Transportes apunta a contar con fotorradares antes del término del actual gobierno

El proyecto que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (Cati) será enviado el segundo semestre.

por La Tercera

En el Centro de Tratamiento de Denuncias de León, en España, el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz; una delegación de parlamentarios, la directora de Conaset, la presidenta de los jueces de policía local y el coronel Víctor Cancino, de la Siat de Carabineros, entre otros, culminaron una gira para conocer el sistema que implementará Chile para reducir en un 20% las muertes y el número de accidentes de tránsito. La idea del gobierno es crear un Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (Cati), que emulará las experiencias de Francia y España.

Ambos países pasaron de ser los más peligrosos de Europa en seguridad vial a convertirse en productores de tecnologías y políticas para reducir los siniestros viales. De hecho, exportan tecnología a países como Turquía, México y Brasil.

Asimismo, representan un modelo de negocio. Por ejemplo, el centro español tiene un costo operativo anual de siete millones de euros y logra recaudar más de 100, lo que le permite autofinanciarse y entregar recursos al Fisco, para que se reinviertan en seguridad vial y en tecnología, según conoció La Tercera, invitada a la gira por el Ministerio de Transportes.

En ambos países indican que es clave la ampliación de la fiscalización en las rutas. Se estima que los controles policiales sólo alcanzan un 5%, por ello, implementaron sistemas de cámaras que fotografían a quienes exceden la velocidad permitida.

Según el director de la Dirección General de Tránsito de España, Jaime Moreno, los radares “ayudaron a crear la sensación de que siempre hay un Gran Hermano vigilando”. Así, España pasó de 4.400 muertos en 2004 a 2.470 en 2011. La tendencia sigue a la baja y se complementará con nuevos radares, que se instalarán en los semáforos para controlar a quienes pasen luces rojas.

El ministro Errázuriz se mostró partidario de implementar el sistema de compensación español, que ofrece una reducción de 50% en el valor del parte a quienes pagan de inmediato. Asimismo, de España se copiará la idea de informar la presencia de todos los fotorradares. Así, se evitará lo sucedido entre 1997 y 2001, cuando los dispositivos dejaron de usarse por el desprestigio que implicó su uso para recaudar fondos, en lugar de evitar accidentes viales. “La idea es que los fotorradares estén avisados, para que no se transformen en un cazabobos”, explica Errázuriz.

Del sistema francés se buscará replicar el rol de los jueces de policía local, que se transforman en la última instancia de apelación. La presidenta de estos, María Eugenia Espinoza, dijo que un modelo de ese tipo “facilitaría enormemente el trabajo de los jueces y ayudaría a descongestionar los juzgados. La única forma de hacer frente al gran volumen de denuncias que van a ser detectadas vía medio electrónico es un centro de tratamiento de infracciones”.

Por ahora, Errázuriz busca sumar voluntades antes de enviar el proyecto durante el segundo semestre. Los diputados Gustavo Hasbún (UDI), Pepe Auth (PPD) y Leopoldo Pérez (RN), además del senador Baldo Prokurica (RN), se mostraron a favor del proyecto, siempre y cuando esté operativo un centro de tratamiento de infracciones. “Si no, será el mismo fracaso de los fotorradares que funcionaron hasta 2001”, advierte Hasbún, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara.