Gobierno opta por judicializar el caso Kodama para defender intereses estatales

Vocera afirmó que la falta de claridad sobre el monto de lo que se adeuda a la empresa es clave en la decisión.

RODRIGO CERDA Y CINTHYA CARVAJAL
(El Mercurio – 27/04/2011)

Ayer, los abogados del Ministerio de Vivienda se encontraban afinando lo que distintas fuentes al interior del Gobierno reconocen constituye la nueva estrategia que se adoptó para enfrentar el caso Kodama: la judicialización del mismo.

Una decisión que -aseguran en La Moneda- está tomada, mientras se espera el informe que prepara la Contraloría sobre el tema y que podría darse a conocer entre hoy y el próximo lunes. “El tema no es si lo hacemos o no, sino cómo lo hacemos”, dice una fuente que conoce el tema.

Detrás de esto se encuentra el análisis del complejo escenario que rodea el caso, que ayer sumó un nuevo ingrediente luego que el Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales de la Universidad de Chile (Idiem), rebajara en un informe los sobrecostos por la construcción de un corredor del Transantiago en Pedro Aguirre Cerda a sólo $2.800 millones (ver página C 9).

Es decir, seis veces menos que el acuerdo indemnizatorio por $17 mil millones alcanzado en enero pasado entre el Serviu y Kodama, y que había sido respaldado por un informe del Dictuc de la Universidad Católica, en base a información entregada por la propia compañía.

Según una alta fuente de La Moneda, las diferencias en los montos fueron determinantes para inclinarse por la vía judicial. “A estas alturas, estamos poniendo todo en duda, incluso los $2.800 millones que acreditó el IDIEM”, expresó, recordando que ese es el monto máximo de sobrecosto que estableció el organismo, por lo que incluso podría ser menor.

Por lo pronto, una de las medidas en ese sentido apunta a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelle en el caso, que significó la renuncia de la ministra Magdalena Matte y del director del Serviu Antonio Llompart, además de dos funcionarios y un asesor. El CDE ya pidió los antecedentes al Ministerio Público y el Comité Penal del organismo que preside Sergio Urrejola lo revisará mañana.

Consultada al respecto por este diario, la vocera Ena Von Baer declaró que “el Gobierno no se va a hacer cargo de ninguna deuda que no esté 100% justificada hasta el último peso, porque se trata de fondos públicos. Como está claro que no existe un criterio único para establecer el monto, lo más probable es que esto sea determinado por un tribunal independiente”.

Algo similar indicaron en la cartera que encabeza el recién asumido ministro Rodrigo Pérez: “Lo que es claro es que en este caso ya no hay un camino extra judicial. Eso por ningún motivo, porque se van a defender los recursos del Estado a como dé lugar”, puntualizó una alta fuente de Vivienda que pidió no revelar su identidad.

Aunque en el La Moneda admiten que técnicamente Kodama podría reclamar el pago convenido, explican que no existe ningún documento bancario que pueda ser cobrado. “No hay un cheque que se pueda retirar, porque materialmente el pago no está cursado”, precisan.

Una situación que obligaría a la compañía a solicitar un embargo al deudor como medida compensatoria, pero que en este caso es imposible porque el Serviu no es embargable. Así, a Kodama -añaden fuentes vinculadas al caso- no le quedaría más alternativa que iniciar un juicio por no pago.

Serviu comienza a retomar su ritmo de trabajo

El caso Kodama operó como un freno a la actividad del Serviu desde marzo.

Los procesos de licitación y gestión se han detenido, principalmente porque los mandos medios tienen miedo de firmar documentos, luego que el director y dos subdirectores fueran tan cuestionados por dicho caso que finalmente tuvieron que renunciar. El organismo se dedica en el 60% a vivienda y en 40% a obras viales.

Otro de los problemas que se producen es el cambio de algunos trámites hechos por la autoridad saliente. El Serviu es dueño de unas mil propiedades y muchos planos de proyectos para varias de esas posesiones ya habían sido firmados por el ex director Antonio Llompart. Por ende, tendrán que hacerse de nuevo para que sean firmados por la directora (s) Erika Pérez, quien hasta antes de la renuncia de Llompart era la subdirectora de operaciones habitacionales.

En Vivienda aseguraron que ella cuenta con todo el poder y respaldo para firmar, ordenar y hacer todo lo que el organismo necesita para volver a su actividad. Lo único que falta es que el nuevo ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, nombre a los subdirectores del área jurídica y pavimentación, ambos renunciados.

Asimismo, el gobierno tendrá que iniciar el proceso para llenar el cargo de director del Serviu que se elige por Alta Dirección Pública.

Balmaceda: “No hay una nueva arista”

El abogado Matías Balmaceda, a cargo de la defensa del ex subdirector jurídico del Serviu, Rafael Marambio, afirmó ayer que “si bien (su cliente) declaró como imputado, la presunción de inocencia sigue vigente; no se ha visto controvertida o mermada”.

Respecto de lo que su cliente le ha manifestado de la operación entre el Serviu y Kodama, señaló que “es una negociación que pasó los controles que corresponden, y él en su calidad de asesor jurídico simplemente hizo una propuesta al Ministerio de Vivienda, la cual al servicio le pareció razonable”.

Y sobre la línea investigativa que se abrió para indagar un viaje hecho por Marambio a Buenos Aires, en el que se habría encontrado con ejecutivos de la empresa, sostuvo que “mi cliente aporta ese antecedente a la fiscalía, que ésta no tenía ni conocía… Aquí no hay una nueva arista, ni nada de esa naturaleza”.