Carta de la Semana: Consultas ciudadanas

Durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se han llevado a cabo diversas inciativas en pos de dar voz a los ciudadanos para que opinen sobre las gestiones que realizan servicios públicos y ministerios. Ejemplo de esto es la Consulta Ciudadana para el nuevo Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, en junio del 2011.

Sobre estas medidas, Andrea Sanhueza, de la Corporación Participa, escribió a La Tercera para dar cuenta de algunas críticas constructivas para tener en cuenta a la hora de realizar consultas ciudadanas de este tipo.

Señor director:
La administración del Presidente Piñera ha puesto en práctica diversos procesos de consultas en los sitios electrónicos de los servicios públicos y los ministerios, con el objetivo de que cualquier persona interesada en los asuntos públicos en discusión entregue sus comentarios y/o propuestas.
Esto es algo meritorio, ya que no existe obligación al respecto, sino que obedece a una voluntad para abrir diferentes temas al conocimiento de la ciudadanía, con miras a profundizar los niveles de transparencia.

Sin embargo, es importante realizar algunas críticas constructivas como forma de mejorar los procedimientos y, en definitiva, el impacto que pueden tener sus resultados en la toma de decisiones.
Toda consulta ciudadana tiene estándares que cumplir: es fundamental una difusión amplia, identificando los potenciales actores sociales y políticos involucrados. Es necesario definir claramente el período establecido para realizar las observaciones y comentarios (condición que efectivamente se cumple en los casos que conozco). Los resultados de estas consultas no son vinculantes, es decir, la autoridad en cuestión no tiene la obligación de implementar las propuestas ni tampoco renunciar a determinada acción sólo porque la consulta indica que es impopular. Aunque sí debe, previa revisión y análisis, incorporar aquellas propuestas que considera un aporte.

Por último, es clave que las personas que participaron reciban información sobre qué propuestas fueron incorporadas y cuáles no, con sus respectivos fundamentos. La consulta finaliza no cuando se termina el plazo para opinar, sino cuando los participantes reciben una sistematización de los resultados obtenidos. Este requisito para una consulta, debemos admitirlo, prácticamente nunca se cumple.
El cumplimiento de estos estándares es esencial; de lo contrario, las consultas perderán legitimidad frente a la ciudadanía y habrá poco interés por participar.