandro Jadresic

“A la señora Juanita le va a subir la cuenta de la luz, pero el marido de la señora Juanita no tendrá trabajo, porque la empresa tendría que cerrar por estos altos costos”.

Gabriel Bitrán Cómo se integra a las comunidades

Para los cuatro expertos la oposición que han encontrado los últimos proyectos de energía es el resultado de una evidente falta de información oportuna, completa, equilibrada y veraz sobre la situación energética del país. Para revertirlo, proponen las siguientes medidas:

1) La publicación de un informe público bianual del Estado -licitado internacionalmente- que entregue detalles de la situación energética del país en términos de oferta, demanda, precios, seguridad y efectos ambientales locales y globales.

2) Un estudio dos veces al año sobre la competitividad del país y sus industrias en función de los costos de la energía. También licitado internacionalmente.

3) Que el Ministerio de Energía entregue una cuenta anual que aborde las iniciativas en generación y líneas de transmisión que fueron puestas en servicio en el último año.

4) La creación de una plataforma abierta, interactiva y de consulta permanente que permita al público documentarse sobre todo tipo de información energética-ambiental.

5) Perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana en la tramitación ambiental.

Ordenamiento territorial

Para que las comunidades no sientan que se llevan solo los costos de un proyecto energético y que los beneficios se los llevan otras regiones muchas veces, los cuatro expertos proponen una serie de modificaciones. Estas apuntan a que las empresas entreguen de forma obligatoria recursos a las comunidades, pero que éstas decidan su destino.

En el informe se concluye que hoy en el país falta un sistema integrado de ordenamiento que considere la totalidad del territorio y se eliminen una serie de cuerpos normativos que hoy se superponen y que producen incertidumbre y confusión entre los inversionistas. Ejemplo de aquello es la existencia de 27 categorías diferentes de zonas sujetas a protección especial del patrimonio ambiental y recursos naturales.

Para evitar las judicializaciones, se propone crear un sistema de información que muestre las distintas zonificaciones y explicite la interpretación única sobre el uso de ese lugar y el alcance de las normas sobre él.

Además, se establece un marco normativo estructurado y jerarquizado, que permita coordinar las definiciones entre las distintas instituciones que tienen atribuciones sobre el territorio.

Las licitaciones de suministro “son una bomba que puede estallar ahora”

Hasta ahora el freno que vive el sector eléctrico nacional solo ha impactado a las grandes empresas. La vigencia de los contratos de suministro para clientes regulados -consumidores residenciales y empresas que utilizan menos de dos MW diarios- ha evitado que los altos precios de la energía impacten directamente las cuentas de la luz de los hogares. Sin embargo, esta situación podría comenzar a cambiar a partir del próximo año.

Los cuatro expertos coinciden en que esta es una bomba de tiempo que podría perfectamente estallar a fin de año con el resultado del proceso de licitación que ya está lanzado y que cubrirá el 15% de la demanda entre 2014 y 2020.

“Vemos que en las condiciones actuales va a haber problemas para adjudicar las licitaciones que ya se lanzaron por 1.600 MW. Esos problemas se van a multiplicar para las licitaciones del 2020 en adelante que son seis mil MW”, afirma Gabriel Bitrán.

Para evitar una crisis a partir de la próxima década, el informe propone iniciar en el corto plazo la licitación de estos nuevos consumos. El objetivo es permitir que las firmas generadoras cuenten con el tiempo suficiente para levantar centrales -especialmente de energía de base que puedan sostener la demanda por 24 horas- lo que facilitaría el ingreso de nuevos actores y reduciría los precios de la electricidad contratada.

Además, se propone que el nuevo proceso debería considerar licitaciones de distinto plazo de duración de los contratos. Una parte sustantiva debería ser a 15 años, pues los contratos de suministro de combustible como el GNL y el financiamiento de las inversiones son más ventajosos cuando son por períodos más largos. Otras subastas deberían ser para contratos de cinco a diez años, pues la renovación sucesiva eleva la competencia e incentiva el ingreso de nuevos actores.

Por último, con el fin de promover la instalación de centrales eficientes de base, se propone que excepcionalmente el generador pueda indexar a la evolución del precio spot su oferta por un período máximo de hasta 18 meses. Esta iniciativa busca que si la central de un generador se atrasa, este actor reduzca su impacto económico a la hora de cumplir sus contratos con energía comprada en el spot .