La gran omisión en la nueva política habitacional

Escrito por: Cristobal Vicuña D., Ingeniero Civil Universidad Católica de Chile. Diploma en Políticas Públicas Universidad Católica de Chile y Mejoramiento en la Gestión de Operaciones en la misma Universidad. Director de Fundación Gestión Vivienda.

Hace ya un tiempo se viene anunciando un cambio en la política habitacional para los sectores más vulnerables. Al respecto, se han publicado y debatido algunos temas: se ha hablado de aumentar los estándares técnicos de las viviendas, de dar mayor flexibilidad a los requerimientos técnicos de acuerdo a las distintas zonas climáticas, de la importancia de la localización de los proyectos habitacionales y de los impactos de un subsidio a la localización en el mercado del suelo, entre otros. Sin duda estos son temas muy relevantes y deben ser discutidos y analizados de manera profunda y rápida para que lo antes posible contemos con el nuevo reglamento y se generen nuevos proyectos con mejores estándares.

Sin embargo, poco se ha hablado de posibles cambios en el área del desarrollo social asociado a este tipo de proyectos. Al respecto, la actual normativa, regulada con el Fondo Solidario de Vivienda, contempla los llamados Planes de Habilitación Social, que buscan brindar un servicio de acompañamiento y asesoría a las familias que obtienen sus subsidios. Estos servicios deben cumplir con requisitos básicos regulados por decretos y son evaluados al momento de la selección de los proyectos aportando más o menos puntaje al proyecto en general. Sin embargo, tanto los requisitos mínimos exigidos, como los mecanismos de evaluación, han provocado que en la práctica el desarrollo de estos planes de habilitación social deje mucho que desear, llegando incluso a ser en muchos casos meros trámites administrativos que no aportan ni en capacitación ni en acompañamiento. No debemos desaprovechar esta oportunidad para ahondar en este tema y desarrollar y exigir buenos planes de desarrollo social.

En esa línea, quizás la primera pregunta que debemos hacernos es el porqué incorporar este desarrollo social en proyectos de vivienda. La respuesta es fácil. El futuro de cualquier barrio, y en especial de uno formado por familias de sectores vulnerables, tiene directa relación con las familias que compongan dicho barrio, con lo empoderadas que estén de su propio proyecto de vivienda, y sus capacidades para trabajar en equipo. La plusvalía de estos nuevos barrios no está determinado solamente por las características de las viviendas que lo conforman o por su ubicación y vinculación con el resto de la ciudad, sino también tiene que ver con sus vecinos y de cómo están organizados para confirmar un barrio con identidad, un barrio sano, libre de delincuencia y drogas, con espacios comunes bien mantenidos, con capacidad de organizarse y desarrollar proyectos comunitarios por sus propios medios. Todo esto también reflejo de la participación de las familias en su propio proyecto y de la real posibilidad que estas tengan de diseñar sus propias normas de convivencia, sus espacios públicos, de elegir a sus propios líderes.

La experiencia nos dice que estas habilidades están latentes en estas familias, principalmente lideradas por mujeres que con mucho esfuerzo luchan por su sueño de la casa propia; pero requieren de ayuda, verdadero acompañamiento y capacitación para luego poder seguir por sus propios medios como una comunidad de vecinos. Esto es parte del que lo que en la Fundación Gestión Vivienda llamamos “Urbanidad Social”.

¿Por qué es un tema poco abordado?, quizás porque se conoce poco, no se han identificado las metas ni los indicadores con los cuales queremos evaluar el desarrollo de estos planes. Quizás seguimos pensando que la solución de vivienda es una solución que sólo tiene que ver con el individuo y no logramos entender que la solución puede ser más ambiciosa. Quizás nos falta mayor convicción de que no sólo basta con hacer, sino también el enseñar a hacer.