Aumentan las pugnas en obras de construcción e inmobiliarias y concentran el 44% del total de arbitrajes
Según datos del Idiem de la Universidad de Chile, las compensaciones que piden mandantes o ejecutores por retrasos o alzas de costos -entre otros- hoy se observan en el 40% de los proyectos. Esa cifra se duplicó en cinco a diez años.
Por Marco Gutiérrez V., El Mercurio
Modificaciones inesperadas a proyectos por parte de los mandantes o inadecuadas evaluaciones de costos y plazos en el caso de los ejecutores. Esos son dos de los diversos factores que se advierten en el incremento que registran las pugnas de los contratos de las obras inmobiliarias y de construcción.
Lo anterior, potenciado por un escenario con mayor cantidad de inversiones y competencia en dichos rubros, escasez de obreros y de profesionales con experiencia y el encarecimiento de los salarios. Así lo señaló Eduardo Sanhueza, subdirector del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile, entidad que ha estudiado estas controversias y que elabora informes técnicos para asesores jurídicos de las partes que entran en conflicto.
Sanhueza sostuvo que hoy cerca del 40% de los proyectos de construcción presentan controversias relevantes, es decir, que el mandante o la constructora exigen compensaciones de entre el 10% y 100% del monto del contrato original. Hace cinco o diez años, esos litigios eran la mitad (20%).
Según cifras del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago (CAM Santiago) de la Cámara de Comercio de Santiago, del total de arbitrajes que entre 1992 y 2012 recibió esa entidad -la más relevante en esta materia-, el 44% corresponde a materias ligadas a los sectores inmobiliario (24%) y construcción-obras de ingeniería (20%).
Otro 30% está vinculado a sociedades comerciales, mientras a mucha distancia aparece el rubro bancario y financiero (3%), agropecuario y transportes, entre otros sectores.
Se trata de disputas que no se resolvieron mediante acuerdos entre las partes. Existen otras pugnas que llegan a instancias diferentes a la CAM como tribunales de justicia y centros de arbitraje internacionales.
Proyectos sin los detalles suficientes
La escasez de mano de obra y su alto costo están incidiendo en el retraso de las iniciativas. “Cerca del 30% de los proyectos está con plazos diferentes a los programados”, dice Sanhueza.
Otra causa de controversias, es que algunos mandantes ponen en marcha proyectos (edificios, malls, obras mineras y de energía) sin tener todos los detalles del proyecto. Ello redunda en que el ejecutor se encuentra durante los trabajos con imprevistos que no incluyó en el análisis financiero.
Igualmente, algunas licitaciones que realizan los dueños de las obras son en plazos breves y no permiten a las constructoras el adecuado estudio de estas.
Los conflictos también se producen, señaló el subdirector del Idiem, debido a que ante la falta de expertos, profesionales jóvenes han asumido responsabilidades en faenas sin tener la práctica suficiente.
Las controversias más importantes, indicaron en Idiem, ocurren en los proyectos de mayor cuantía, especialmente los que se sitúan por encima del millón de UF. Esto se observa tanto en los contratos que se suscriben entre privados como en los ligados a entidades públicas.
Para evitar conflictividad, Sanhueza plantea que los mandantes y las constructoras deben identificar los riesgos de los trabajos, valorizarlos y definir fórmulas para abordarlos.
“Los conflictos llegaron para quedarse, forman parte de la gestión de los contratos”.
Eduardo Sanhueza Subdirector del Idiem
Historias de conflictos
En 2010, Tecnimont y Tecsa, mandante y contratista en la construcción del complejo Bocamina II de Endesa, protagonizaron un litigio por diferencias en cuanto a plazos y costos. La constructora sufrió el cobro de una boleta de garantía por US$ 16 millones.
Codelco y Socovesa se enfrentaron en un arbitraje por sobrecostos en construcción de viviendas en Calama, en el marco del traslado -a mediados de la década pasada- del campamento de Chuquicamata.
En concesiones de obras públicas son habituales las diferencias entre los operadores y el MOP, que disponen de mecanismos en los contratos para resolver discrepancias. Uno de los conflictos más emblemáticos estuvo ligado a los mayores costos y plazos que implicaron para BAS -concesionaria ligada a Besalco-, los cambios al contrato del Grupo I de cárceles, penales de Iquique, La Serena y Rancagua. Este caso llegó a la Corte Suprema y terminó con millonario acuerdo económico.
