Contraloría posterga entrega de informe por caso Kodama para sumar nuevos antecedentes

El texto tendrá un carácter definitivo en lugar de preliminar y contiene duros cargos contra funcionarios del Serviu. Será enviado al Ministerio Público para que indague los tipos penales eventualmente involucrados.

(El Mercurio – 29/04/2011)

“La magnitud de los antecedentes amerita que nos tomemos el tiempo necesario y desde esta perspectiva seguramente va a llevar a que el informe salga el jueves o viernes de la próxima semana”.

Con estas palabras, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, anunció ayer a Radio Cooperativa la postergación por una semana del informe que prepara el organismo sobre el acuerdo indemnizatorio por $17 mil millones alcanzado entre la constructora Kodama y el Ministerio de Vivienda por las numerosas complicaciones asociadas a la construcción de un corredor del Transantiago.

Si bien Mendoza aclaró que tenía “la más férrea intención” de entregarlo ayer, la llegada de nuevos antecedentes -que calificó de voluminosos y complejos- “hacen más razonable que podamos trabajarlo de manera, no digo calmada, porque el asunto no está para hacer cosas con una calma de claustro”, pero sí con un poco más de tiempo.

El informe es aguardado con expectación en La Moneda, por las irregularidades que podría revelar y las responsabilidades asociadas, frente a las cuales la Contraloría puede imponer sanciones, aún cuando los funcionarios hayan renunciado. De hecho, en Palacio están notificados desde hace días de que éste viene “duro”.

En el organismo afirman que la postergación del texto -cuya investigación se cerró el miércoles y ayer comenzó a redactarse- se explica porqué Mendoza decidió elaborar un informe definitivo y no preliminar, con un relato pormenorizado de hechos, fechas y personas involucradas. Contiene duros cargos contra varios funcionarios del Serviu y una vez terminado se enviará al Ministerio Público para que indague los tipos penales eventualmente involucrados en el caso.

Dado que tiene en sus manos los informes emitidos por el Idiem y el Dictuc, la Contraloría abordará también los montos. Y -asegura la misma fuente- señalará expresamente que correspondería pagar una cifra, que aún se está ajustando, pero que sería más cercana a la del Idiem que a la del Dictuc.

El informe cuestionará que personas contratadas a honorarios asumieran roles que no podían ejercer al no ser funcionarios públicos y que, por lo tanto, no tenían responsabilidad administrativa. Es el caso del abogado Álvaro Baeza, asesor de la ex ministra Matte que cumplió un papel protagónico en la negociación y quien declaró ayer ante el fiscal José Morales (ver página C 12).

Aún no está redactado el capítulo referente a Matte y se indagan cuáles fueron las facultades que le entregó a Baeza. Ahí estaría el centro de su eventual responsabilidad, si bien también se hará ver la inconveniencia de que autorizara el pago.

La asesoría legal a la ex ministra Matte

Ante el curso que está tomando el caso Kodama, la renunciada ministra de Vivienda Magdalena Matte ya buscó asesoramiento jurídico.

Se trata del penalista Juan Domingo Acosta, socio del estudio “Espina, Zepeda & Acosta”.

Sin embargo, el abogado penalista aún no es formalmente su abogado, pues Matte no ha sido citada a declarar. Pese a ello, se espera que en los próximos días sea interrogada por el fiscal José Morales, diligencia en la que podría ser acompañada por Acosta.

Querellante por la familia Schmidt-Hebbel en el caso de la “Quintrala”, Acosta trabaja en el estudio que representó a Miguel Piñera en la causa del accidente de su todoterreno Hummer y un supuesto caso de paternidad.

Dictuc defiende informe, pero evita abordar en detalle el tema

Pese a que “El Mercurio” solicitó por teléfono y por correo electrónico hace varios días una entrevista con el director del Dictuc, por el informe que ratificó que el Serviu debía pagarle a Kodama $17 mil millones, la respuesta fue que estaba muy ocupado y que avisarían cuando se podría efectuar dicha conversación. Nada de eso ocurrió. Sólo el miércoles en la noche, en la página web de la institución, el Dictuc entregó una declaración pública en la que en gran parte de ella se recalca que es una entidad que tiene 72 años, que ha prestado muchos servicios a diferentes sectores del país, y que son un referente nacional en materia de certificaciones.

Sobre el caso Kodama, al final de la información puntualiza que los dos estudios elaborados están basados en información proporcionada por la empresa contratante y que en su ejecución “se aplicaron altos estándares de calidad y rigurosidad” dentro del marco ético que caracteriza el quehacer de la entidad vinculada a la Universidad Católica, analizando no sólo la normativa que reglamenta los contratos de obras por encargo del Serviu, sino también verificando en terreno las situaciones acontecidas en la construcción del corredor.

Más allá de esa declaración, el Dictuc se ha negado a debatir en profundidad los temas vinculados a su participación en el denominado caso Kodama.