Vecinos ganan $ 450 mil al mes por cada antena celular instalada en sus casas

Amparados por la ley, santiaguinos colocan varias antenas motivados por los ingresos que reciben.

por C. Palacios y F. Prat
(La Tercera – 14/12/2010)

Hace cinco años, L.H., vecina de San Carlos de Apoquindo, no tenía dinero para pagar la deuda por las contribuciones de su casa. “Estuvo a punto de irse a remate”, cuenta. La solución a sus problemas medía 30 metros y vino de la mano de una compañía de telecomunicaciones que le ofreció 30 UF al mes ($ 640.000) por instalar una antena de celular en su jardín.

“Me habían contactado varias veces y, ante la coyuntura y como la ley lo permite, decidí hacerlo”, explica L.H. Hoy, tiene tres antenas -una Entel, una de Claro y otra de Movistar- en su patio, disfrazadas de palmeras. Y saldó sus deudas.

Actualmente, existen 2.191 antenas en la Región Metropolitana. “La mayoría se instala en patios de casas y terrenos privados, cuyos dueños reciben en promedio 22 UF ($ 450.000) mensuales por cada una”, explica una fuente de una compañía de telefonía celular.

El que la mayoría de las torres receptoras se encuentren en terrenos particulares se explica “porque las municipalidades no están obligadas a ceder espacios públicos para colocarlas”, agrega la fuente. Sin embargo, esta práctica suele generar molestia entre los vecinos, quienes no reciben dinero y sienten amenazada su salud.

De hecho, cerca de 200 habitantes de La Reina, apoyados por los concejales Francisco Olea (PS), José Manuel Palacios (UDI) y Tomás Fuentes (RN), promedian 50 días protestando para acelerar la modificación a la ley, que desde 2007 se encuentra en el Congreso. Además de manifestarse públicamente en las calles y plazas de la comuna, el lunes 6 de diciembre enviaron una carta al Minsterio de Transportes y Telecomunicaciones. “Este movimiento ciudadano busca, además, que la norma cuantifique la cantidad de antenas en la ciudad y que consulte a los vecinos ante la instalación de antenas”, dice el concejal Olea.

El abogado ambientalista Luis Mariano Randón explica que la ley vigente permite a las empresas ubicar antenas en cualquier lugar, sin mayores resguardos a la salud de las personas: “Hay una figura en derecho ambiental: el principio precautorio, que dice que aunque no haya certeza, pero sí riesgo, debe actuarse a pesar de la falta de evidencia científica. Y es lo que hay que hacer en este caso”.

Esta modificación -que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra en revisión en el Senado- se enfoca principamente en dos aspectos. Por un lado, en otorgar a las juntas de vecinos la facultad de impugnar los proyectos de instalación de estos aparatos en sus barrios. Para establecer el radio de influencia de una antena, se debe calcular la antura de la torre por 1,5. Por ejemplo, colocar una antena de 30 metros, como las que tiene L.H. en su patio, implicaría que los vecinos en un radio de 45 metros tengan voz en el asunto.

Por otra parte, la ley busca regular la “colocalización”. Es decir, que las empresas que ya tienen instaladas las antenas podrían ser obligadas a compartir su torre con nuevas compañías que entren al mercado.

A L.H., tener tres de estos aparatos en su patio no le ha causado conflictos. “Antes de instalarlas, les pregunté a mis vecinos y no se opusieron”, dice. Según ella, vive con su hija y su nieto y, hasta ahora, nadie ha tenido problemas de salud. “La gente alega, pero no están dispuestos a dejar sus celulares. Para mí, estas fueron una bendición”, agrega.

La historia se repite. Pedro Gómez (nombre ficticio), quien tiene dos en el jardín de su gimnasio, en La Reina, pudo pagar una deuda de $ 130 millones por contribuciones pendientes. Por cada una recibe 480 UF al año, más de $ 20 millones en total. “En todo este tiempo, no he tenido quejas de los vecinos. Antes de colocarlas viajé a Los Angeles, en EE.UU., donde hay una antena en cada cuadra. Averigüé sobre las consecuencias para la salud y, hasta ahora, no hay pruebas de que sean dañinas”, dice.

Estudios de la OMS

Un documento elaborado por investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2007, explica que la evidencia arrojada por numerosos estudios no permite establecer la existencia de efectos adversos para la salud -a corto o largo plazo- derivados de los campos electromagnéticos producidos por las antenas de telefonía celular, la televisión o la radio.