Rechazan la instalación de termoeléctrica de Southern Cross en la zona de Puchuncaví

Río Corrientes considera una inversión de US$ 1.081 millones, y según el organismo algunas compensaciones no eran verificables ni cuantificables.

J. Esturillo y H. Cisternas
(El Mercurio – 31/05/2011)

La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Valparaíso rechazó ayer por diez votos contra uno la construcción de una nueva central termoeléctrica en la saturada zona de Puchuncaví-Ventanas.

Así lo determinó al concluir que el proyecto de Río Corrientes (RC Generación), ligado al fondo de inversión Southern Cross, no subsanó los errores, omisiones e inexactitudes observados a lo largo del proceso de evaluación, iniciado en 2008, ni cumplió con la normativa ambiental establecida para esa comuna, contenida en el Decreto Supremo 185 de 1991 del Ministerio de Minería.

En particular, se determinó que las medidas de mitigación, reparación y compensación propuestas “no se hacen cargo en forma apropiada de los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300”, sobre Bases del Medio Ambiente.

Para compensar las emisiones de anhídrido sulfuroso (SO {-2} ) y material particulado (PM 10), RC Generación propuso la adquisición de cupos ahorrados por la fundición y refinería de Ventanas, perteneciente a Codelco, por la vía de cubrir y realizar una serie de mejoras tendientes a reducir los niveles de contaminación de dicha instalación, las que tienen un costo estimado en unos US$ 50 millones.

Sin embargo, Magdalena Prieto, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental, expuso en la sesión de ayer que “esa propuesta de compensación no es una medida verificable ni cuantificable (…), existen dudas respecto a la veracidad de la base de reducción de anhídrido sulfuroso. La baja de las emisiones no sería atribuible sólo a la mejora tecnológica, sino también al menor ingreso de concentrado. Al cuestionarse una parte de la base de cálculo de la reducción de emisiones, no se puede decir que en la propuesta exista una debida compensación de SO {-2} “.

La central termoeléctrica en base a carbón contempla una inversión de US$ 1.081 millones y considera la instalación de dos unidades de 350 MW de capacidad, cuya producción sería inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC).

Prieto señaló que “el seremi de Salud, Jaime Jamett, expresó que el 3 de marzo del 2008, el 16 de enero del 2009 y el 12 de mayo del 2011, la Secretaría Regional del Ministerio de Salud ha sido tajante para señalar a través de sendos oficios que este proyecto no cumple la normativa ambiental vigente”.

Agregó que dicha cartera estimó que el mecanismo de compensación propuesto por RC Generación implica una mayor eficiencia en la captación de ácidos por parte de Codelco Ventana, “pero no considera que esa mayor eficiencia conlleva también una reducción sistemática de 12.500 toneladas al año de concentrado de cobre (por parte de la fundición), por lo que es un mecanismo de mitigación y no de compensación”.

El único voto a favor de aprobar el proyecto fue el de Mauricio Silva, seremi de Economía, quien señaló que de acuerdo con los antecedentes técnicos ésta era la central termoeléctrica más limpia del país. En contra votaron el intendente Raúl Celis, la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental y los seremis de Planificación, Transportes, Vivienda, Agricultura, Obras Públicas, Energía, Salud y Ambiente.

El abogado Martín Astorga, del estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos y Cía., leyó ante la CEA una declaración de la firma que acusó discriminación.

Sostuvo que para otros proyectos hubo voluntad para continuar con la evaluación ambiental, pese al alto número de observaciones, como HidroAysén.

También expuso que RC Generación incorporó la mejor tecnología disponible, que le permite ser la central más eficiente ingresada a evaluación, cumpliendo voluntariamente con las normas de la Comunidad Europea, y que a nivel de mitigaciones, en este proyecto se desestimaron acciones que en otras iniciativas, como la central Campiche, fueron acogidas.

Recurso ante el SEA

El revés para Southern Cross comenzó el pasado jueves, cuando Río Corrientes ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un recurso de reconsideración donde solicitó anular el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), requisito para la votación de la iniciativa, y reemplazarlo por un cuarto set de preguntas que recopilara los cuestionamientos al proyecto efectuados por los distintos servicios públicos que evalúan la iniciativa.

Esta solicitud fue descartada por el SEA regional, y se estima que sucederá lo mismo ante la Dirección Ejecutiva de este organismo que ahora también deberá pronunciarse al respecto.

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CAPACIDAD

700 MW suman las dos unidades generadoras que considera el proyecto RC del fondo de inversión.

Las vías de apelación que tiene la firma tras la votación

Una vez que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso evacúe la Resolución de Calificación que rechaza RC Generación, la firma dispone de dos vías de apelación.

La primera es recurrir al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, tal como Southern Cross lo hizo anteriormente en Tarapacá, con la termoeléctrica Pacífico, donde pidió anular la citada resolución y elaborar un nuevo set de preguntas, donde RC tenga la opción de contestar a los cuestionamientos.

En segundo término pueden recurrir a los tribunales de justicia para “restituir el imperio del derecho frente al actuar arbitrario y discriminatorio que hemos sufrido”, declaró Martín Astorga.

La firma incluso evalúa seguir acciones para “reparar el daño patrimonial generado por la actuación del Estado”, considerando los recursos -entregados por aportantes al fondo de inversión- que ya han sido destinados al desarrollo de la iniciativa.

Baja presencia de ambientalistas

La ausencia de organizaciones ambientalistas en las inmediaciones de la Comisión Evaluadora marcó la jornada de votación. La diputada Andrea Molina, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y representante de Puchuncaví, manifestó al respecto: “Dónde estuvieron ellos mientras se aprobaron más de 100 termoeléctricas en el país. Los que estaban allí eran sólo gente de la zona”.

Por su parte, el senador Antonio Horvarth recordó que el problema de Puchuncaví data de los 70 por una obra que se impuso desde el Estado, minuto en que, asegura se protestó. “En el caso de la Patagonia, los proyectos están por entrar a destruir y por eso despierta más fuerza ciudadana y ambiental”.