Principales eléctricas muestran preocupación por debilidad de la institucionalidad ambiental

Por M. Concha y C. Rodríguez, El Mercurio.

Sin embargo, ejecutivos optaron por no pronunciarse sobre las críticas de la ministra Benítez al fallo contra Castilla:

Presidente de Colbún señaló que la normativa está superada. Desde Endesa acusaron una serie de trabas para llevar adelante sus proyectos.

“El fallo de la Corte Suprema contra Castilla marcó un antes y un después para el sector, que vino a desplazar el episodio Barrancones”.

Frases como ésta se escuchan recurrentemente entre las distintas personalidades de la industria eléctrica nacional. Porque fue tal el revuelo que generó el dictamen del principal tribunal del país contra el proyecto termoeléctrico de 2.100 MW que son varios los ejecutivos de firmas energéticas que han mostrado su preocupación por la debilidad que está exhibiendo la institucionalidad ambiental dentro del país.

El primero en dar esta señal ayer fue el presidente de Colbún, Bernardo Larraín. “La institucionalidad se ha visto superada. Hemos visto como ciertos proyectos se han resuelto por elección presidencial, otros por la Corte Suprema y hay que preguntarse por qué se llegó a estas instancias y por qué la institucionalidad no resolvió el problema antes”, afirmó el ejecutivo en el marco del seminario energético organizado por la Sofofa.

“Para que el resultado sea el legítimo, es necesario que la institucionalidad tenga legitimidad. Sin embargo, esto no está ocurriendo. No se están dando equilibrios entre las empresas y la ciudadanía”, agregó el ejecutivo de la eléctrica.

Otro de los que mostraron preocupación por las dificultades que están enfrentando la tramitación de sus proyectos fue el gerente general de Endesa Chile, Joaquín Galindo. El ejecutivo expuso en el mismo seminario que las iniciativas HidroAysén, Punta Alcalde, Los Cóndores y Neltume han tenido trabas para ejecutarse.

“Hay barreras importantes para llevar a cabo nuestros proyectos. Entre los que se encuentran la fragilidad del sistema de transmisión, demora importante en la obtención de permisos ambientales, la judicialización de los procesos y una oposición importante a los mismos”, afirmó Galindo.

El ejecutivo de Endesa añadió que el rechazo de las centrales también viene dado por el clima social y político que están provocando la oposición de las comunidades. También sostuvo que la judicialización de los proyectos está generando incertidumbre en el sector.

Por su parte, el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, llamó a mejorar la institucionalidad ambiental para hacer más expeditos los trámites de aprobación de centrales.

“Claramente hay un trabajo que mejorar en la parte administrativa y no sólo en la judicial (…) Se está perfeccionando la institucionalidad ambiental y la idea es que nos pueda ayudar a todos”, dijo el ejecutivo.

Asimismo, el gerente general de GDF Suez en Chile, Juan Clavería, afirmó que todas estas trabas están afectando el desarrollo del país y la eficiencia del país en diversas industrias.

Sin pronunciamiento

Los máximos ejecutivos de las principales firmas de generación eléctrica guardaron silencio sobre el conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial luego que la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, rechazara, en entrevista a “El Mercurio”, los argumentos presentados por la Corte Suprema para poner fin a Castilla.

Si bien todos los ejecutivos coincidieron en que hay que fortalecer la institucionalidad ambiental y que el dictamen judicial provocó una enorme incertidumbre en el desarrollo de proyectos eléctricos, ninguno quiso entrar en la polémica suscitada por los dichos de la secretaria de Estado, que -entre otros temas- cuestionó que el máximo tribunal del país tenga la competencia técnica para entregar un veredicto sobre la forma de calificar un proyecto.

DESARROLLO

Los ejecutivos coincidieron en que Chile pierde potencial de desarrollo con estas trabas en los proyectos eléctricos. Gremios empresariales ven preocupante incertidumbre tras fallo

La puesta en marcha de proyectos eléctricos en el país se encuentra en una gran incertidumbre. Así lo han expresado distintos ejecutivos de generación eléctrica y gremios empresariales tras la decisión adoptada por la Corte Suprema de rechazar la termoeléctrica Castilla.

“Los permisos medioambientales están siendo impugnados y llevados a tribunales y los proyectos se están cayendo. Estamos ante una situación compleja y difícil”, afirmó el presidente de la Sofofa, Andrés Concha.

Agregó que estos tropiezos, que están creando dilaciones en la puesta en marcha de iniciativas eléctricas, están desarrollando un clima de alta incertidumbre y generando retrasos en la puesta en marcha de proyectos mineros que necesitan de seguridad energética para su funcionamiento.

Concha señaló que será necesario que los poderes Ejecutivo y Legislativo hagan una revisión profunda de las actuales leyes. “Hay que ver maneras para poder hacer consistentes las autorizaciones que están entregando las autoridades medioambientales, pero con la certeza de que serán respaldadas en los tribunales”, sostuvo.

Además, sobre las críticas que realizó la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, sobre el fallo de la Suprema, dijo que “lo que entendemos que está preocupada la ministra es que los permisos que está entregando la institucionalidad ambiental se han debilitado porque los recursos que se están interponiendo en los tribunales están limitando su posibilidad de implementación”.

En tanto, el presidente de la CPC, Lorenzo Constans, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema es negativo para el país, debido a que un proyecto eléctrico puede llegar a demorar hasta 10 años para que llegue a producir.

A su juicio, es importante tener presente que las palabras de la ministra reflejan de alguna manera la preocupación que tiene el Gobierno por este tema.